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● Contempla insertar la modalidad de Violencia Vicaria

Mexicali, Baja California.- El legislador local Miguel Peña Chávez, entregó iniciativa de reforma que tiene como objeto el aumentar la pena para quienes cometan el delito de violencia familiar, proponiendo una pena mínima de tres años, mientras que como máxima quedaría en siete años, estableciéndose en el artículo 242 BIS del Código Penal del Estado.

La violencia familiar es una realidad en nuestro país, la cual desafortunadamente; empeoró aún más por la pandemia del virus Covid-19, el encierro, incertidumbre, el estrés y la presión por la situación económica, la educación a distancia de manera improvisada, entre otros factores, ocasionaron situaciones difíciles en los miembros de la familia en distintos contextos.

Derivado de lo anterior, “es necesario revisar el marco legal que protege a los integrantes de las familias de la violencia que se desata por otro miembro del núcleo familiar, por ejemplo; la restricción total o parcial de la libertad, y variadas consecuencias en la salud física y psicológica de mujeres, adultos, niñas, niños, jóvenes, adultos mayores o personas con discapacidad”, mencionó Miguel Peña.

El diputado también agregó que el propósito de esta iniciativa es no dejar lagunas jurídicas que beneficien a los delincuentes, y que dificulten sancionar este delito, incrementar las sanciones correspondientes y establecer que el delito se persiga de oficio, igual que su equiparable, y con ello, que la violencia familiar no escale a la violencia extrema o por razones de género, que pudiera constituir un feminicidio.

En comparación con otros estados, Baja California se encuentra por debajo de la media nacional en cuanto al mínimo de años de prisión ya que la mayoría de los estados parte de un año, así mismo con lo que respecta a la pena máxima, cabe resaltar que en otras entidades federativas la modificación a la pena surgió como una media de control ante el aumento de casos de violencia familiar.

Dicha iniciativa de reforma también contempla adicionar dentro del mismo artículo, la modalidad de “Violencia Vicaria” la cual se traduce como aquella manifestación de violencia por parte de quien mantiene o mantuvo una relación afectiva de pareja con la víctima, que por sí o por otra persona, utiliza a los seres queridos de la víctima, especialmente a las hijas y los hijos como instrumento para causarle daño.

Asimismo, Miguel Peña expuso que la pena debe ser un factor de inhibición psicológica para que los ciudadanos no se decidan a cometer un hecho delictivo, por ello en el caso que nos ocupa, la única manera de dar cierta fuerza intimidatoria a la pena sería hacerla legislativamente sólida para que se logre un efecto positivo.

Con base al razonamiento anterior, “el agresor deberá tener en cuenta que la pena que castiga el delito de violencia familiar se encontraría fuera de los alcances de una suspensión condicional del proceso, causando un efecto preventivo en este tipo de delito, lo que estadísticamente sería benéfico para el estado”, concluyó.

Mismo que corresponde al periodo del 1 de enero del 2020 al 31 de diciembre del 2019.

Mexicali, Baja California.- En Sesión de Clausura del Pleno del Congreso, las y los diputados integrantes de la XXIV Legislatura Constitucional de Baja California, analizaron y discutieron para su votación, el dictamen número 6 de la Comisión del Gasto Público, relacionado al informe de la cuenta pública de anual de la Universidad Autónoma del Estado de Baja California (UABC), correspondiente al período del 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019.
El dictamen fue aprobado con 19 votos a favor, 0 votos en contra y 1 abstención, en los mismos términos resueltos por los integrantes de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, órgano que preside la diputada Alejandra María Ang Hernández; resolución que fue dictaminada en sentido no viable en septiembre de 2021.

Como antecedente, se informa que, con fecha 05 de mayo de 2020 el Congreso del Estado recibió formalmente la Cuenta Pública Anual de la Universidad Autónoma del Estado de Baja California, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 19 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios.

La Entidad presenta, al cierre del ejercicio 2019, ingresos por Subsidios y Subvenciones por la cantidad total de $ 2,457,411,452, observándose diversas situaciones, incumplimientos y recomendaciones pendientes de solventar. Posteriormente, en el seno de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Congreso del Estado, en fecha 14 de septiembre de 2021, se realizó un análisis pormenorizado, así como las discusiones técnicas del contenido del Informe Individual emitido por la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Baja California, documento base para la elaboración del presente dictamen de cuenta pública.

Lo anterior de conformidad al artículo 56 Fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, la Comisión de Fiscalización del Gasto Público es una Comisión de Dictamen Legislativo del Congreso del Estado y le corresponde, entre otros asuntos, el conocimiento, estudio y dictamen de los Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública Anual, determinados en los Informes Individuales de cada una de las auditorías practicadas a las Entidades Fiscalizadas por la Auditoría Superior.