EXIGE CEDHBC PROTEGER Y NO REVICTIMIZAR A ALUMNAS DE CONALEP QUE DENUNCIARON ACTOS DE ACOSO Y VIOLENCIA SEXUAL EN TECATE
Tecate, Baja California. – La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) emitió un exhorto a la Secretaría de Educación en el Estado para que garantice la protección y no revictimización de estudiantes que denunciaron actos de acoso y violencia sexual.
Lo anterior, con hechos que han trascendido públicamente, sobre presuntos actos de connotación sexual atribuidos a un docente del Colegio de Educación Profesional Técnica de Baja California (Conalep Baja California), Plantel Tecate, en agravio de varias estudiantes.
Por ese motivo, el Organismo Público Autónomo también inició un expediente de queja para investigar la actuación de las autoridades en estos hechos.
En el exhorto, la CEDHBC subrayó que cualquier señalamiento relacionado con posibles actos de violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes debe ser atendido con la máxima diligencia, sensibilidad y apego a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos, privilegiando en todo momento el interés superior de la niñez y las adolescencias.
Asimismo, la Comisión observa con preocupación las manifestaciones públicas realizadas por una representación de la autoridad educativa en el sentido de calificar como presunta difamación las acusaciones difundidas en redes sociales, bajo el argumento de que no existían denuncias formales o señalamientos ratificados ante la institución.
Al respecto, la CEDHBC recuerda que las autoridades educativas no cuentan con facultades para determinar anticipadamente la veracidad o falsedad de las denuncias de las estudiantes, ya que la investigación y determinación de responsabilidades corresponde exclusivamente a las autoridades competentes.
Emitir pronunciamientos concluyentes antes de que exista una investigación formal puede constituir una forma de revictimización, desalentar la denuncia y generar condiciones de vulnerabilidad para quienes pudieran haber sido afectadas. Asimismo, resulta contrario a los principios de protección reforzada que el Estado debe garantizar a niñas, niños y adolescentes.
La CEDHBC subrayó que la obligación de las instituciones educativas no consiste en defender anticipadamente a ninguna de las partes involucradas, sino en implementar medidas de protección, contención y salvaguarda que garanticen la integridad física y emocional de las posibles víctimas mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.
Si bien las personas docentes cuentan con derechos laborales y con la garantía de presunción de inocencia, estos derechos no deben anteponerse al deber prioritario del Estado de proteger a niñas, niños y adolescentes frente a cualquier situación que pueda poner en riesgo su integridad, seguridad o desarrollo.
Por ello, la CEDHBC exhortó a la Secretaría de Educación para que instruya a todo el personal directivo bajo su adscripción a abstenerse de minimizar, desestimar o prejuzgar los testimonios de posibles víctimas de violencia o de hechos probablemente constitutivos de delito ocurridos en los centros educativos.
Finalmente, solicitó que, ante cualquier denuncia o indicio de hechos ilícitos en el ámbito escolar, se implementen de manera inmediata los protocolos y mecanismos institucionales de atención, acompañamiento, protección y prevención; se realicen las notificaciones correspondientes a las autoridades competentes para la investigación de los hechos; se adopten medidas preventivas para evitar el contacto entre las personas señaladas y el alumnado, cuando resulte procedente; se garantice la confidencialidad y protección de la identidad de las posibles víctimas, y se les brinde atención psicológica especializada con enfoque de protección integral de niñas, niños y adolescentes.
