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La reforma obligaría a notificar al INAMI cuando un extranjero sea sentenciado en BC por delitos de violencia contra mujeres
• El objetivo es asegurar que las condenas penales tengan consecuencias migratorias inmediatas
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Mexicali, B.C.- La diputada Teresita del Niño Jesús Ruiz Mendoza, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal estatal, con el propósito de que las sentencias condenatorias contra personas extranjeras por delitos de violencia familiar, violencia de género, abuso sexual, violación o feminicidio en grado de tentativa tengan efectos inmediatos en el ámbito migratorio, mediante la notificación obligatoria al Instituto Nacional de Migración (INAMI).
En su propuesta establece que el órgano jurisdiccional deberá notificar de manera inmediata al INAMI, remitir copia certificada de la resolución judicial y dar seguimiento a las solicitudes de información de las autoridades migratorias federales.
“No podemos permitir que quienes atentan contra la vida y la dignidad de las mujeres encuentren refugio en nuestro estado. Esta iniciativa asegura que las sentencias penales activen también las consecuencias migratorias que correspondan”, sostuvo la congresista del PES.
Por otra parte, enfatizó que Baja California, por su condición fronteriza y dinámica migratoria, requiere mecanismos de coordinación entre autoridades estatales y federales.
La Constitución Política Federal, establece que la expulsión de extranjeros corresponde al Ejecutivo Federal, pero las autoridades locales deben colaborar cuando existan conductas que ameriten revisión de la situación migratoria.
“La reforma no expulsa directamente, porque esa es facultad federal, pero sí obliga a que el engrane judicial active el engrane migratorio. Con ello fortalecemos la protección de las víctimas y cerramos espacios de impunidad”, puntualizó la legisladora del PES.
De conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el proyecto de reforma fue turnado a la Comisión de Justicia para su estudio y análisis correspondiente.

La iniciativa busca eliminar excesos, transparentar el gasto y destinar más recursos a áreas prioritarias como salud, educación y seguridad

Mexicali, B.C.- La diputada Liliana Michel Sánchez Allende presentó una iniciativa para crear la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Baja California y sus Municipios, “en congruencia con la visión de gobierno austero, eficiente y cercano a la gente impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum”, indicó.
Explicó que esta propuesta retoma los principios de la Cuarta Transformación, donde la austeridad es entendida como un eje ético del servicio público, orientado a eliminar privilegios, combatir el uso discrecional del gasto y garantizar que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan, “la austeridad es una forma de gobernar con responsabilidad, es asegurar que el dinero público se utilice para el bienestar de las familias, no para excesos ni privilegios”.

La iniciativa, turnada a la Comisión Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, responde a la falta de un marco normativo integral en la entidad que regule de manera obligatoria y homogénea el ejercicio del gasto público.
Con esta ley, se establecerán reglas claras para todos los entes públicos, incluyendo poderes del Estado, organismos autónomos y ayuntamientos, bajo principios de eficiencia, transparencia y honradez, en línea con el mandato constitucional.
Entre sus principales ejes destacan la eliminación de duplicidades en estructuras administrativas, la regulación de remuneraciones conforme a la Constitución, la reducción de gastos en viáticos, comunicación social y servicios generales, así como la obligación de transparentar el uso de los recursos públicos.
Asimismo, se incorpora el Programa Anual de Austeridad y Ahorro, como un instrumento clave para planificar, evaluar y rendir cuentas sobre el ejercicio presupuestal, fortaleciendo la disciplina financiera en el estado.

La propuesta también contempla limitar prácticas que afectan la confianza ciudadana, como el gasto excesivo en publicidad, la adquisición de bienes no esenciales o la creación de fideicomisos sin una evaluación clara de su utilidad pública.
Michel Sánchez subrayó que estas medidas no afectarán a las personas trabajadoras de base, ya que están dirigidas principalmente a corregir distorsiones en los niveles superiores de la administración pública. “Esta iniciativa es parte de una transformación de fondo en la forma de ejercer el poder público. Se trata de consolidar en Baja California la visión nacional de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, concluyó.