- Su objetivo es que quien abandone su función pública; permita el deterioro institucional por comodidad, desinterés o sumisión política, reciba una sanción penal proporcional, ejemplar y reparadora
- Establece penas de 2 a 6 años de prisión para el servidor público que omita deliberadamente su prestación y provoque un riesgo para la vida, salud o derechos fundamentales de ciudadanía
Mexicali, Baja California.- La Diputada María Yolanda Gaona Medina, presentó una Iniciativa con proyecto de decreto, para reformar el Código Penal del Estado, con el propósito de tipificar una nueva figura delictiva, el abandono institucional.
“Lo hago con absoluta convicción jurídica, con responsabilidad política y, sobre todo, con el respaldo de miles de ciudadanos que viven día a día el deterioro, la omisión y el abandono de quienes debieron servir, pero eligieron ausentarse”, enfatizó la legisladora del PAN.
Luego expuso que, no es negligencia, cuando una autoridad deja de dar mantenimiento al centro de salud de su colonia durante años; y no es descuido cuando una unidad deportiva no recibe un solo peso de inversión, en todo un sexenio.
“Y no es casualidad -dijo- que nuestras calles cada vez están en peores condiciones y más de la mitad de las luminarias de las colonias están apagadas desde hace meses. Eso no es olvido, eso es abandono institucional”.
Por ello, esta reforma busca que, quien abandone su función pública, quien permita el deterioro institucional por comodidad, desinterés o sumisión política, reciba una sanción penal proporcional, ejemplar y reparadora.
La adición del artículo 291 Bis a dicho Código, establece penas de dos a seis años de prisión y hasta diez años de inhabilitación, para el servidor público que, teniendo la obligación de garantizar servicios esenciales como salud, agua, seguridad, educación, alumbrado, asistencia social o mantenimiento urbano, omita deliberadamente su prestación, provocando un riesgo real para la vida, salud o derechos fundamentales de la ciudadanía.
Y se agrava aún más la pena, si el abandono afecta directamente a personas en condición de vulnerabilidad, niñas y niños, adultos mayores, personas con discapacidad o en situación de pobreza.
Añadió que no se trata solamente de castigar, sino también de dignificar el servicio público, de recordarle a quienes gobiernan que, su obligación no es con un partido, ni con un jefe político, sino con la gente. Y se trata de darle voz, por fin, a una ciudadanía que ha sido víctima del abandono durante años.
Finalmente, puntualizó que esta reforma nace desde una bancada responsable, pero sobre todo nace desde el hartazgo de los ciudadanos. Porque gobernar mal debe tener consecuencias, y dejar morir un servicio público, también es una forma de violencia institucional.
