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Presenta iniciativa para que se considere al personal de salud y al administrativo como responsables de cometerla
• Consiste en acciones u omisiones en la atención del embarazo, parto y posparto que pueden causar daño físico o psicológico

Mexicali, B.C.- El maltrato obstétrico, además de ser violencia de género, también es una violencia institucional ejercida predominantemente por personal médico y de enfermería.
Es un tipo de violencia que ha surgido con mayor frecuencia, y que padece el treinta por ciento de las mujeres, en el ámbito de la atención del embarazo, parto y posparto.
Así lo expresó la Diputada Dunnia Montserrat Murillo López en su exposición de motivos al presentar una Iniciativa de reforma a una fracción del artículo 6 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja California.

Según dijo la Legisladora del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, dicha violencia consiste en acciones u omisiones, por parte del personal de salud que pueden causar daño físico o psicológico.
Por tales motivos, propuso en su iniciativa que no solo se considere al personal de salud como el único responsable de cometer violencia obstétrica, sino también al personal de carácter administrativo.
La violencia obstétrica, es una forma específica de violencia contra las mujeres, que se genera en los servicios de salud, tanto públicos como privados. De acuerdo a INEGI, en México, del total de las mujeres entre 15 a 49 años (7.8 millones), vivió un tipo de maltrato durante su atención obstétrica (2.5 millones).
Finalmente puntualizó que el marco legal debe ser modificado, para adaptarse a los procesos de información y a las condiciones de cambio que se están llevado en nuestro país.

Solicitan atención del Fiscal General de Oaxaca en caso de maltrato a dos menores de 4 y 6 años por parte del padrastro

• Indica la Fiscalía de Baja California que autoridades de Oaxaca no han realizado las diligencias para ejecutar orden de aprehensión

Mexicali, B.C.- El Congreso del estado emitió un atento exhorto al Fiscal General del Estado de Oaxaca, al Lic. José Bernardo Rodríguez Alamilla, para que se atienda con diligencia reforzada las solicitudes de colaboración solicitadas por la Fiscalía General del Estado de Baja California, dentro del expediente Número Único de Caso 0202-2024-29213, para localizar al imputado dentro de dicha carpeta de investigación.

Este acuerdo parlamentario fue propuesto y leído en tribuna por la diputada morenista Liliana Michel Sánchez Allende, quien expuso que uno de los crímenes más atroces y que más duele a la sociedad son los cometidos contra niñas, niños y adolescentes, en virtud de tratarse de personas que, por su edad y desarrollo, requieren de la protección y cuidados no sólo del Estado, sino de sus madres, padres y la propia comunidad.

“Es el caso que, la señora Adriana, de quién no se proporcionará su nombre completo por ser un dato sensible, se acercó a la suscrita para plantearme una la petición, respecto al expediente penal de Número Único de Caso antes mencionado, en el que refirió que se ejerce maltrato y violencia contra su nieta y nieto, de 6 y 4 años respectivamente, señalando tanto a su hija, madre de los menores, como al padrastro”.

Abundó que la carpeta de investigación ya se encuentra judicializada y se ha girado una orden de aprehensión en contra del padrastro, además de que la señora Adriana indicó que recibe llamadas de su hija desde el municipio de Santo Domingo Toejomulco, Oaxaca, donde refiere estar en contra de su voluntad y por miedo de las amenazas del imputado.

La denunciante ha solicitado reiteradamente información en Fiscalía sobre el estatus de la orden de aprehensión, proporcionando nuevos datos de prueba e incluso de amenazas de muerte que ha recibido de parte de su yerno, así como del peligro en el que se encuentra su hija; sin embargo, de acuerdo con la Fiscalía de Baja California, las autoridades de Oaxaca no han realizado las diligencias necesarias para ejecutar las órdenes de aprehensión, señalando como motivo que la comunidad se encuentra muy alejada.

La legisladora subrayó que al ser un proceso penal que involucra menores, se debe atender con diligencia reforzada, es decir, tomar un conjunto de medidas especiales para garantizar la protección de los derechos de las niñas, los niños y adolescentes y su bienestar durante todo el proceso, incluyendo la ejecución de las órdenes de protección.

• Integrantes de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público que preside la diputada Alejandra María Ang Hernández.

Mexicali, B.C.- Integrantes de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público que preside la diputada Alejandra María Ang Hernández, recibieron en comparecencia a la Encargada de Despacho de la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, María Gabriela Monge Pérez, a fin de detallar información sobre las actividades realizadas por el periodo que se informa.

En su intervención inicial y luego de rendir protesta de decir verdad, la funcionaria destacó que se integró el Comité de Control de Desarrollo Institucional (COCODIS) con las Personas Titulares de los Órganos de Control Internos (OIC); asimismo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores otorgó el Sistema de Atención a Requerimientos de Autoridad (SIARA); y a través del programa de unidades móviles se brindaron más de 10 mil atenciones a la ciudadanía, entre otros.
Durante la ronda de preguntas la presidenta de la Comisión fiscalizadora, diputada Alejandra Ang, felicitó a la compareciente y señaló la labor realizada por la entidad. Posteriormente le solicitó detallar sobre las 111 sanciones consideradas como firmes, si se encuentran disponibles y en qué estado se encuentran; y de los 339 procedimientos de responsabilidad administrativa sancionadora. A lo que la dependencia informó que la mayoría están impugnadas y sólo publican en el portal de Transparencia las que se encuentran firmes y son por falta grave.

En el turno del uso de la voz, la legisladora Dunnia Montserrat Murillo, planteó cuestionamientos relacionados con la cantidad de funcionarios que se les ha abierto investigación y las sanciones que se han aplicado, así como cuántas personas de los pueblos originarios han presentado denuncias; reconoció el programa la unidad móvil para la atención de quejas y denuncias.
En otro sentido la diputada Mayola Gaona, solicitó información del monto que se ha recuperado y cuánto se ha reintegrado al presupuesto estatal en materia de desvío de recursos; además de las acciones que se han tomado para prevenir el mal uso del presupuesto público e informó que se le dará puntual seguimiento porque representa 49 millones de pesos que no llegaron a los sectores donde más se requiere.
Por su parte la diputada Julia Andrea González, se pronunció por las quejas y denuncias presentadas ante la entidad, donde las más recurrentes son la mala prestación del servicio, abuso de autoridad, acoso laboral, entre otros; se destacó el programa jóvenes vigilantes sociales y cuestionó sobre el recurso que se asigna a las unidades móviles; así como de la vigilancia en la aplicación de la inversión pública a través de acciones de fiscalización de obra pública en Tijuana y el monto que se ha recuperado derivado de las auditorías.
Respecto a las quejas y denuncias de particulares contra funcionarios públicos y cuántas son derivadas de las observaciones de la ASEBC, la diputada Alejandrina Corral solicitó información de cuántos han iniciado proceso administrativo sancionador y cuántas han sido sancionados, así como del presupuesto de la dependencia ya que indicó que no corresponde con los resultados obtenidos en este rubro.
El legislador Diego Echevarría, cuestionó si hay una sanción, funcionarios inhabilitados y/o sanciones referidas ante el TEJA respecto al tema de Fisamex; así como si existen funcionarios sancionados por denuncia sobre deudores a Issstecali.
El diputado Jaime Cantón, hizo mención a 123 mdp en cuentas que son afectaciones a las participaciones federales para Baja California del proyecto de Next Energy/Fotovoltaica y que no contaba con los permisos requeridos; solicitó información de qué medidas se han aplicado y por otro lado si los montos investigados en a FGR y en la FGE están relacionados con ese proyecto, a lo que la funcionaria informó que se encuentran inhabilitados 3 ex funcionarios y están para citación 2 ex servidores públicos.
La diputada Maythé Vélez, destacó el combate a la corrupción que ha realizado la dependencia, solicitó información de la situación actual del índice de corrupción en el estado y las acciones para erradicarlo.