· La medida también incluye en su caso, declaración de intereses y a los alcaldes

· Pretende con iniciativa de reforma a Constitución y Ley de Transparencia otorgar herramientas para que ciudadanía evalúe desempeño honesto de gobernantes

· Legislador lamenta que en 2 años de administración estatal, se hayan visto involucrados funcionarios estatales como Trejo Dozal y Antonio Valladolid, entre otros

Mexicali, Baja California.- “En el presente resulta inconcebible la rendición de cuentas sin los medios para transparentar el comportamiento público de nuestros gobernantes”, indicó el diputado David Ruvalcaba Flores al presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan varios artículos de la Constitución local y de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California.

Agregó el legislador del Partido Revolucionario Institucional que con la presente reforma se propone que dentro de las obligaciones del gobernador del Estado y alcaldes, se encuentre poner mediante los portales electrónicos institucionales de obligaciones de trasparencia, su Declaración Patrimonial y en su caso Declaración de Intereses, otorgándole así una herramienta al ciudadano de evaluar el ejercicio y desempeño honesto de quienes los gobiernan.

En su exposición de motivos, señaló que al transitar hacia a una sociedad cada vez más participativa y demandante, la publicidad y escrutinio de los ciudadanos de las declaraciones patrimonial y de intereses de los servidores públicos, se convierte en uno de los nuevos debates del derecho a la información, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción; sin embargo en esta discusión se encuentra inmersa una situación de mayor calado y de fondo, como lo es la confianza y credibilidad de la sociedad en las instituciones públicas y funcionarios.

Por lo que respecta a nuestro Estado, dijo que en tan sólo dos años de ejercicio de la actual administración estatal, lamentablemente Baja California ha sido noticia en todo el país por los actos de corrupción en que se han visto involucrados funcionarios de primer nivel, por ejemplo, cabe recordar la excarcelación del primer Secretario General de Gobierno del Estado, Guillermo Trejo Dozal, a meses de haber iniciado su gestión.

También se refirió al otorgamiento de la concesión millonaria para el suministro de placas metálicas y calcomanías para la Secretaría de Planeación y Finanzas, contrato que adjudicó el actual Secretario, Antonio Valladolid Rodríguez a la entonces desconocida empresa, Lazos Internacionales, S.A. de C.V., el cual se entregó sin haber pasado por el proceso de Licitación y totalmente fuera del marco de la ley.

Ruvalcaba Flores citó el caso reciente de desvío de recursos públicos provenientes del programa “Beca Progreso”, argumentando que llamó poderosamente la atención de los medios nacionales, en donde la coordinadora estatal de este programa, Lucia Villareal Camarena, fue suspendida de su cargo, tras haber denunciado ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, el pasado 22 de septiembre de este año, el posible desvío de 888 mil pesos, de un total de casi 1.9 millones de pesos del presupuesto público educativo y en donde el principal involucrado es Jesús de la Rosa Anaya, hermano de Daniel de la Rosa Anaya, actual Secretario de Seguridad Pública del Estado y del exdiputado federal, Andrés de la Rosa Anaya.

Luego resaltó que debido al agravamiento del fenómeno de la corrupción, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, promovió una reforma integral a la Constitución General, la cual comprendió las modificaciones vertidas en los diversos artículos, para sentar las bases para la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y con ello fortalecer los canales de comunicación entre Sociedad-Estado y mejorar los estándares de transparencia y rendición de cuentas.

Destacó el legislador que en otros Estados de la República el debate actual es la incorporación de las Políticas de Gobierno Abierto, Asimilación Legislativa del Sistema Nacional Anticorrupción, Auditorias en Tiempo Real o Independencia de las Entidades de Fiscalización Superior, como medios para dar certeza a los ciudadanos de un ejercicio público confiable, honesto transparente, y eficiente.

Por ello, finalmente subrayó: “es inconcebible que la sociedad bajacaliforniana, aún se encuentre sumisa en discusiones arcaicas y prejuiciosas, que limitan su derecho a tener mayores elementos para evaluar el desempeño y honestidad de quienes los gobiernan, como es el acceso a la información patrimonial y de intereses, bajo la premisa de que es información privada, argumentos que claramente se contrapone a los principios de máxima publicidad y honradez”.