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• El objetivo es garantizar el acceso a los recursos energéticos como un derecho humano

• Al igual que la electricidad, el acceso a internet proporcionado por el Estado, se constituye como un servicio público estratégico

Mexicali, B.C.- Con una votación de 17 diputadas y diputados la XXV Legislatura del Estado, aprobó la Minuta con Proyecto de Decreto, por el cual se busca una transformación en la política energética del país al priorizar los servicios básicos de electricidad e internet, además de establecer un marco legal que limite la influencia de empresas privadas en áreas críticas para la población.

El contenido del proyecto fue presentado ante la Asamblea por el diputado Juan Manuel Molina García, en calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política, quien subrayó que el objetivo es reconocer la energía como un recurso estratégico para el desarrollo, la seguridad y la estabilidad del país.

La reforma busca fortalecer las capacidades del Estado y las empresas públicas para asegurar la estabilidad, suficiencia y autonomía energética, con el fin de garantizar la seguridad y el acceso a los recursos energéticos como un derecho humano, elevando el acceso a la electricidad a rango constitucional.

La responsabilidad del Estado es fundamental en este proceso para asegurar que la población tenga acceso universal a la electricidad.

Se establece que el sistema eléctrico nacional debe planificarse y controlarse para proporcionar electricidad al menor costo posible, evitando el lucro.

Además, se reconoce que el servicio público de internet también es estratégico y debe ser garantizado, evitando que la población, por razones económicas, carezca de este recurso esencial para la educación.

Asimismo, sus objetivos se alinean con la Agenda 2030: educación de calidad, reducción de desigualdades, trabajo y crecimiento económico y también determina las formas en que las empresas privadas pueden participar en la industria eléctrica, priorizando la justicia social.

La iniciativa que da origen a esta reforma fue presentada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero de 2024, cuyo Dictamen fue aprobado en la Cámara de Diputados y posteriormente se turnó a la Cámara de Senadores, donde fue aprobada el 16 de octubre de 2024, para ser remitida a las entidades federativas como lo establece el proceso legislativo correspondiente.

• “Trabajaremos de la mano, velando siempre por los intereses laborales, sociales y económicos de las y los bajacalifornianos”: diputado Diego Lara Arregui.

Mexicali, B.C.- La Comisión de Trabajo y Previsión Social de la XXV Legislatura, fue instalada formal y legalmente bajo el compromiso de atender e impulsar leyes que permitan mejorar las condiciones de las y los trabajadores de Baja California como parte de la agenda de trabajo que será implementada.

El presidente de la Comisión dictaminadora, diputado Diego Alejandro Lara Arregui, destacó que hoy se tiene un nuevo paradigma en materia laboral en el estado, “estamos viendo la convicción de la 4T por trabajar por el bien de las y los trabajadores del estado, ya que por muchos años ha sido tomado por intereses políticos, económicos”.

Subrayó que el Gobierno Federal lo ha demostrado, aumentando el salario mínimo como una acción sin precedente, así como la ampliación de derechos; reconoció que dichas estrategias también han sido impulsadas por parte de la Gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, con quien seguirá la misma ruta.
Convocó a los integrantes de la Comisión a ser parte y factor determinante para fortalecer, empoderar y trabajar de la mano con este sector. “Es necesario abanderar las demandas más sentidas de los ciudadanos, quienes han conferido en nosotros todo su respaldo para ser la voz en esta legislatura y representarles dignamente. Con el apoyo de los diversos sectores, trabajaremos de la mano, velando siempre por los intereses laborales, sociales y económicos de las y los bajacalifornianos”, refirió.

En el turno del uso de la voz, la diputada Gloria Miramontes, destacó que “la actividad económica es el pilar fundamental del bienestar social, en ella confluye la estabilidad financiera, el patrimonio familiar y la calidad de vida de la ciudadanía, por lo que el trabajo digno y las condiciones laborales justas conforme a la ley, ayudan a una sociedad más equitativa”.
Por su parte el diputado Ramón Vázquez, externó que “el trabajo digno y la protección de los derechos laborales son pieza indispensable para el desarrollo de la entidad, por lo que asumimos en esta Comisión defenderlos con responsabilidad, diálogo y cooperación, para avanzar en una agenda que beneficie a las y los trabajadores”.
La diputada Alejandrina Corral, resaltó la importancia de atender los temas para dar certeza jurídica a las empresas nacionales e internacionales que quieren invertir y puedan otorgar mejores empleos, además de verificar la impartición de justicia laboral.
Cabe señalar que, al evento protocolario de instalación formal de la Comisión, estuvieron presentes además del presidente, las diputadas Gloria Miramontes Plantillas, Santa Alejandrina Corral Quintero y el diputado Ramón Vázquez Valadez.