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• HR Ratings elevó la calificación de la entidad a A- con perspectiva estable, convirtiéndose en la tercera agencia internacional que respalda el plan financiero sexenal

Mexicali, Baja California.- La calificadora HR Ratings eleva la calificación crediticia de A- al Gobierno de Baja California que encabeza la Gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda y destaca la sólida capacidad de pago para hacer frente a las obligaciones crediticias en tiempo y forma.

Al respecto, la gobernadora Marina del Pilar destacó que HR Ratings se suma a las evaluaciones de Moody’s y Fitch Ratings, que también elevaron la perspectiva crediticia del estado a estable al reconocer el plan financiero sexenal.

“Estamos muy contentos porque esto es reflejo del trabajo eficiente y honesto de esta administración, en donde los recursos se destinan a proyectos prioritarios y de impacto directo a las familias bajacalifornianas que confían en nuestro gobierno”, comentó la mandataria estatal.

Por su parte el secretario de Hacienda, Marco Moreno Mexía señaló que como reflejo de las políticas financieras implementadas desde el inicio de esta administración que permitieron superar la crisis de liquidez heredada y revertir el déficit de las finanzas estatales, la calificadora HR Ratings aumenta la calificación de BBB+ a A- otorgando a este Gobierno una perspectiva estable.

“Hemos realizado una adecuada gestión de la deuda estatal, hemos sido efectivos en la recaudación de impuestos y hemos controlado de manera eficiente el gasto operativo”, señaló el funcionario.

Las tres agencias calificadoras internacionales elevan la capacidad crediticia de Baja California y destacan la solidez financiera y la capacidad que tiene la entidad para cumplir con las deudas, además de generar mayor confianza para los inversionistas, que permitirán mejorar las condiciones de vida de las personas residentes en Baja California.

•  Las instituciones públicas deben ser las primeras en cumplir estas disposiciones
•  Son un paso decisivo para erradicar la ignorancia, el machismo institucionalizado y la violencia normalizada en los entornos laborales públicos

Mexicali, Baja California.- El diputado Diego Alejandro Lara Arregui presentó una iniciativa de Reforma a la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, con la finalidad de que sea obligatorio para toda persona servidora pública, asistir a capacitaciones y cursos en materia de perspectiva de género.

Sobre su propuesta el Diputado Lara Arregui menciona que la violencia de género constituye cualquier acción u omisión, basada en el género, que provoque daño físico, sexual, psicológico o económico, ya sea en el ámbito público o privado.

Agregó que, en la actualidad, esta problemática se manifiesta de manera alarmante dentro de las instituciones públicas, donde actúa como un mecanismo estructural que reproduce desigualdades históricas y normaliza prácticas profundamente discriminatorias.

Frente a esta situación, diversas instituciones han comenzado a implementar cursos de perspectiva de género, reconociéndolos como una herramienta eficaz y transformadora para reeducar la conciencia de quienes integran el aparato estatal. Estas capacitaciones no son meras formalidades: son un paso decisivo para erradicar la ignorancia, el machismo institucionalizado y la violencia normalizada en los entornos laborales públicos.

En este contexto, la Ley de Capacitación en Materia de Género, de Prevención y Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres del Estado de Baja California, establece en su artículo primero la obligatoriedad de la formación en género para todas las personas servidoras públicas, independientemente de su jerarquía o función.

Sin embargo, a pesar de este avance legal, la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California aún no contempla de manera explícita la obligación de realizar dichos cursos en materia de perspectiva de género, lo que representa una barrera significativa para lograr una transformación real y duradera dentro de las instituciones, observó el legislador.

Por ello, considera urgente y necesario estipular como requisito obligatorio la participación en capacitaciones en género para toda persona que ocupe un cargo público, “no se trata únicamente de cumplir con un mandato legal, sino de promover un cambio profundo que permita visibilizar, desnaturalizar y erradicar las desigualdades y violencias estructurales que persisten en el ámbito institucional”.