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La iniciativa busca eliminar excesos, transparentar el gasto y destinar más recursos a áreas prioritarias como salud, educación y seguridad

Mexicali, B.C.- La diputada Liliana Michel Sánchez Allende presentó una iniciativa para crear la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Baja California y sus Municipios, “en congruencia con la visión de gobierno austero, eficiente y cercano a la gente impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum”, indicó.
Explicó que esta propuesta retoma los principios de la Cuarta Transformación, donde la austeridad es entendida como un eje ético del servicio público, orientado a eliminar privilegios, combatir el uso discrecional del gasto y garantizar que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan, “la austeridad es una forma de gobernar con responsabilidad, es asegurar que el dinero público se utilice para el bienestar de las familias, no para excesos ni privilegios”.

La iniciativa, turnada a la Comisión Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, responde a la falta de un marco normativo integral en la entidad que regule de manera obligatoria y homogénea el ejercicio del gasto público.
Con esta ley, se establecerán reglas claras para todos los entes públicos, incluyendo poderes del Estado, organismos autónomos y ayuntamientos, bajo principios de eficiencia, transparencia y honradez, en línea con el mandato constitucional.
Entre sus principales ejes destacan la eliminación de duplicidades en estructuras administrativas, la regulación de remuneraciones conforme a la Constitución, la reducción de gastos en viáticos, comunicación social y servicios generales, así como la obligación de transparentar el uso de los recursos públicos.
Asimismo, se incorpora el Programa Anual de Austeridad y Ahorro, como un instrumento clave para planificar, evaluar y rendir cuentas sobre el ejercicio presupuestal, fortaleciendo la disciplina financiera en el estado.

La propuesta también contempla limitar prácticas que afectan la confianza ciudadana, como el gasto excesivo en publicidad, la adquisición de bienes no esenciales o la creación de fideicomisos sin una evaluación clara de su utilidad pública.
Michel Sánchez subrayó que estas medidas no afectarán a las personas trabajadoras de base, ya que están dirigidas principalmente a corregir distorsiones en los niveles superiores de la administración pública. “Esta iniciativa es parte de una transformación de fondo en la forma de ejercer el poder público. Se trata de consolidar en Baja California la visión nacional de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, concluyó.

Diputada Alejandra Ang plantea necesidad de revisión del programa para garantizar protección real a estudiantes y certeza a las familias
• Necesario conocer de manera clara aspectos clave como la cobertura del seguro actual de la empresa Umbrella Compañía de Seguros, S.A. de C.V

Mexicali, B.C.- Ante las inquietudes expresadas por madres y padres de familia, docentes y autoridades escolares en diversos planteles de Baja California, el Congreso del Estado emitió un atento exhorto al titular de la Secretaría de Hacienda, José Andrés Pulido Saavedra, para que, en el ámbito de su competencia y por conducto de Oficialía Mayor, informe sobre las condiciones presupuestales, contractuales y operativas del programa de ‘Seguro Escolar’.
La solicitud plantea la necesidad de transparentar aspectos clave como la cobertura del seguro, los procedimientos para su activación, la red hospitalaria disponible y los montos de atención establecidos en la póliza actualmente contratada con la empresa Umbrella Compañía de Seguros, S.A. de C.V.
El Punto de Acuerdo fue impulsado por la diputada Alejandra Ang Hernández, quien explicó que el seguro escolar es un instrumento fundamental para brindar atención médica y respaldo económico a las y los estudiantes de educación básica en escuelas públicas de Baja California, ante accidentes ocurridos dentro de los planteles, durante actividades escolares o en el trayecto a sus hogares.
Precisó que, si bien el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos (ISEP) es responsable de la operación el programa de seguro escolar y del seguimiento a los siniestros, corresponde a la Secretaría de Hacienda, garantizar que la contratación y ejercicio de los recursos públicos se realicen conforme a la normatividad vigente, en apego a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público y la Ley de Adquisiciones del Estado.
En este sentido, la diputada Alejandra Ang enfatizó que contar con información clara, suficiente y actualizada no sólo fortalece la rendición de cuentas, sino que permite evaluar la eficacia del programa, detectar áreas de mejora y asegurar que el servicio responda de manera oportuna y adecuada a las necesidades de la comunidad estudiantil.
“La correcta operación, cobertura y suficiencia del seguro escolar son elementos esenciales para garantizar entornos educativos seguros, así como para brindar certeza y tranquilidad a las familias”, indicó.