Mes: septiembre 2018

Mexicali, Baja California.- Con el fortalecimiento de infraestructura en apoyo a la atención de los ciudadanos, incremento en las judicializaciones de carpetas de investigación, más dotación de equipo forense y mejoras en la atención de víctimas con el uso de protocolos, Baja California cuenta con una Procuraduría más fortalecida, sólida y moderna.

Así lo destacó la Procuradora General de Justicia del Estado, Perla Ibarra Leyva, durante su participación en la Glosa del Quinto Informe de Labores del Gobernador Francisco Arturo Vega Lamadrid, ante diputados de la Comisión de Justicia de la XXII Legislatura de Baja California.

En su comparecencia, la titular de la PGJE enumeró los logros alcanzados en materia de justicia y los retos que se tienen en la materia.

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Acompañada por su equipo de trabajo, Ibarra Leyva destacó que se mantiene la consolidación del Sistema Penal Acusatorio, donde en el último año se logró que los jueces dictarán un 19% más vinculaciones a proceso de imputados.

En medidas cautelares dictadas por los jueces a petición del Ministerio Público, se incrementó un 30% y en particular la medida de prisión preventiva aumentó un 38% con 4 mil 130.

Así mismo, en el periodo se obtuvieron mil 890 sentencias condenatorias, mismas que representan una efectividad del 99% del total.

La titular de la PGJE, destacó los resultados obtenidos dentro del Sistema Estatal de Justicia Alternativa Penal, donde se lograron 11 mil 175 asuntos resueltos satisfactoriamente mediante un acuerdo reparatorio, donde se recuperó un monto de 40 millones 735 mil pesos y donde la Procuraduría de Baja California obtuvo el primer lugar nacional en acuerdos reparatorios, en una medición elaborada por la Secretaría de Gobernación.

Como parte del fortalecimiento y la solidez de la institución, el tema de investigación científica, es uno de los pilares que sostiene la labor que realiza la dependencia estatal.

Se adquirió un extractor digital para el área de Informática Forense, una base de datos de almacenamiento y cotejo automatizado de perfiles genéticos, un parador balístico y cuatro laboratorios móviles.

En materia de atención a víctimas del delito, se elaboró la guía de atención integral en los casos de personas desaparecidas y no localizadas, una guía de asistencia psicológica a niñas, niños y adolescentes durante el proceso penal.

Agregó que para una mejor atención se implementó la elaboración de un Informe Victimal, al ser la primera Procuraduría en el país en hacerlo.

La incidencia en secuestro representa un 89% menos que hace 10 años

-Por quinto año consecutivo, la presente Administración estatal mantiene especial atención al delito de secuestro.

-Se detuvieron a 31 implicados en este delito con la liberación con vida de todas las víctimas.

-Se desarticularon 11 bandas dedicadas al secuestro.

-El Grupo Antisecuestro de la PGJE es una unidad con reconocimiento nacional.

Atención al delito de homicidio doloso

-Se fortalecieron las Unidades de Homicidios a través de una restructuración para mejores resultados, mismas que pasaron a las subprocuradurías de zona en Tijuana y Mexicali.

-En Tijuana, durante en los meses de junio y julio, se registró un incremento del 42% en judicializaciones en relación a los meses de enero a mayo.

-En coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, se implementó una consulta biométrica de bases de datos por medio de la huella dactilar a las víctimas de homicidio, con resultado de 42 cuerpos identificados, apoyando la situación que hay en el Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde el 20% de cuerpos que llegan no son reconocidos.

-El 80% de los homicidios dolosos se registran en Tijuana.

-El móvil principal se concentra en la actividad de narcomenudeo y delincuencia organizada en zona Costa.

Policía Ministerial del Estado

-5 mil 635 órdenes de aprehensión y reaprehensión cumplimentadas.

-2 mil 910 operativos preventivos y disuasivos.

Reducción de incidencia dentro de la Cruzada Estatal por la Seguridad: tarea de todos

-Se recuperaron 5 mil 452 unidades robadas.

-La desarticulación de 21 bandas delictivas. En robo de vehículos.

-Derivado de las acciones y su impacto, hubo una reducción en la incidencia delictiva en el robo de vehículos. En Mexicali un 30%, Playas de Rosarito 24, Tijuana con un 22%, Tecate con un 11%, y Ensenada fue de 7%.

-También hubo disminución de la incidencia en robos en sus distintas modalidades.

Infraestructura

-Se avanzó en un 50% la obra física y construcción de la primera etapa del edificio de Servicios Periciales en Mexicali.

-Conclusión del área de recepción y módulo de Atención Ciudadana en el Centro de Justicia Poniente en Mexicali.

-Construcción del gimnasio del Centro de Capacitación para la Policía Ministerial.

-Trabajos de construcción de la primera etapa del Centro de Justicia Penal en Tecate.

-Con recursos provenientes de BANOBRAS, se continúa con los trabajos de construcción de la primera etapa del Nuevo Centro de Justicia la Encantada en Tijuana.

-Construcción de áreas de seguridad y resguardo, para la unidad anti-secuestros de PGJE y el Centro de Capacitación Virtual para la Policía Ministerial.

-Diseño, construcción y adaptación de espacios del módulo de atención ciudadana de la Unidad Especializada de Robo de Vehículos en Ensenada.

• Esta técnica se comenzó a utilizar en las calles de Los Ángeles, California, con éxito

Mexicali, Baja California.- El pleno del Congreso local aprobó una propuesta del diputado Job Montoya Gaxiola para exhortar al gobierno federal, al estatal y a los cinco Ayuntamientos de Baja California, a fin de que consideren dentro de sus programas de obras públicas la aplicación del revestimiento en color blanco en la pavimentación.

El punto de acuerdo fue presentado en tribuna y apoyado de manera unánime, durante la reciente sesión ordinaria celebrada por la Vigésima Segunda Legislatura, bajo la coordinación de la diputada Rocío López Gorosave, presidenta de la Mesa Directiva.

“El Congreso del Estado de Baja California hace un respetuoso exhorto al Gobierno federal, al Gobierno del Estado y a los Gobiernos municipales de Mexicali, Tijuana, Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito para que lleven a cabo las acciones necesarias para analizar la viabilidad técnica, financiera y presupuestal para incorporar en sus respectivos presupuestos de egresos, para el año fiscal 2018, programas de pavimentación utilizando la técnica conocida como “cool pavement” o “pavimento fresco”, consistente en pintar las calles con un revestimiento especial de color blanco, que se lleva a cabo en la ciudad de Los Ángeles, California”.

Este es punto de acuerdo propuesto por el diputado Job Montoya, quien explicó en la tribuna: “a más calor, más gasto energético, más aires acondicionados, más impacto ambiental, más dinero. Esto es algo que, en verano de altísimas temperaturas y sequías pronunciadas, afecta a mucha gente”

Expuso que las ciudades de Baja California, particularmente Mexicali, padece veranos intensos que obligan, tanto a las autoridades como a las familias, a realizar importantes erogaciones económicas para disminuir las sensaciones de calor.

Dijo que, sin embargo, la aplicación de métodos novedosos y un uso de las nuevas tecnologías han dado resultados positivos en beneficio de las ciudades, “pues gracias a la nueva tecnología, iconoclasta en apariencia, pero tomada muy en serio por los ecologistas expertos, está siendo sometida a prueba en la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Job Montoya se refirió a una técnica conocida como “cool pavement” o “pavimento fresco”, pintando algunas calles a lo largo de la ciudad con un revestimiento especial de color blanco grisáceo.

Aseguró que su iniciativa que se ha puesto en práctica en la mencionada ciudad estadunidense por primera vez se toma en serio, luego de que en el Berkeley Lab, lo han estudiado durante muchos años y sus conclusiones son que cambiando el color del pavimento se puede reducir hasta un 50% el calor que generan las vialidades.

• Busca clarificar en la Ley, quienes y como podrán solicitar la orden de protección
• Plantea reforma al Código Penal local para que se sancione al agresor conforme al delito de resistencia de particulares, con prisión hasta de 4 años

Mexicali, Baja California.- Ante la necesidad de clarificar y otorgar mayor certidumbre en pro del combate a la violencia de la mujer, la diputada Blanca Patricia Ríos López, presentó una iniciativa de reforma a la Ley en la materia y al Código Penal local.

La legisladora del PRI, expuso que en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja California que pretende reformar, se contemplan las órdenes de protección, cuyo propósito es el de prevenir, interrumpir o impedir que se realicen actos violentos en contra de la mujer, y garantizarle a la víctima que, ante la denuncia realizada, contará con el apoyo y protección de la autoridad gubernamental.

Sin embargo, consideró que el contenido legislativo Estatal, no prevé con claridad quién o quiénes podrán denunciar o solicitar las órdenes de protección, ni tampoco la sanción o acto a seguir, cuando dictada una orden de protección por parte de los jueces municipales el agresor incumpla con dicha resolución, dejando entonces, la posibilidad por parte del agresor de romper con la determinación emitida, sin ser sancionado.

Por tales motivos, y en aras de velar por el interés y salvaguarda la integridad física y psicológica de toda mujer agredida, se busca clarificar en la Ley, quienes y como podrán solicitar la orden de protección.

Entre otras bondades, en esta iniciativa de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de Violencia Estatal, se pretende dar cabida a la atribución de que los jueces municipales que hayan decretado la implementación de una orden de protección, puedan imponer las medidas y sanciones previstas en sus ordenamientos municipales, ante el incumplimiento de las órdenes de protección por parte del agresor.

Finalmente, Patricia Ríos plantea una reforma al Código Penal local, a efectos de que el tipo penal y sanción puedan encuadrar en el incumplimiento de un mandato de autoridad, buscando así, que se sancione al agresor conforme al delito de resistencia de particulares, con prisión de seis meses, hasta de cuatro años.