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• Presenta Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Baja California, para que investigue y sancione estos delitos.
• Busca que sea altamente especializada y capacitada, con un marco regulatorio sólido que coadyuve a disminuirlos, procurando la ciberseguridad

Mexicali, Baja California.- El Diputado César Adrián González García, presentó una Iniciativa con proyecto de Decreto, mediante el cual se reforma la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Baja California, con la pretensión de crear la Fiscalía Especializada en Delitos Cibernéticos.

Indicó que, de acuerdo a la ONU, el delito cibernético es una forma emergente de la delincuencia transnacional, de más rápido crecimiento. Los delincuentes le han sacado provecho, a medida que el internet se ha convertido en una parte casi esencial de nuestras vidas, suministrando información y comunicación en el mundo.

Hoy en día -añadió- se reciben un gran número de denuncias por prácticas ilícitas por medios web que son conocidas como delitos cibernéticos, los cuales se caracterizan por ser: extorsión, fraude, usurpación de identidad, pornografía infantil y acoso, entre otros.

Además, mencionó al motivar su iniciativa que, el robo de información por páginas o aplicaciones web se ha convertido en unos de los delitos más recurrentes en los últimos meses, siendo el ciberacoso uno de los casos que más se registran. Y a esta práctica, la UNICEF la define como acoso o intimidación, por medio de las tecnologías digitales, que puede ocurrir en las redes sociales, las plataformas de juegos y teléfonos móviles.

Es un comportamiento que se repite y que busca atemorizar, enfadar o humillar a otras personas, a través de la difusión de mentiras o publicación de fotografías o videos vergonzosos de alguien en las redes sociales; al enviarse los mensajes, imágenes o videos hirientes, abusivos o amenazantes a través de plataformas de mensajería, haciéndose pasar por otra persona, o a través de cuentas falsas.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de la población usuaria de internet, el 21 por ciento vivió en alguna situación de acoso cibernético en los últimos 12 meses, esto equivale a 16.1 millones de personas de 12 años y más usuarias de internet, a través de cualquier dispositivo durante 2020 en México; 9 millones de mujeres y 7.1 millones de hombres.

Por tales motivos, el Legislador del Partido Verde Ecologista de México, busca crear en la Ley, una fiscalía especializada en este tipo de delitos, a fin de preservar la seguridad, y garantizar la justicia de manera eficaz para todos los usuarios, así como hacer valer los derechos de los ciudadanos.

Finalmente, reiteró que es preciso crearla, para que investigue y sancione los delitos cibernéticos; sea altamente especializada y capacitada, con un marco regulatorio sólido que coadyuve a disminuir la comisión de este tipo de delitos, procurando la ciberseguridad.

• Iniciativa presentada por la diputada Michel Sánchez que reforma los artículos 42 y 44 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja California

Mexicali, Baja California.- Con la finalidad de que sea creada una página de Internet específica, en la cual se encuentren los datos generales de mujeres, adolescentes y niñas que sean reportadas como desaparecidas, la diputada Liliana Michel Sánchez Allende, presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 42 y 44 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja California.

La diputada promovente indicó que el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2022-2024 hace referencia a un incremento, desde hace tres quinquenios, de delitos como el homicidio, personas desaparecidas, la extorsión y el secuestro. Ante este aumento, la percepción de inseguridad ha sido significativa, de acuerdo con la ENVIPE 2021, a nivel nacional el 58.9% de la población de 18 años y más considera la inseguridad como el problema más importante y los lugares donde manifestó sentirse más insegura, resalta el 69.5% en el transporte público, 65.2% en la calle, 55.3% en el mercado, 53.7% en el parque o centro recreativo, 43.6% en el centro comercial y 38.8% en la escuela.

Refirió que la presente iniciativa, atiende las acciones que la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) con la armonización a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para reforzar los programas de capacitación, así como la creación de una página de Internet específica que deberá actualizarse de forma permanente y aplicar ajustes de procedimiento para recabar denuncias y testimonios de las mujeres con discapacidad víctimas de violencia, asimismo que cuente con los datos generales de las mujeres, adolescentes y niñas que sean reportadas como desaparecidas, dicha información deberá ser pública y permitir que la ciudadanía aporte información sobre su paradero.

En el mismo sentido, subrayó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en el ámbito de sus competencias y en coordinación con la Fiscalía General del Estado, deberá elaborar e instrumentar acciones de política criminal que incidan en la prevención de la violencia contra las mujeres, cometidos en los ámbitos público y privado, con perspectivas de género, derechos humanos, diferencial, interseccionalidad e interculturalidad dando prioridad a las zonas de mayor incidencia delictiva.

Por lo anterior, considerando en gran parte el decreto publicado en el DOF el 08 mayo de 2023, para la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado, se propone en el artículo 42 armonizar la clasificación del registro sistemático de denuncia y los efectos de hecho denunciado, adicionando además a esta clasificación el número de hijas o hijas o personas dependientes.

En el artículo 44, se establece que corresponde a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, diseñar una política integral para la prevención de delitos contra las mujeres y capacitar al personal de las diferentes instancias policiales para atender los casos de violencia contra las mujeres, desde las perspectivas de género, derechos humanos, diferencial, interseccionalidad e interculturalidad, así como proponer al Consejo Nacional de Seguridad Pública que los Centros de Justicia para las Mujeres sean considerados como Ejes Estratégicos, Programas y Subprogramas con Prioridad Nacional.