Por: Berenice Barreto
La reciente decisión del alcalde de Tecate, Román Cota, de poner fin a las entrevistas “de banqueta” marca un cambio significativo en la relación entre el gobierno municipal y los medios de comunicación. Bajo el argumento de mejorar la coordinación y evitar confusiones, la administración plantea centralizar la información a través de la Dirección de Comunicación Social. La pregunta obligada es: ¿se trata de orden institucional o de un intento de control del discurso público?
En el papel, la medida puede parecer razonable. Unificar mensajes, establecer canales formales y evitar declaraciones contradictorias son objetivos legítimos en cualquier gobierno. Sin embargo, en la práctica, este tipo de decisiones suele caminar por una línea delgada entre la organización y la restricción.
Las entrevistas “de banqueta” —esas que ocurren de forma espontánea, sin filtros ni guiones— han sido históricamente una herramienta fundamental para el ejercicio periodístico. Son el espacio donde surgen preguntas incómodas, donde se exige claridad inmediata y donde el funcionario responde sin intermediarios. Eliminarlas no solo cambia la dinámica de comunicación: redefine el acceso al poder.
El riesgo es claro. Cuando toda interacción pasa por un área institucional, también pasa por un filtro. Y cuando hay filtro, existe la posibilidad de selección: qué se dice, cuándo se dice y quién lo dice. Aunque el alcalde ha insistido en que no se trata de una limitante, sino de una mejor organización, la experiencia indica que estos esquemas pueden derivar en prácticas que inhiben la transparencia.
No se puede ignorar que la libertad de expresión y el derecho a la información no solo dependen de lo que se dice, sino de las condiciones en las que se puede preguntar. La inmediatez, la espontaneidad y el acceso directo son elementos esenciales de una prensa libre. Sustituirlos por mecanismos controlados puede generar, inevitablemente, una comunicación más cuidada… pero también más distante de la realidad.
Por otro lado, el argumento de evitar confusiones en la ciudadanía tampoco es menor. En el pasado —como reconoce la propia administración— declaraciones generaron confusión a la ciudadanía en las políticas públicas que esta realizando el gobierno municipal,
Pero la solución no necesariamente es cerrar espacios, sino fortalecer la preparación y la responsabilidad de los funcionarios al momento de comunicar.
El reto para el gobierno de Román Cota será demostrar que esta medida no se convertirá en una barrera. Que la coordinación no será sinónimo de control. Y que la recien creada Dirección de Comunicación Social funcionará como un puente, no como un muro.
En una democracia, la comunicación gubernamental no debe ser cómoda para la autoridad, sino útil para la ciudadanía. Y eso implica aceptar preguntas inesperadas, incluso incómodas.
El tiempo dirá si esta decisión fortalece la relación con los medios… o si termina debilitando uno de los pilares fundamentales de la vida pública: el acceso libre, directo y sin filtros a la información.
