JUZGUE USTED
Lic. Francisco Castro Trenti
Hace 9 años publiqué esta editorial, que hoy sale a colación por los tiempos que se viven. Y no me refiero a la época electoral sino al clima de inseguridad y elevada criminalidad que se ha generado a partir de la puesta en marcha del NSJP (Nuevo Sistema de Justicia Penal), ya no tan nuevo porque su vigencia en Baja California data de 2010 y en pleno vigor a partir de 2016 en el país, tema del que hace unos días se ocupó un diario tijuanense convocando a un foro algunos conocedores del tema, otros interesados en este y pocos expertos del mismo como el regidor independiente Roberto Quijano Sosa, abogado de profesión. Debo confesar que se comentaron algunos disparates como el de un doctorado en Derecho de nombre Benigno Licea que habla del trillado e inexacto tema de “falta de preparación de los funcionarios del sistema”. De pena ajena. Y ese es el problema fundamental que no permite corregir el rumbo: que cada tres o seis años salen interesados (y uno que otro que se siente iluminado) en opinar y debatir sin conocer a fondo el tema y, mucho menos, sin tener la experiencia profesional – operativa que permita detectar las fallas, hacer las sugerencias necesarias y realizar los ajustes legislativos que no sólo enderecen el rumbo del barco sino que lo saquen a flote del inminente naufragio. Conste que no es retórica sino que la numeralia delictiva así lo indica, reiterando que Tecate es la excepción a la regla a pesar de Tirios y Troyanos. Así que, antes de referirme a detalle al foro periodístico realizado en Tijuana, va la siguiente transcripción de lo que escribí en mayo de 2009, muy ad hoc a lo que hoy se vive –y padece-.
“Las campañas electorales para diputados federales comienzan a tomar vuelo –jornada 2009-, y debemos estar preparados a escuchar toda clase de ofrecimientos y promesas en los candidatos, quienes en aras de conseguir el voto harán una serie de planteamientos, de los que deberemos ser receptivos y analíticos.
El principal tema que deben abordar, y que bajo ninguna circunstancia puede evitarse, es lo relativo a la inseguridad que se vive en gran parte del país; no obstante, no faltarán quienes sostengan propuestas más mediáticas que efectivas, las que, en la realidad, de nada habrían de servir.
Hay quienes sostienen, por ejemplo, la pena de muerte a secuestradores y otros, más ‘claridosos’, sostienen que se imponga a quienes no sólo secuestren, sino que hayan matado a la víctima. Servirá sólo para pose electorera, pero para nada más. Si lo que se pretende es asustar a los delincuentes con tales posturas, la verdad es que no alcanza siquiera para eso.
Al contrario, debe voltearse la vista a lo que dijo el presidente Calderón en su discurso de toma de posesión, al señalar que “las instituciones responsables de la seguridad pública requieren transformaciones profundas para incrementar sustancialmente su eficacia”. Y estas -las transformaciones profundas- no se han dado, no obstante que en el mismo discurso instruyó al gabinete de seguridad nacional a que en un plazo de noventa días presentaran “un programa se seguridad para renovar los mecanismos de procuración e impartición de justicia”.
En el mismo tenor, hay otros que sugieren se aumenten las penas de los delitos, lo que también es incorrecto. Y esto es así porque las leyes penales son, en sí, buenas leyes, no así los mecanismos de prevención del delito, de investigación criminal y de captura de los delincuentes.
¿De qué sirve implementar la pena de muerte, o la cadena perpetua, si los delincuentes siguen en la calle?
En noviembre de dos mil seis escribí (En mi libro “Hablando en serio. Puntos de vista en seguridad y justicia”): “En el esquema de seguridad y justicia hay tres renglones preponderantes: el que protege y previene, el que investiga y captura, y el que juzga y condena. Llegar al eslabón del juzgamiento es lo último que debemos esperar; antes está la captura de los pillos pero, créame, no habría a quien capturar si las medidas de prevención funcionaran. Pero para que estas medidas funcionen tienen que, en primer lugar, existir, pero existir no por ocurrencia o corazonada, por balandronada o por mera publicidad. No. Tienen que nacer a partir del reconocimiento del serio -grave- problema y del compromiso firme de atacarlo, en lugar de ponerse a pensar cómo Pedro se hará de mulas.”
En la actualidad se ha reconocido el problema, y se ha visto, también, el compromiso firme de atacarlo; pero aun así, no se dan los resultados que debieran, por lo fallido de las estrategias.
¿Qué tienen que hacer, entonces, los legisladores federales, para apoyar el combate a la delincuencia? Sin duda, proponer las reformas legales necesarias que fortalezcan el trabajo forense-policíaco y, también, sentar las bases para que el entorno personal y familiar de quienes participan operativamente en esta lucha les genere confianza y tranquilidad. ¿Cuáles son éstas? Allí estriba, precisamente, la diferencia. La diferencia entre la verborrea y el conocimiento. La diferencia entre el compromiso y el querer salir del paso. La diferencia entre querer y poder. Y es, entonces, en donde se deberá ser muy receptivo y analítico, porque, seguramente -ojala me equivoque- más de uno saldrá con las trilladas frases de que ‘hay que atender las causas y no los efectos’, ‘prevenir y no castigar’, ‘la desintegración familiar’ y bla bla bla.
¿Analizarán, acaso, los elementos del combate a la delincuencia? ¿Pensarán cómo puede un policía -honrado y entregado, claro- de cualquier corporación, realizar su trabajo diario sintiéndose seguro? ¿qué requiere para arriesgar la vida de ser necesario, y no darle la vuelta al peligro? ¿qué requiere para no confabularse con la delincuencia?
Esas respuestas, y varias más, son las que deberán dar los candidatos. Porque sí interesa la salud, como también interesa la economía, pero, indudablemente que sin seguridad nada puede florecer.
¿De qué sirve a un comerciante, a un empresario, a un profesionista, a cualquier trabajador dedicado, ser exitoso en su labor, si esto lo hace candidato a ser víctima de la delincuencia?
El distractor de la ‘influencia porcina’ (El 18 de marzo de 2009 se detectó el primer caso en México, en una comunidad de Veracruz. Posteriormente se identificó el virus como AH1N1.) va a la baja. Poco duró para restarle la atención a los problemas torales de la vida diaria como son, precisamente, la seguridad y la crisis económica. ¿Fue tan grave como se manejó? ¿Las medidas sanitarias fueron las mismas cruzando la frontera? ¿Por qué San Diego, El Paso y otras fronteras, continuaron con su vida normal? ¿Tendrá algo que ver la contingencia sanitaria, con la contingencia electoral que se avecina? A ver qué dicen los expertos.” Continuará, la próxima semana, con el análisis del foro que he referido al inicio.
Tecate, Baja California. – ¨El fondo metropolitano tiene que cambiar, por eso es importante mandar senadores con experiencia, y no que lleguen a aprender¨, expresó Jorge Ramos durante su visita a Tecate.
Tecate, Baja California. – El candidato de la coalición Jorge Ramos Hernández, realizó una visita a Tecate, en donde tuvo un encuentro con la prensa.
Tijuana Baja California.- Jorge Ramos Hernández, Candidato a Senador de la Coalición Por México al Frente, externó que uno de los principales enemigos del progreso de nuestro país y en particular de Baja California es la política de gobierno centralista, lo anterior durante su participación en la sesión del Grupo Madrugadores de Playas de Tijuana.
Mexicali, Baja California.- La Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Congreso del Estado, que preside la diputada Eva María Vásquez Hernández, analizó el manejo presupuestal de ocho entidades auditadas, correspondiente al ejercicio fiscal de 2016, tras de lo cual aprobó siete de ellas y rechazó la correspondiente al FIDUE.
Tecate, Baja California.- Una reforma a la Ley de Migración para reforzar los mecanismos de internación a México y disminuir los índices delictivos cometidos por extranjeros forma parte de los compromisos que asumirá Juana Laura Pérez Floriano, candidata al Senado de la República por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).