Mes: febrero 2017

Garantizan derecho de convivencia con ambos padres para niñas, niños y adolescentes
Legisladores del PES, PRD, PRI, MC y PBC se suman al paquete de iniciativas

Mexicali, Baja California.- El Congreso de la XXII Legislatura del Estado de Baja California, a través de la diputada Eva María Vásquez Hernández, presentó un paquete de iniciativas para establecer el derecho de convivencia de las niñas, niños y adolescentes; reforma la ley para la protección y defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, reforma el código civil para el Estado y reforma el código de procedimientos civiles.

Se sumaron al paquete de iniciativas, con su firma, los legisladores Luis Moreno, Rocío López Gorosave, Blanca Patricia Ríos López, Marco Antonio Bolaños Cacho, Job Montoya Gaxiola, Jorge Eugenio Núñez Lozano y de los Partidos Encuentro Social (PES), Revolución Democrática (PRD), Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano (MC) y Baja California (PBC), respectivamente.

La diputada Vásquez Hernández dijo que, atendiendo al principio de interés superior, tratándose de determinaciones sobre guarda y custodia, el órgano jurisdiccional competente que hubiere en su caso determinado la pérdida de la patria potestad, deberá garantizar a la niña, niño y adolescente el derecho de convivencia con ambos progenitores, salvo excepción que determine el juez de manera fundada y motivada.

“No queda duda del vínculo obligatorio en cuanto al derecho de convivencia, el cual puede y debe ser observado conforme al protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren a niñas, niños y adolescentes expedido por la suprema corte de justicia de la nación” expresó la Diputada.

Vásquez Hernández indicó que la propuesta de estas reformas al Código Civil para el Estado de Baja California, incorpora una base jurídica que vincula al derecho de convivencia con la determinación del juez respecto de la guarda y custodia provisional del niño, niña y adolescente, tratándose de la admisión de la demanda de divorcio, conteniendo de manera expresa la excepción de circunstancias graves.

Explicó que, tratándose de la determinación definitiva respecto de la patria potestad o tutela de los hijos eleva a rango legal el derecho de convivencia, con la excepción de causas graves expresamente determinadas por la propia resolución jurisdiccional.

Asimismo, regula dentro del supuesto de la perdida de la patria potestad la “alienación parental”, estableciendo que, se sancionará conforme a las leyes relativas, a las autoridades que resuelvan sobre alienación parental sin la plena, debida y exhaustiva valoración de las pruebas que la acrediten, en los términos del código de procedimientos civiles para Baja California

Por último, agregó que, en la búsqueda de la consecuencia para el caso de incumplimientos, se dispone que bajo ninguna circunstancia el Juzgador pueda aplazar, dilatar o abstenerse de decidir la situación de los niños, niñas y adolescentes en breve plazo conforme a su interés superior. El incumplimiento a ésta disposición será sancionado conforme a lo previsto por el artículo 323 del Código Penal para el Estado de Baja California.

Se trata de una herramienta de empoderamiento que permitirá a los ciudadanos incidir en la fiscalización del gasto público.

Mexicali, Baja California.- La diputada Iraís María Vázquez Aguiar presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos del Estado, con el propósito de crear la Contraloría Social, la cual permitiría a la ciudadanía participar en la revisión del gasto público.

La propuesta fue presentada este día durante la sesión ordinaria celebrada por la Vigésima Segunda Legislatura, la cual fue conducida por el diputado Ignacio García Dworak, en su calidad de presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.

Se trata de reformar los artículos 7, 112, 113, y adicionar un 114 bis, además de adicionar un Título Sexto denominado “De la Contraloría Social”, a la mencionada ley, para efectos de la fiscalización de los recursos públicos.

La iniciadora explicó que la referida Contraloría Social se sustenta jurídicamente en los derechos de información, de petición, de asociación y de participación en diversos sectores de la sociedad, para la planeación democrática del desarrollo nacional, los cuales están plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 6, 8, 9 y 26.

La diputada Irais María explicó que si su propuesta es aprobada por el Pleno, la sociedad civil podrá presentar ante la Comisión de Fiscalización del Gasto Público peticiones, propuestas, solicitudes y denuncias fundadas y motivadas, mismas que podrán ser consideradas por el Órgano de Fiscalización en el programa anual de auditorías, visitas e inspecciones y los resultados deberán ser considerados en el Informe de Resultados.

Además, abundó, al reconocer la existencia legal de las contralorías sociales en los términos de la Ley de Desarrollo Social, estas mismas podrán coadyuvar con el Órgano de Fiscalización y la Comisión en la fiscalización y la evaluación del uso de los recursos públicos y los ciudadanos podrán realizar tareas de observación y vigilancia del Órgano de Fiscalización, por lo que la Comisión recibirá de parte de la sociedad opiniones, solicitudes y denuncias sobre el funcionamiento de la revisión que ejerce el órgano oficial, a efecto de participar y se abre la posibilidad de utilizar herramientas tecnológicas en la mecanización de la contraloría social.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Fiscalización del Gasto Público de la XXII Legislatura para su análisis y posterior dictaminación.

Explicó que actualmente la legislación civil es omisa en este tema, lo que propicia se vulneren los derechos más elementales de la niñez.

Mexicali, Baja California.- “Actualmente la legislación civil de Baja California es omisa en la regulación sobre la sustracción de menores, lo que propicia que se vulneren los derechos más elementales de los menores y la familia”, expresó la diputada María Trinidad Vaca Chacón al presentar en el Pleno del Congreso local una iniciativa de reforma a diversos artículos del Código de Procedimientos Civiles del Estado (CPCE).

Dio a conocer que en la entidad es frecuente que se dé el problema de sustracción de menores, el cual se efectúa cuando un padre de familia, derivado de una controversia familiar, sustrae a su menor hijo o lo retiene con el fin y propósito de privar a la pareja de su derecho de custodia o visita. “Esto se confirma con estadísticas de la Secretaría de Relaciones Exteriores correspondientes al año 2016, que nos indican que Baja California es la entidad de la cual se sustrae el mayor número de menores en toda la República”, agregó.

Explicó que, desgraciadamente, las separaciones de pareja no siempre se dan de manera pacífica, en las que no existe la voluntad de una de las partes en llegar a un arreglo favorable, lo que deriva en situaciones en que se usa al hijo menor de edad o incapaz para producir daño al otro dentro del proceso de separación, como lo es el privar de los derechos de patria potestad o custodia a quien lo tenga de hecho o por derecho, generando una sustracción ilícita del menor.

En este sentido, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Religiosos de la XXII Legislatura local, argumentó que “es indispensable contar con un propuesta legislativa que establezca un procedimiento que cumpla con el debido proceso y pleno respeto a los derechos humanos, principalmente de los menores, para ventilar de manera adecuada las controversias que surjan por la sustracción y/o retención ilícita internacional de menores”.

Asimismo, dijo que es inaplazable contar con un instrumento legislativo actualizado e incluyente de los principios previstos en la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, así como de los contenidos en la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores (que inició su vigencia en México a partir de noviembre de 1994), lo cual les permita a las familias bajacalifornianas ejercer la restitución de sus hijos.

Para hacer efectivo lo anterior, Vaca Chacón propuso una adición al artículo 64 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, para incorporar la restitución de menores en el listado de juicios que se tramiten de forma sumaria; ello en virtud de la naturaleza y la urgencia por resolver la situación del menor.

Por otro lado, la legisladora panista planteó adicionar una fracción al artículo 157 de dicho Código, para asignarle competencia al juez en los casos de restitución de menores, el de su residencia o domicilio hasta antes de su traslado o retención ilícita; además de incorporar un Capítulo II en el Título Decimosexto, denominado del “Procedimiento de Restitución de Menores”.

Diputada Claudia Agatón informa que se votará en próxima sesión ordinaria del 9 de marzo.

Mexicali, Baja California.- Correspondió a la diputada Claudia Josefina Agatón Muñiz darle lectura al acuerdo por el cual se informa que existe consenso entre las ocho fuerzas políticas representadas en la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), para aprobar las iniciativas de reforma relativas a la eliminación del fuero constitucional.

En su calidad de presidenta de la JUCOPO, la legisladora indicó que para dar cumplimiento a los términos constitucionales y legales correspondientes y en respuesta a la demanda de la sociedad en este tema, se votará dicho asunto en la próxima sesión ordinaria del 9 de marzo, del año en curso.

Cabe mencionar que estas reformas, fueron presentadas por los diputados y Grupos Parlamentarios de los Partidos Movimiento Ciudadano; Estatal de Baja California; de la Revolución Democrática; Revolucionario Institucional y Acción Nacional.

Resaltó que el pasado día 14 de febrero del año en curso, con la presencia de la mayoría de los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la XXII Legislatura, así como del presidente de la Mesa Directiva, diputado Ignacio García Dworak, se sostuvo una mesa de diálogo con ciudadanos que sostienen diversas manifestaciones en el centro de gobierno, en donde de forma mayoritaria, se consideró viable la petición de eliminar el fuero.

La presidenta de la JUCOPO, señaló que la eliminación del fuero constitucional planteada, involucra a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a los ayuntamientos.

Razón por la cual, se envió a las autoridades antes mencionadas, las convocatorias con anexo de los proyectos de dictamen referidos, a efecto de poder cumplir con el debido proceso y trámite legislativo.

En este sentido, con fecha 22 de Febrero del presente, se recibió informe de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, respecto del trámite legislativo otorgado a las diversas iniciativas, para atender de manera armónica con las disposiciones normativas vigentes, así como en atención a las respectivas exigencias ciudadanas.

Puntualizó que en fecha 17 de Febrero de 2017, se convocó a los integrantes de dicha Comisión legislativa para el análisis de los proyectos de dictamen en comento, para el día 1 de Marzo del presente año.