Mes: mayo 2025

• Con su implementación busca dar un paso firme hacia la prevención real de la violencia de género; proteger a la víctima y vigilar al agresor
•  “En casos de alto riesgo, los minutos salvan vidas”: Diputado

Mexicali, Baja California.- El Diputado Adrián Humberto Valle Ballesteros, indicó que, con su iniciativa de reforma al Código Penal del Estado busca dar un paso firme hacia la prevención real de la violencia de género, con la implementación obligatoria de brazaletes de monitoreo electrónico dual en casos de riesgo, para proteger tanto a la víctima como para vigilar al agresor.

Añadió que es una herramienta probada, efectiva y urgente, al emitir un posicionamiento, relativo a su iniciativa de reforma a diversos artículos del Código Penal del Estado y de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia Estatal.

“No estamos aquí para culpar a las víctimas, ni para revictimizarlas. Sabemos que muchas mujeres permanecen en círculos de violencia por razones emocionales, económicas o familiares. Esta herramienta no limita su libertad; la protege. Porque incluso cuando una mujer perdona, el Estado no puede bajar la guardia”.

Citó el caso de Daryela Valdez Rocha, asesinada en 2023 después de haber perdonado a su agresor, “nos duele profundamente” y cuestionó sobre qué hubiera sucedido, si el Estado hubiera tenido la facultad de actuar, aún en contra de esa decisión personal. “Tal vez hoy estaría viva”, por lo que hizo hincapié en que su intención es evitar más historias como la de ella.

Por ello, con su iniciativa el Diputado Humberto Valle plantea entre otras bondades, que el Ministerio Público tenga la facultad de ordenar el uso de estos dispositivos de manera inmediata, sin esperar una sentencia judicial, en concordancia con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, “porque en casos de alto riesgo, los minutos salvan vidas”.

Luego refirió que, en Coahuila, estos brazaletes ya han demostrado ser una medida eficaz para evitar feminicidios. Debido a que cuando se establece una distancia mínima obligatoria entre víctima y agresor, y se cuenta con una alerta inmediata en caso de violación, el Estado puede actuar a tiempo.

Así mismo, subrayó que Baja California no puede quedarse atrás, “tenemos la responsabilidad, la facultad y, sobre todo, la obligación moral y jurídica de hacer todo lo que esté en nuestras manos para proteger la vida de las mujeres, y asignar recursos a esta medida no es un gasto, es una inversión en justicia, en seguridad, en vida”.

Finalmente, puntualizó: “Les pido su respaldo (diputaciones), porque cada día que postergamos una decisión como esta, es un día más en el que una mujer corre peligro. Y hoy, tenemos la oportunidad de hacer historia y de colocar a nuestro Estado en la vanguardia de la protección efectiva contra la violencia de género”.

•  Emiten declaratoria tras aprobación de la reforma por los siete cabildos municipales del estado
•  Aspirantes deberán contar con al menos cinco años de experiencia en combate a la corrupción o derecho electoral

Mexicali, Baja California.- En sesión extraordinaria del Congreso del Estado, se emitió la declaratoria de incorporación constitucional de la reforma al artículo 70 de la Constitución Política de Baja California, con la cual se exigen nuevos requisitos de experiencia especializada para quienes aspiren a encabezar la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

De acuerdo con el proceso legislativo, la declaratoria se emite una vez que la mayoría de los cabildos municipales del estado aprueben la reforma constitucional, cumpliendo así el requisito establecido en el artículo 112 de la Constitución local.

La iniciativa, impulsada por el diputado Diego Echevarría Ibarra, establece que los futuros titulares de dichas fiscalías deberán acreditar no solo título profesional en Derecho, sino también al menos cinco años de experiencia profesional comprobable en los temas específicos de cada instancia: combate a la corrupción y responsabilidades administrativas en el primer caso, y derecho electoral en el segundo.

El promovente argumentó que esta modificación busca generar condiciones de igualdad de oportunidades al eliminar restricciones que privilegiaban exclusivamente a perfiles internos de la Fiscalía, permitiendo así la participación de profesionistas con experiencia especializada en los sectores público o privado.

Además, subrayó la importancia de la especialización técnica, con el fin de garantizar que los responsables de dichas fiscalías cuenten con las herramientas jurídicas necesarias para desempeñar sus funciones con eficacia y enfoque.

Otro de los beneficios señalados es el enriquecimiento institucional, al permitir la incorporación de perspectivas externas al aparato de procuración de justicia, fortaleciendo así las capacidades del sistema con enfoques diversos.

Con esta declaratoria, la fracción III del artículo 70 de la Constitución Política del Estado queda modificada para establecer que las personas titulares de las fiscalías especializadas podrán acreditar experiencia en áreas directamente relacionadas con sus funciones, como responsabilidades administrativas, combate a la corrupción o derecho electoral, sin limitarse exclusivamente al ámbito de procuración de justicia.