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Plantea mediante iniciativa, elevar de 5 días a 12 semanas la licencia de paternidad para trabajadores del Estado y Municipios de BC
• A nivel federal busca homologar este derecho mediante reformas a la LFT, LSS y Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado

Mexicali, B.C.– A fin de reducir la carga desproporcionada que enfrentan las mujeres en las tareas de cuidado y garantizar una crianza compartida, la diputada Daylín García Ruvalcaba presentó una iniciativa en el ámbito local y otra en el federal para establecer una licencia de paternidad de 12 semanas con goce íntegro de sueldo, equiparándola a la licencia de maternidad y reconociendo el papel activo de los hombres en el desarrollo de sus hijas e hijos.
“No podemos seguir sosteniendo un modelo en el que las mujeres cargan solas con el cuidado y los hombres apenas cuentan con cinco días para acompañar la llegada de sus hijas e hijos. Es momento de equilibrar la balanza”, indicó la legisladora.

En la propuesta local plantea modificar el artículo 29 de la Ley del Servicio Civil para que los trabajadores del Estado y Municipios de Baja California cuenten con 12 semanas de licencia de paternidad, con posibilidad de diferir hasta cuatro semanas dentro de los doce meses posteriores al nacimiento.
En caso de adopción, considera un permiso de siete semanas con goce íntegro de sueldo, además de ampliaciones por complicaciones médicas graves o fallecimiento de la madre.
Daylín García refirió que el cuidado es una responsabilidad compartida. “Si queremos familias más fuertes y niñas y niños con mejores oportunidades, debemos crear condiciones reales para que ambos progenitores participen desde el primer día”.
A nivel federal, la congresista propone reformar la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para que se otorgue una licencia de paternidad de 12 semanas en todo el país, y una licencia de seis semanas en casos de adopción, mediante mecanismos de implementación gradual y cobertura por parte de instituciones de seguridad social.
“Ampliar la licencia de paternidad no es sólo una medida laboral: es una política pública para reducir desigualdades y construir relaciones más igualitarias entre mujeres y hombres”, indicó la congresista.
Ambas iniciativas buscan avanzar hacia un modelo de corresponsabilidad real, en el que la crianza deje de entenderse como una obligación exclusiva de las mujeres y se reconozca como una tarea compartida entre quienes ejercen la maternidad y la paternidad.

Busca que las causas de inelegibilidad de funcionarios electorales se apliquen con criterios de proporcionalidad y vínculo territorial

Mexicali, B.C.- Con el propósito de fortalecer los derechos político-electorales de la ciudadanía y garantizar que las restricciones para competir por un cargo de elección popular sean proporcionales y razonables, el diputado Fidel Mogollón Pérez presentó una iniciativa de reforma a la Ley Electoral del Estado de Baja California.

La propuesta busca establecer que la inelegibilidad de consejeros o funcionarios electorales aplique únicamente cuando hayan desempeñado funciones directas de organización, vigilancia o calificación electoral dentro de la misma demarcación territorial en la que pretendan contender, siempre que no se hayan separado del cargo con al menos tres años de anticipación.
El inicialista señala que la legislación vigente contempla una restricción general que coloca en la misma condición a integrantes de órganos superiores de dirección y a quienes desempeñan funciones temporales o limitadas territorialmente, sin distinguir el nivel de responsabilidad ni el ámbito de competencia de cada servidor electoral.
Mogollón Pérez señaló que esa falta de diferenciación puede traducirse en una limitación desproporcionada al derecho de ser votado, ya que impide la participación política de personas cuyas funciones no guardan una relación directa con el cargo de elección popular al que aspiran.

En ese sentido la iniciativa incorpora los criterios de territorialidad y conexidad funcional para preservar la imparcialidad de las autoridades electorales sin imponer limitaciones innecesarias a los derechos políticos.
La reforma no elimina los impedimentos previstos para quienes ejercen funciones electorales, sino que los hace más precisos y objetivos, con el propósito de fortalecer la confianza en las instituciones electorales, proteger la equidad de las contiendas y ampliar el ejercicio efectivo del derecho de la ciudadanía a participar en la vida democrática del estado.
El diputado destacó que la propuesta se sustenta en los principios de proporcionalidad, razonabilidad y mínima restricción de derechos fundamentales desarrollados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los cuales establecen que toda limitación al ejercicio de los derechos políticos debe responder a un fin legítimo, ser necesaria y mantener un equilibrio entre el interés público y la protección de las libertades individuales.