Mes: septiembre 2019

La Comisión de Hacienda y Presupuesto que preside la diputada Rosina del Villar fue la anfitriona
Asegura el funcionario que concluirá el sexenio con las obligaciones crediticias a corto plazo, pagadas

Mexicali, Baja California.- Bladimiro Hernández Díaz, secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, rindió un informe pormenorizado del manejo presupuestal ante el Congreso local, como parte de la VI Glosa del Informe de Gobierno.

En esta ocasión, le correspondió a la Comisión de Hacienda y Presupuesto (CHP) que preside la diputada Rosina del Villar, ser la anfitriona para conocer el estado que guardan las finanzas de la Entidad.

Acompañaron a la diputada Rosina del Villar, la diputada Eva Gricelda Rodríguez, quien ocupa el puesto de secretaria de este órgano legislativo, así como los integrantes de la misma: diputadas Miriam Elizabeth Cano Núñez, además de los diputados Miguel Ángel Bujanda Ruiz y Juan Manuel Molina García. Además, participó la diputada María Luisa Villalobos Ávila.

En la ronda de preguntas, el diputado Miguel Ángel Bujanda cuestionó al titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) en torno a el adeudo que tiene la administración estatal con la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), a lo cual respondió el funcionario que el Gobierno del Estado reconoce el adeudo histórico que se tiene con la máxima casa de estudios, mismo que se generó por la diferencia en las aportaciones que autoriza el congreso estatal y, en fecha posterior, la federación.

Bladimiro Hernández refirió que la administración estatal se encuentra en la mejor disposición de pagarlo, pero ante el retraso del Gobierno Federal en el envío de los apoyos extraordinarios a la educación, se ha hecho frente a los pagos en los rubros con alta carga financiera, con recurso propio.

Al principio de la comparecencia, y después de que el compareciente protestara decir la verdad, como lo exige la Ley, expuso ante los diputados locales, el sistema escalonado de pagos tanto a maestros estatales como a dependencias y entidades, mismo que ha sacado adelante, poco a poco, los compromisos presupuestales pendientes, dijo, aunque reconoció que, “aún quedan algunos por resolver”.

Reiteró que, conforme lleguen las participaciones federales al Estado, o bien, el Congreso Estatal autorice recursos para el pago de las aportaciones federales extraordinarias pendientes de recibir por parte de la federación, se estará en condiciones de liquidar el adeudo y ponerse al corriente en los subsidios.

Aseguró que se han tenido varias reuniones con el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez, así como con el secretario de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, para solicitar el apoyo en el reintegro de los más de 4 mil millones de pesos.

Informó además que se cumplió con lo establecido por la Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y Municipios, al quedar liquidadas las obligaciones crediticias a corto plazo en su totalidad, el pasado 30 de julio, tres meses antes del término de la Administración estatal, mismas que fueron contratadas por tres mil quinientos veinticuatro millones 500 mil pesos.

Dijo que esta estrategia de contratación de cortos plazos fue utilizada por el Gobierno estatal por la falta de liquidez, y para poder cumplir en tiempo y forma con los pagos de nóminas, magisterio y otras obligaciones, debido a la falta de recursos extraordinarios federales precisamente en los rubros de Educación y Salud.

En el rubro de Inversión Pública, informó que se realizaron 1,702 obras, con una inversión de 3 mil 409 millones de pesos, y el sector educativo fue el mayor beneficiado con un 19 por ciento.

Sostuvo que durante esta administración estatal se avanzó del lugar 30, al primero| a nivel nacional en cumplimiento del 100 por ciento de los criterios de Transparencia Presupuestaria establecidos por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Por otra parte, la diputada María Luisa Villalobos lo cuestionó respecto a la retención de diversos descuentos, vía nómina, en los abonos a créditos de vivienda, seguros de automóvil, seguros de gastos médicos, entre otros, mismos que no se han entregado a los proveedores.

Al respecto el funcionario respondió que, “precisamente el día de hoy se depositaron más de 76 millones de pesos para cubrir estos adeudos”.

En su turno, la diputada Miriam Cano, expuso que en su distrito (San Quintín), se han quejado por la falta de entrega de licencias de conducir, debido a que la delegación de ese lugar no cuenta con los plásticos para elaborarla, lo que representa un serio peligro para los conductores, en virtud de que las compañías de seguro contra accidentes niegan el pago correspondiente cuando se carece del documento vigente.

Mexicali, Baja California.- A casi un mes de actividades, los nuevos Comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California (ITAIPBC) han desarrollado un trabajo exhaustivo, abatiendo el rezago que se generó debido a los dos meses que este Órgano Garante se encontró acéfalo.

Con la entrada de los nuevos Comisionados se reestructuró el esquema de actividades de los servidores públicos que integran el Instituto, rediseñando los formatos de redacción de las resoluciones, haciéndolas de esta manera, más accesibles a la población y agilizando sus procedimientos.

En esta nueva era del ITAIPBC, los tres Comisionados hicieron un parteaguas en la historia del instituto al haber tomado armoniosamente, y por unanimidad, la decisión de elegir por primera vez a una mujer como Presidente.

Lo anterior sin dejar de asumir plenamente sus funciones, distribuyendo y equilibrando sus tareas, al crear Comisiones de Trabajo y encomiendas para cada uno de ellos.

Los Comisionados han dejado por sentado su compromiso con esta entidad, al encontrarse en proceso de reforma el Reglamento Interior del ITAIPBC, elaborando un proyecto de Reglamento para la organización y funcionamiento de las comisiones de trabajo del instituto, mismo que se encuentra en revisión.

Cabe señalar que los Comisionados han actuado con imparcialidad y objetividad con relación a todos los Sujetos Obligados del Estado, por lo que, de las resoluciones votadas durante las sesiones plenarias, se han decretado apercibimientos por acuerdos de incumplimiento, los cuales, si no son atendidos cabalmente, se podrá imponer sanciones como las medidas de apremio establecidas en el artículo 157 de la Ley de Transparencia del Estado.

Se aprobó, además, la modificación del proceso de verificación virtual oficiosa de los sujetos obligados, en la que ahora se podrá imponer la revisión de los portales de internet de los sujetos obligados, que son de quienes la ciudadanía interpone más recursos de revisión.

Por último, se han llevado a cabo capacitaciones y reuniones con los sujetos obligados para continuar con la promoción de la cultura de la transparencia, la rendición de cuentas y del gobierno abierto.

A propuesta del diputado Juan Manuel Molina

Mexicali, Baja California.- El Pleno del Congreso local aprobó por unanimidad un punto de acuerdo propuesto por el diputado Juan Manuel Molina García (Morena), mediante el cual se exhorta al titular del Poder Ejecutivo a que emita de manera urgente un decreto de exención general del cobro del derecho previsto en el artículo 18, inciso h), de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019, con el propósito de que en tanto se sigan expidiendo la llamadas “Cartas de no antecedentes penales”, éstas sean completamente gratuitas.

En su argumentación el legislador morenista dio a conocer que, actualmente, al ciudadano que busca trabajo se le afecta de manera desmedida y absurda por medio de la expedición de las llamadas “Cartas de no antecedentes penales”, las cuales son requeridas por cada centro laboral al momento de solicitar algún empleo, mismas que tienen un costo aproximado de 200 pesos.

“Lo cual significa un perjuicio económico para quienes no cuentan con trabajo y lo están buscando, ya que por cada solicitud de empleo se ven en la necesidad de obtener tres, cuatro o más constancias, que son en extremo onerosas y que, en los más de los casos, el ciudadano prefiere claudicar en la búsqueda de empleo”, subrayó Molina García.
Agregó que, aunado a lo anterior, jamás fue cumplido lo estipulado en el artículo 6, sección XIV, de la Ley Nacional de Ejecución Penal en el Territorio del Estado de Baja California, que mandata lo siguiente: “Expedir de forma gratuita, por conducto de la Dirección de Ejecución, las constancias de antecedentes penales, de conformidad con las disposiciones aplicables, dichos antecedentes sólo harán referencia a sentencias condenatorias, por delitos de carácter doloso, debidamente ejecutoriadas”.

El diputado Juan Molina refirió, por otro lado, que dicha norma jamás fue cumplida, pues el Ejecutivo del Estado las siguió incluyendo en su proyecto de Ley de Ingresos, lo cual representa un perjuicio para el ciudadano, ya que tiene un costo de lo más caro en el país; además de que no es congruente hacer erogar ese dinero a la persona desempleada para acceder a una entrevista que ni siquiera le garantiza empleo.

Por último, mencionó que “representa un prejuicio hacia la persona que sí hubiere cometido alguna infracción penal, el hecho de que se le exija dicha constancia para acreditar si ha sido sujeto de condena alguna, pues tenemos que por el simple hecho de tener la aptitud de salir a la calle y buscar un empleo, es porque éste ha cumplido con su condena, en su caso con el tratamiento impuesto y el hecho de permitir que se le exijan estas constancias de no antecedentes penales, orilla a la sociedad a prejuiciar y discriminar sobre el otorgamiento de un empleo”.