Por: Berenice Barreto
Ejercer el periodismo en escenarios de violencia implica mucho más que llegar al lugar de los hechos, encender una cámara y comenzar a transmitir. Significa trabajar en medio de la incertidumbre, exponerse a situaciones de peligro y, en ocasiones, enfrentar agresiones de quienes pretenden impedir que la información llegue a la ciudadanía.
En Tecate, los recientes episodios que han involucrado a compañeros periodistas vuelven a poner sobre la mesa una pregunta que no debería ser necesaria en una sociedad democrática: ¿hasta dónde debe arriesgarse una persona para cumplir con su labor de informar?
Las agresiones contra Tashiro Malekium durante la cobertura de una escena de hechos violentos, el caso de nuestro compañero Jorge Caro en la que hombres armados ingresaron a su domicilio luego de volar un dron y despojando de su herramienta de trabajo y el incidente más reciente en el que Germán Ramos fue despojado de su teléfono celular mientras daba cobertura, a petición de trabajadores de una empresa que esta por cerrar operaciones y luego de sentir temor de que no se les cubriera el pago que por ley les corresponde son situaciones que merecen atención, reflexión y, sobre todo, respuestas.
Más allá de las circunstancias particulares de cada caso, existe un elemento en común que preocupa: la vulnerabilidad de quienes se encuentran en la primera línea de la información, documentando acontecimientos que la sociedad tiene derecho a conocer.
Quienes cubrimos hechos violentos sabemos que el peligro no siempre termina cuando las detonaciones cesan o cuando las autoridades acordonan una escena. En ocasiones, el riesgo comienza precisamente cuando un periodista intenta registrar lo ocurrido, captar imágenes o transmitir información desde el lugar y es justo en este punto en la que la información veraz y oportuna por parte de las autoridades toma relevancia, debido a que es en estos casos testigos brindan información que pudiera ser errónea y sin información oficial, se corren diversos riesgos.
Una cámara, un micrófono o un teléfono celular son herramientas de trabajo. Sin embargo, en determinadas circunstancias, pueden convertirse en el motivo de una confrontación, una amenaza o una agresión.
Arrebatarle el teléfono a un periodista para impedir que continúe documentando un hecho no es un incidente menor. Es una acción que interrumpe su labor, limita la posibilidad de registrar lo ocurrido y pone sobre la mesa el respeto a la libertad de expresión.
El problema no se reduce al valor económico del dispositivo. En él pueden encontrarse imágenes, testimonios, transmisiones y otros elementos que forman parte de una cobertura periodística. Su pérdida o destrucción puede significar también la interrupción de información de interés público.
El caso de nuestro compañero Jorge Caro, reportero de la Agencia Fronteriza de Noticias (AFN), expuso otra dimensión de los riesgos que enfrenta el gremio.
De acuerdo con los señalamientos difundidos sobre el caso, hombres armados ingresaron a su domicilio en Tecate, lo cuestionaron y revisaron el lugar, además de fotografiarlo. También se denunció el despojo de herramientas relacionadas con su trabajo.
Que un periodista pueda sentirse vulnerable incluso fuera de una escena de cobertura obliga a reflexionar sobre las condiciones en las que se ejerce esta profesión y sobre la necesidad de contar con mecanismos efectivos de protección.
La seguridad de quienes informan no puede depender únicamente de su capacidad para reconocer riesgos, decidir cuándo retirarse o buscar resguardo. También requiere que las autoridades investiguen las agresiones, identifiquen a los responsables cuando existan elementos para ello y garanticen condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión.
Es necesario recordar algo fundamental: el periodista que documenta un ataque armado no forma parte de la confrontación por el simple hecho de encontrarse en el lugar. Su función es observar, registrar, verificar y comunicar.
Eso no significa que una cobertura esté por encima de las medidas de seguridad, de los perímetros establecidos por las autoridades o de las restricciones que puedan aplicarse para proteger una investigación y preservar la integridad de las personas. Significa que cualquier intervención debe ser proporcional y no convertirse en una forma de intimidación o censura. Informar exige responsabilidad, pero esa responsabilidad no elimina el derecho de las y los periodistas a trabajar sin amenazas ni agresiones.
Cuando alguien intenta impedir que una cámara registre lo que sucede, la afectación no termina en la persona que sostiene el dispositivo. También alcanza a quienes esperan conocer qué ocurrió, dónde ocurrió y qué respuestas ofrecerán las instituciones responsables.
La libertad de expresión y el derecho a la información no son concesiones de los gobiernos ni privilegios exclusivos de los medios de comunicación. Son derechos fundamentales que permiten a la sociedad conocer su realidad, cuestionar a sus autoridades y participar de manera informada en los asuntos públicos.
Por eso, cada agresión contra un periodista debe analizarse con seriedad. No basta con lamentar los hechos o expresar solidaridad cuando la noticia ya circula. Es necesario que existan investigaciones oportunas, medidas de protección cuando sean necesarias y condiciones para que las personas afectadas puedan denunciar sin temor a nuevas represalias.
También es indispensable que las autoridades municipales, estatales y federales comprendan que proteger al periodismo no significa proteger únicamente a quienes trabajan en una redacción reconocida o en un medio de alcance nacional. Los reporteros locales, los fotógrafos, camarógrafos y periodistas independientes también cumplen una función pública esencial.
En municipios como Tecate, donde la cobertura de hechos de seguridad exige desplazarse a colonias, carreteras y zonas de riesgo, la coordinación institucional y el respeto al trabajo de la prensa son particularmente importantes.
Cada agresión deja una preocupación que va más allá del compañero que la enfrenta: ¿qué ocurrirá la próxima vez que alguien intente documentar un hecho violento? ¿Podrá continuar su trabajo? ¿Tendrá garantías para hacerlo? ¿Habrá una investigación que permita esclarecer lo sucedido?
No deberíamos acostumbrarnos a que los periodistas sean agredidos mientras cumplen con su responsabilidad. Tampoco deberíamos aceptar que quitarles una cámara, arrebatarles un teléfono o intimidarlos sea visto como algo inherente a esta profesión.
Quienes ejercemos el periodismo conocemos los riesgos y sabemos que la seguridad debe ser una prioridad en cada cobertura. Pero reconocer esos peligros no significa normalizarlos ni asumir que las agresiones forman parte del costo inevitable de informar.
Hoy, los casos de Tashiro, Jorge Caro y Germán Ramos deben servir para insistir en una exigencia compartida: que se respete el trabajo periodístico, que se investiguen las agresiones y que existan garantías para ejercer la libertad de expresión.
Porque cuando se agrede a un periodista por documentar lo que sucede, la preocupación no es solamente por quien sostiene la cámara o el teléfono. Es también por el derecho de toda una comunidad a conocer los hechos.
Informar no debería ser una actividad de riesgo. Y ninguna persona debería tener que elegir entre su seguridad y el derecho de la sociedad a estar informada.
