Mes: octubre 2026

• Plantea crear un protocolo que oriente y canalice a las víctimas para reducir el riesgo de interrupción, abandono o cierre de sus actividades

Mexicali, B.C.- Con el propósito de fortalecer la atención a personas y negocios afectados por el delito de extorsión, la diputada Santa Alejandrina Corral Quintero presentó una iniciativa para establecer un mecanismo institucional que permita orientar y canalizar a las víctimas cuando su actividad económica se encuentre en riesgo de interrupción, abandono o cierre.
La propuesta busca reformar la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión para el Estado de Baja California, a fin de que la respuesta de las autoridades también considere las consecuencias que este delito puede generar en la continuidad de las actividades económicas.
La legisladora señala que los efectos de la extorsión pueden ir más allá de la afectación patrimonial, pues también pueden poner en riesgo empleos, ingresos familiares y la permanencia de actividades productivas cuando las víctimas enfrentan amenazas contra su integridad, la de sus familias, trabajadores o bienes.
Por ello, propone la creación de un Protocolo de Orientación y Canalización para la Continuidad de Actividades Económicas Afectadas por Extorsión, dirigido a personas físicas o morales cuya actividad se encuentre en riesgo como consecuencia de este delito.
Este mecanismo establecería rutas para facilitar el acceso de las víctimas a las medidas de protección, atención y asistencia que ya contempla la legislación, mediante la coordinación entre las autoridades competentes y sin interferir con las facultades de investigación y persecución del delito.
Asimismo, la iniciativa plantea incorporar a la Estrategia Estatal para prevenir y combatir la extorsión acciones de orientación, canalización y coordinación institucional destinadas a prevenir o reducir el cierre, abandono o interrupción de actividades económicas afectadas.
Cabe destacar que la propuesta no contempla la entrega automática de subsidios, créditos, condonaciones o apoyos económicos, sino aprovechar los mecanismos y recursos institucionales existentes para establecer una ruta clara de atención ante las consecuencias económicas derivadas de la extorsión.
De aprobarse la reforma, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación con las autoridades competentes, deberá diseñar el protocolo e incorporar las acciones correspondientes a la Estrategia Estatal dentro de los 180 días naturales posteriores a la entrada en vigor del decreto.

Invertir en salud, es invertir en la vida, el bienestar y el futuro de Baja California y de México
• Como Presidenta de la Comisión de Salud, refrenda su compromiso de seguir impulsando una agenda donde el presupuesto tenga rostro humano y sea prioritaria la salud

Mexicali, B.C.- Al hacer uso de la tribuna durante la sesión de pleno, la Diputada Gloria Arcelia Miramontes Plantillas enfatizó en que invertir en salud, es invertir en la vida, el bienestar y en el futuro de Baja California y de México.

“Porque cuando hablamos de presupuesto para salud, no estamos hablando únicamente de números, estamos hablando de vidas, de familias y de oportunidades. Cada hospital construido debe significar más personas atendidas”.
Añadió la legisladora de Morena que: cada unidad médica fortalecida debe significar mayor acceso, y que cada peso destinado a medicamentos debe traducirse en tratamientos que lleguen a quienes los necesitan.
También subrayó que los programas de prevención deben representar una oportunidad para evitar que una enfermedad avance o que una vida se pierda. Por eso, desde esta tribuna, hago un llamado a que el Paquete Económico 2027 mantenga una visión responsable y socialmente comprometida con la salud.

La prevención, la atención médica, la salud mental, la infraestructura y el acceso a medicamentos formen parte de una misma visión: garantizar el derecho a la salud de todas y todos.
En su posicionamiento, mencionó además que, la universalización de los servicios de salud representa una aspiración legítima y necesaria. Pero que universalizar no significa solamente ampliar la cobertura en el papel.
Significa que una persona, independientemente de su condición económica o de si, cuente o no con seguridad social, pueda recibir atención digna, oportuna y de calidad.
“Y ahí está precisamente nuestra responsabilidad como legisladores: acompañar las decisiones presupuestales que permitan avanzar, pero también exigir que existan mecanismos para medir sus resultados”.
Finalmente, puntualizó que, en su calidad de Diputada Presidenta de la Comisión de Salud, refrenda su compromiso de seguir impulsando una agenda en la que el presupuesto tenga rostro humano; una agenda, donde sea prioritaria la salud.