Mes: marzo 2018

La legisladora exhorta al Secretario de Gobierno a que informe sobre el incumplimiento de las recomendaciones de organismos nacionales.

Mexicali, Baja California.- La diputada Claudia Josefina Agatón Muñiz, presentó un punto de acuerdo por medio del cual solicita a la Procuraduría General de Justicia del Estado, información desglosada por escrito sobre los casos de homicidios de mujeres durante los años 2016, 2017 y 2018, así como el estado en que se encuentran sus carpetas de investigación.

De igual forma, exhorta al Secretario de Gobierno del Estado a que informe la causa del incumplimiento de las recomendaciones que hizo al gobernador Francisco Vega Lamadrid, la Comisión Nacional para Atender, Erradicar y Prevenir la Violencia contra la Mujer, para atender en sus causas los problemas de violencia contra las mujeres en Baja California.

La legisladora resaltó que según declaraciones de la titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, emitidas el pasado mes de noviembre, se registraron 13 casos como posibles feminicidios, de más de 114 mujeres asesinadas durante el año 2017.

Para diciembre del 2017, el registro ya había aumentado a 147 mujeres asesinadas de manera violenta, 55 víctimas más, que las registradas durante el año 2016. De esta cifra, solo unas cuantas muertes fueron consideradas como feminicidios, representando un 3 por ciento del total.

Por tal razón, Claudia Agatón opinó que resulta inaceptable, que se diga que los asesinatos en donde las víctimas son mujeres, se deben a causas imputables a las propias mujeres.

“Vestir de acuerdo al gusto personal, salir a cualquier hora, conocer personas, beber una copa, enamorarse y casarse no son causas para que se asesine a una mujer”, enfatizó.

Luego resaltó que en el año 2015, se presentó una solicitud para que se emitiera una de Alerta por Violencia de Género en Baja California, por parte de la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos.

Como resultado de dicha solicitud, se integró un grupo de trabajo para darle seguimiento, la cual en 2016, se consideró que no era procedente. Sin embargo, ese mismo año el gobierno estatal y organizaciones civiles, instalaron cuatro mesas de trabajo para dar seguimiento a las 14 recomendaciones que emitió el equipo de investigadoras designado por la Secretaría de Gobernación.

Finalmente puntualizó que el año pasado, se llevó a cabo un foro de análisis del cumplimiento de estas recomendaciones, resultando que existen temas relevantes que no se han cumplido por parte del gobierno el Estado y que otras se han atendido solo parcialmente.

Cabe mencionar que esta iniciativa de Claudia Agatón, fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos.

Fue presentada por la diputada Eva María Vázquez y se sumaron los legisladores de otras fracciones parlamentarias
Fue turnada a la Comisión de Protección Civil.

La pretensión es que esos organismos sean subsidiados por la autoridad.

Mexicali, Baja California.- Los diputados integrantes de la XXII Legislatura apoyaron una iniciativa de reforma al artículo 73 de la Ley de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos del Estado, cuyo objetivo es subsidiar a las organizaciones civiles para que cumplan con su cometido.

La propuesta fue presentada por la diputada Eva María Vázquez Hernández, a nombre de la fracción parlamentaria del PAN, durante la sesión ordinaria celebrada este día, bajo la coordinación del diputado Mtro. Raúl Castañeda Pomposo, en su calidad de presidente de la Mesa Directiva del Congreso local.

La legisladora expuso que en fecha reciente se modificó la citada Ley con el objeto de que ninguna entidad deba promover estímulos económicos para Organismos de la Sociedad Civil (OSC) que no cumplan con el programa interno de protección civil.

Explicó que para cumplir con este programa, solo en trámites de cada OSC gastará inicialmente cuando menos 45 mil pesos, dado que se compone de tres dictámenes; el estructural, el de gas y el de energía.

Pero, además, se condiciona el dictamen a la contratación de un seguro de protección civil (daños a terceros y vida) que se calcula por usuario de cada OSC y que tiene un costo individual de 2,500 pesos Citó a manera de ejemplo, que un Centro que tiene 50 adultos mayores, deberá pagar anualmente 125 mil pesos.

Eva María precisó que el impacto del artículo 73, comprende a cerca de 400,000 mil personas afectadas en todo el Estado, según datos que aporta el Consejo Estatal de Fomento a las Actividades de Bienestar Social, pues en todo Baja California existen 1, 289 asociaciones civiles.

La diputada agregó que los usuarios afectados reciben servicios de Organismos de la Sociedad Civil, entre otras, bajo las siguientes modalidades: asilos de ancianos o casas hogar, enfermos mentales, albergues para niños, atención a migrantes y centros de rehabilitación.

La iniciativa plantea que toda OSC deberá cumplir con el programa interno de protección civil previsto por ésta Ley; pero las autoridades brindarán el apoyo económico necesario para el cumplimiento de esta obligación y que las entidades, dependencias u organismos de gobierno, incentivarán a las organizaciones de la sociedad civil que cumplan con el programa interno de protección civil.

En el artículo transitorio se establece que tanto la autoridad estatal como las municipales previstas por esta Ley impulsarán a las OSC para que cumplan con el programa interno de protección civil y les brindarán la asesoría necesaria.

Una vez que fue presentada la iniciativa, la cual fue turnada a la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, se sumaron a la propuesta los diputados de la fracción parlamentaria del PRI, al igual que los diputados Job Montoya (MC) y Claudia Agatón (PT)

“Más que en la sanción, se hace énfasis en la protección y corrección para incorporarlos al núcleo familiar conforme las resoluciones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en la Declaración de los Derechos del Niño”, precisa el Diputado Federal.

Ciudad de México.- El Diputado Federal por Baja California José Máximo García López, propuso un tratamiento jurídico especial ante los delitos cometidos por menores de edad.

El también integrante de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, sostuvo que para este efecto presentó una adición a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

Consideró que la iniciativa encaminada a crear la Ley Nacional de Justicia para Adolescentes está enfocada en regular un sistema integral de oportunidades de readaptación.

“Más que en la sanción, se hace énfasis en la protección y corrección para incorporarlos al núcleo familiar conforme las resoluciones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en la Declaración de los Derechos del Niño. Se cuenta con una serie de principios que han servido para desarrollar la doctrina de la “protección integral”, con la cual se supera la concepción del menor sujeto de tutela pública al considerar a los niños y adolescentes como personas con capacidad jurídica”, precisó García López.

El Legislador explicó que al reconocerse que los menores de edad por su falta de madurez física y mental, necesitan la protección y cuidados especiales, es necesario el establecimiento de un Sistema Integral de Justicia que garantice el respeto irrestricto de los derechos fundamentales.

“Estos derechos incluyen el principio de subsidiariedad, la regulación de las formas alternativas de justicia para la solución de conflictos y la atención expedita para restaurar su situación y que en la mayoría de los casos no obtiene los resultados esperados convirtiéndose en objeto de una nueva victimización”, afirmó.

En este sentido, la propuesta del Diputado Federal por Baja California platea que el Ministerio Público adolecente solicite el procedimiento, para lo cual se deberá formular la acusación y exponer los datos de prueba que la sustentan. La acusación deberá contener la enunciación de los hechos que se atribuyen, su clasificación jurídica y grado de intervención, así como las penas y el monto de reparación del daño; entre otros.

En tanto que cuando el acusado no haya sido condenado previamente por delito doloso y el delito por el cual se lleva a cabo el procedimiento abreviado es sancionado con pena de prisión cuya media aritmética no exceda de cinco años, incluidas sus calificativas atenuantes o agravantes, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta una mitad de la pena mínima en los casos de delitos dolosos y hasta dos terceras partes de la pena mínima en el caso de delitos culposos, de la pena de prisión que le correspondiere al delito por el cual acusa, entre otros.

“La oposición de la víctima u ofendido sólo será procedente cuando se acredite ante el Juez de control que no se encuentra debidamente garantizada la reparación del daño y el Juez de control emitirá su fallo en la misma audiencia, para lo cual deberá dar lectura y explicación pública a la sentencia, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, explicando de forma concisa los fundamentos y motivos que tomó en consideración”, subrayó el Legislador.

Max García puntualizó que no podrá imponerse una pena distinta o de mayor alcance a la que fue solicitada por el Ministerio Público y aceptada por el acusado.