Mes: septiembre 2017

Que los fondos públicos recibidos sean por el número de votos válidos, no por la cantidad de ciudadanos registrados en el Padrón Electoral.

Mexicali, Baja California.- El diputado Job Montoya Gaxiola (MC), a nombre propio y del diputado Luis Moreno Hernández, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 5 de la Constitución Política, la cual tiene como objetivo, que los recursos que reciben los partidos políticos sea por el número de votos válidos emitidos en las elecciones y no por la cantidad de ciudadanos registrados en el Padrón Electoral.

En ese sentido el diputado de movimiento ciudadano expresó: “Se buscan partidos más representativos”. Añadió que la propuesta establece que en años electorales, el dinero que reciban los partidos políticos, deberá depender del número de personas que convenza para votar y que en los años no electorales, exista una disminución de los recursos.

Durante su exposición de motivos señaló que la Iniciativa puesta a consideración del Congreso del Estado retoma íntegramente la que fue aprobada en el Estado de Jalisco, ya que esta cuenta con un impecable análisis jurídico y, sobre todo, con el aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Detalló que estos eventuales ajustes al financiamiento de los partidos políticos en Baja California, aplicarían únicamente para aquellos que cuentan con registro federal, no así para los partidos locales.

Agregó que el financiamiento público de los partidos políticos es exagerado y no responde a la rendición de cuentas, transparencia y representatividad.

Montoya Gaxiola citó: “Si los partidos políticos no están al servicio de la gente y se ganan su voto, no tendrán dinero público”. Además precisó que todas las fuerzas políticas de esta Soberanía se han manifestado por llevar a cabo una profunda revisión al financiamiento público que reciben los partidos políticos.

Finalmente puntualizó que esta norma establecerá las condiciones y mecanismos para que los partidos políticos tengan acceso al financiamiento público local.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Reforma de Estado y Jurisdiccional para su análisis jurídico a fin de revisar su viabilidad y dictaminar en consecuencia

Que ISESALUD de BC informe al Congreso local sobre Programas preventivos y de atención en este 2017.

Mexicali, Baja California.- La diputada Claudia Josefina Agatón Muñiz solicitó al titular de la Secretaría de Salud del Estado, que envié a esta soberanía, información relativa a los programas preventivos y de atención a los casos de rickettsiosis que se han presentado en lo que va del año, así como el número de defunciones y casos de esta enfermedad.

Mencionó que en el municipio de Mexicali, se calculan cerca de 80 muertes por esta enfermedad en los últimos años y que este tipo de casos se empezaron a detectar en el año 2008.

Al presentar su punto de acuerdo ante el Pleno, la legisladora del PT, también urgió al titular de la Secretaría del ramo del Gobierno Federal que disponga los recursos humanos, económicos y materiales necesarios para que se instrumente de acuerdo a la norma oficial, un operativo en conjunto con el gobierno Estatal y el Ayuntamiento de Mexicali, para controlar dicho brote, así como para que se dote del medicamento suficiente para atender a las personas infectadas por la rickettsia.

Cabe mencionar, que en la Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA2-2002, para la Vigilancia Epidemiológica, Prevención y Control de Enfermedades Transmitidas por Vector, se señala lo siguiente: “La importancia que para la Salud Pública representan las enfermedades transmitidas por vector, radica en cuanto a su magnitud y trascendencia, tomando en consideración la existencia de áreas que reúnen condiciones geográficas, epidemiológicas, demográficas y socioeconómicas, así como de marginación y pobreza de la población afectada, que favorecen su transmisión”.

Claudia Agatón argumentó que los principales afectados por esta enfermedad transmitida por vector, son personas pobres que viven en condiciones de marginación, sin servicios adecuados de pavimentación, agua, drenaje y recolección de basura.

“Es una situación de afectación a la salud, en donde la pobreza y el incumplimiento de los derechos humanos de carácter económico y social, se convierten en factores que victimizan a la población más vulnerable”, concluyó.

Según lo establecido en el artículo 13 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado.

Mexicali, Baja California.- La Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales (Cglpc), que preside el diputado Andrés de la Rosa Anaya (PAN), aprobó 7 dictámenes; entre ellos, uno donde se establece que una vez desahogado el procedimiento de ratificación del C. Francisco Postlehwaite Duhagón como titular de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, se determina que cumple con los requisitos de elegibilidad previstos en el artículo 13 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado.

Otro de los dictámenes avalados fue el que contiene reformas a la Constitución nacional y a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, propuesta por el diputado Jorge Eugenio Núñez Lozano (PBC), con la finalidad de establecer que las prestaciones de aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones y compensaciones, solamente corresponde a los trabajadores, y no así a los funcionarios y servidores públicos que representan los más altos niveles jerárquicos de las instituciones públicas.

También se aprobaron cambios a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, cuyo inicialista es el legislador Luis Moreno Hernández (PES); el primero de ellos para inscribir que las ausencias de los integrantes del Comité de Transparencia, con excepción del Secretario, podrán ser sustituidas por el representante que ellos mismos designen. El segundo, para adicionar un párrafo a su artículo 117 a fin de que las iniciativas de ley o de decreto, recepcionadas por Oficialía de Partes, de así expresarlo el diputado, puedan ser leídas en las sesiones del Pleno.

Asimismo, se dio el sí a dos proposiciones de la asambleísta María Trinidad Vaca Chacón (PAN), mediante la cual, por un lado, pretende que la Constitución local tenga un vínculo, así como una armonía y conexión jurídica, con el artículo 20, inciso c, de la Constitución federal, adoptando el reconocimiento y garantizando los derechos de las víctimas; y por otro, armonizar la Ley de la Familia del Estado con los conceptos derivados tanto de la Carta Magna federal como de leyes y tratados que hablan sobre las niñas, niños y adolescentes.

Los integrantes de la Cglpc avalaron una propuesta del diputado Carlos Alberto Torres Torres (PAN), con la que se reforman diversos artículos de la Ley de Participación Ciudadana del Estado, a fin de disponer las reglas procedimentales y requisitos que deberán reunir las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones de educación superior del Estado, al momento de presentar iniciativas de ley o reformas a las ya existentes.

Por último, aprobaron una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública de Baja California, enviada por el Poder Ejecutivo, mediante la cual se pretende ofrecer seguridad jurídica al sector agropecuario para incrementar y detonar la productividad de las zonas del sector rural existentes en la entidad, y elevar así la competitividad de los productores bajacalifornianos.

En la reunión de la Comisión de Gobernación, realizada ayer por la tarde en la sala “Francisco Dueñas Montes” del Poder Legislativo, estuvieron presentes sus diputados integrantes Andrés de la Rosa Anaya, presidente; Marco Antonio Corona Bolaños Cacho, secretario, y los vocales Raúl Castañeda Pomposo, Luis Moreno Hernández, Ignacio García Dworak, Catalino Zavala Márquez, José Félix Arango Pérez y Victoria Bentley Duarte.

Asimismo, hicieron acto de presencia los legisladores Jorge Eugenio Núñez Lozano, Alfa Peñaloza Valdez y María Trinidad Vaca Chacón.

El llamado incluyó también a la Secretaría de Gobierno y a los cinco alcaldes de Baja California
Esta norma debió emitirse a más tardar en el presente mes de agosto

Mexicali, Baja California.- La diputada Iraís Vázquez Aguiar hizo un llamado a los congresistas federales a fin de que, en cumplimiento con la disposición presidencial, emitan la legislación general que permitirá homologar el funcionamiento de los registros civiles en las entidades federativas.

El exhorto fue presentado, y aprobado, durante la sesión ordinaria celebrara este jueves por los integrantes de la Vigésima Segunda Legislatura, los cuales fueron conducidos por el presidente del Congreso, diputado Edgar Benjamín Gómez Macías.

La diputada explicó que desde 2014, está consignado en la Constitución general el derecho de toda persona a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento, y el Estado debe garantizar el cumplimiento de estos derechos y la autoridad competente otorgar, de manera gratuita, la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.

A raíz de esta reforma, el Estado Mexicano se fue planteando una serie de retos y el Gobierno Federal identificó en el marco del decálogo de medidas para mejorar la seguridad, la justicia y el estado de derecho, conjuntamente con el Centro de Investigación y Docencia Económica y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Abundó que identificaron que la heterogeneidad de la regulación de registros civiles en las entidades federativas, era una de las causas que dan origen a la marginación jurídica aunado a las barreras geográficas para acceder, los costos económicos de este trámite, además la disparidad de recursos materiales y humanos con que cuentan las oficinas del Registro Civil.

Dijo que en su calidad de representante popular, diversas personas le han planteado los problemas a que enfrentan ante las diversas normas que se aplican y que incluso en algunos casos han sembrado confusión.

Ante este panorama enfatizó que se debe urgir al Congreso de la Unión a que expidan la legislación general que armonice y homologue la organización y funcionamiento de los registros civiles de las entidades federativas, ya que esa norma debió tenerse lista para este mes de agosto.