Mes: septiembre 2021

• Necesario otorgar seguridad jurídica a miembros de corporaciones policiacas y, de la Comisión, al momento de resolver procedimientos de remoción o separación definitiva

Mexicali, Baja California.- El diputado César Adrián González García presentó una Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California.

Lo que motiva la presente reforma, según expuso el legislador, es la necesidad de otorgar seguridad jurídica no solo a los miembros de las corporaciones policiacas como justiciables, sino también a los miembros de la autoridad administrativa denominada Comisión, al momento de sustanciar y resolver los procedimientos de remoción o separación definitiva, cuyo fin es una resolución de sobreseimiento.

Argumentó, en su exposición de motivos, que en innumerables juicios tramitados ante los diversos Juzgados de Primera Instancia  (antes Salas) del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, ha sido reiterado el criterio de declarar fundado el argumento de agravio tendiente a desvirtuar la legalidad de la determinación de la Comisión, en cuanto a negar el pago de la remuneración durante el tiempo que no prestó sus servicios por haberse encontrado suspendido preventivamente en el transcurso de un procedimiento administrativo de separación definitiva o remoción.

Por tales motivos, el diputado Adrián González propuso modificar  el párrafo primero del artículo 154 de La Ley de Seguridad Pública local, para quedar como sigue: En caso de que no se acredite la falta de un requisito de permanencia, o se incurra en cualquiera de las hipótesis contenidas en la fracción I del artículo 185 de la Ley, se determine el no ejercicio de la acción penal o la no responsabilidad penal o administrativa, o se sobresea el procedimiento administrativo respectivo por una causa no imputable a los Miembros, se reintegrará a éstos los derechos que se le hubiesen privado con motivo de la suspensión preventiva.

No existirá el derecho del Miembro de percibir remuneración, cuando no preste sus servicios durante el tiempo en que haya sido privado de su libertad, con motivo de una investigación, averiguación previa o procedimiento penal de orden local, federal, u otro similar en el extranjero. 

·       La iniciativa de reforma a la Ley de Participación Ciudadana fue presentada a nombre de la Fracción Parlamentaria del PAN 
·       Se reduciría de 500 a 250 el número de firmas de ciudadanos

Mexicali Baja California.- La diputada Amintha Guadalupe Briceño Cinco, presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana y Modernización del Congreso, propuso reducir los requisitos para que la población presente iniciativas.
El propósito es reformar los artículos 70, 71, 72 y 72 bis de la mencionada ley para facilitar el mecanismo que permite a la ciudadanía una participación en el desarrollo social.

Dijo que los gobiernos tienen la encomienda de preservar y generar condiciones para que los ciudadanos participen activamente en la toma de decisiones, toda vez que es a estos a quienes impactan dichas decisiones.

La legisladora mencionó que, en los últimos años en México, se ha polarizado la sociedad derivada de los acontecimientos políticos, lo que ha provocado una atmósfera de despertar ciudadano, en la cual crece cada vez más el número de actores de la sociedad civil, que han levantado la voz.

Sin embargo, agregó la diputada Amintha, todavía falta mucho camino por recorrer, ya que, entre la decepción política, la apatía o el desconocimiento de los instrumentos de participación ciudadana, “aun estamos lejos de sentirnos satisfechos con los niveles de participación ciudadana”.

Briceño Cinco detalló que su iniciativa busca facilitar el acceso a la presentación de iniciativas ciudadanas, al reducir en un 50 por ciento el número de participantes requeridos para la presentación de estas.

En la ley vigente se requiere de 500 firmas de ciudadanos para que sea aceptada una iniciativa ciudadana, mientras que la propuesta de la legisladora Amintha es que esta cantidad se reduzca a sólo 250.

Además, la propuesta en mención no se limita al ámbito legislativo, sino que se extiende al Poder Ejecutivo y a los ayuntamientos, en materia reglamentaria, “donde las voces ciudadanas quieren ser escuchadas y tomadas en cuenta”.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales para su análisis jurídico. 

• Asiste a la reunión del CCE para informar los trabajos legislativos y el avance del próximo PEF 2022.

Ensenada, Baja California.- Las prioridades para el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Cámara de Diputados, son la economía, la salud y la seguridad, explicó la Diputada Federal, Lizbeth Mata Lozano, durante su participación en la reunión semanal del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada,  en donde destacó que en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, se deben gestionar recursos para infraestructura, reactivación económica y el combate a la inseguridad de Baja California.

Entre los temas que abordó la Legisladora, expuso que es preocupante los índices delictivos que se registran en la entidad, agregando que la mayoría de Morena y sus aliados, aprobaron la desaparición de más de 100 fondos y fideicomisos, entre estos, el de FORTASEG.

Este fondo, permitía a los Ayuntamiento allegarse de recursos para la adquisición de patrullas, armamento, capacitación, uniformes y equipo para los cuerpos policiacos, orientando ese recurso a las Guardias Nacionales, dejando a los Municipios sin recursos para fortalecer las acciones de seguridad pública. 

Dijo que son preocupantes los números de homicidios que se están registrando en la ciudad, pero más preocupante es que ni las autoridades, ni la ciudadanía han levantado la voz para manifestar su inconformidad ante el clima de inseguridad que se vive, y esto se refleja en la asignación de recursos del próximo presupuesto. 

Mata Lozano, les explicó que fue el pasado 8 de septiembre cuando se recibió la propuesta del Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año, por lo que está por instaurarse la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados que llevará a cabo el análisis de dicha propuesta.

Sin embargo, de entrada puede observarse que los proyectos faraónicos del Presidente López Obrador, como lo es el Tren Maya, registran un incremento superior al 100 por ciento en comparación a lo asignado en el presupuesto del año 2021, afirmó.

Esta incongruencia, obliga a que en esta LXV Legislatura si haya un diálogo y debate sobre las prioridades que deben reflejarse en el próximo presupuesto, el cual se debe someter a votación a finales del próximo mes de Noviembre o principios de Diciembre, añadió.

Llamó a que los Diputados Federales de Baja California, hagan un frente común, para que las prioridades en materia de infraestructura, economía y salud, vayan etiquetados, garantizando la ejecución de obras federales en el Estado, y evitar que los recursos se destinen a una bolsa general de las diferentes dependencias federales. 

Si bien, agregó la Diputada Federal, algunos rubros del presupuesto reflejan disminuciones, otros si muestran incrementos, sin embargo, en el caso de la Pesca de Baja California, en el presupuesto 2022 no registra recursos asignados directamente, y en este mismo caso se encuentra el rubro de Turismo. 

En el caso del campo, Mata Lozano señaló que dentro del PEF 2022 se reflejan 31.4 MDP para el programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria. 

En relación al llamado “Tramo de la Muerte”, la Diputada Federal, les explicó que de acuerdo a información de la S.C.T. se tienen avances en lo referente a las gestiones administrativas de la obra, pero que está pendiente la transferencia de los recursos (150 MDP) por parte de la Secretaría de Hacienda, por lo que se comprometió a dar seguimiento a este y  otros temas que interesan a los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE),  a través de su Presidente del Orlando Fabiel López Acosta, tales como la construcción del Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social para Ensenada y la construcción de un de un destacamento para la Guardia Nacional en el Valle de Guadalupe.