Mes: septiembre 2024

• Dejar a los consumidores de a pie en los centros comerciales sin opciones de transporte público representa un acto de discriminación
• Existe una laguna jurídica en la regulación de centros comerciales, ya que la licencia de construcción solo abarca aspectos internos del inmueble, sin considerar el polígono

Mexicali, Baja California.- Con el objetivo de asegurar que, en las inmediaciones de escuelas, centros comerciales, dependencias de gobierno y cualquier otra instalación con alta densidad de personas, se cuente con opciones de movilidad adecuadas, la legisladora Yohana Sarahí Hinojosa Gilvaja, presentó iniciativa con proyecto de decreto para modificar la Ley de Desarrollo Urbano y la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado.

La protección ambiental y el desarrollo urbano están regulados por el Derecho Administrativo.

Sin embargo, se presenta una laguna jurídica en la regulación de centros comerciales, la cual consiste en que la licencia de construcción solo cubre aspectos internos del inmueble, sin abordar cómo estos establecimientos afectan su entorno y su integración con los medios de transporte, problemática que la inicialista pretende solucionar a través de la reforma.

Particularmente, los consumidores de los centros comerciales tienen el derecho a una movilidad segura y oportuna al llegar y salir de dichos establecimientos a pie, además, el transporte debe ser accesible; por lo tanto, es necesario asignar estaciones de transporte público masivo en las inmediaciones de estos lugares.

Yohana Gilvaja afirmó que las paradas de camión deben ubicarse lo más cerca de las entradas y salidas de los centros de negocios, “dejar a los consumidores de a pie sin opciones de transporte público es un acto de discriminación, en contraste con los que disponen de vehículo propio, a los que la ley si toma en cuenta al exigir que los proyectos de construcción incluyan cajones de estacionamiento como requisito para expedir la licencia correspondiente”.

La congresista expuso que la Ley de Desarrollo Urbano debe contener el deber de la autoridad municipal de dar aviso al Instituto de Movilidad Sustentable, al otorgar una licencia de construcción.

Esto permitirá que, antes de liberar la obra, la autoridad de movilidad verifique la existencia de una estación oficial de transporte público con su correspondiente bahía.

A su vez la Ley de Movilidad debe garantizar que los inmuebles con alto tráfico de usuarios cuenten con una parada de transporte masivo.

● La iniciativa fue presentada por la diputada Araceli Geraldo
● Se propone reformar la Ley de Salud Pública de B.C.

Mexicali, Baja California.- Con el objeto de precisar cuáles son los establecimientos que requieren de licencia sanitaria en los términos de la Ley General de Salud, la diputada morenista Araceli Geraldo Núñez, presentó una iniciativa que reforma la Ley de Salud Pública para el estado de Baja California.

Al exponer los motivos de la propuesta, la diputada refirió que la Ley de Salud del Estado, instituye que requieren de licencia sanitaria: (I) los establecimientos dedicados al expendio de alimentos, bebidas alcohólicas y no alcohólicas; (II) los establecimientos que presten servicios de asistencia social; (III) los rastros; (IV) las albercas y los baños públicos; entre otros.

Dicha licencia es exigible a esos establecimientos con motivo del Decreto No. 68 de la pasada XXIII Legislatura Constitucional del Estado, sin embargo, es una reforma que no tiene aplicación por dos razones primordiales, primera, se trata de competencia federal y segunda, su implementación tendría un impacto económico hacia los pequeños negocios, al pretender cobrarles anualmente los derechos derivados por estudio, análisis y resolución respecto a la licencia solicitada.

Indicó que la iniciativa presentada que reforma los artículos 153 y 154 de la Ley de Salud Pública para el Estado de Baja California, es con el objeto de precisar cuáles son los establecimientos que requieren de licencia sanitaria, pero en términos de la Ley General de Salud.

Con lo anterior, adecuaría la Ley local al régimen de competencia derivado de la Ley General de Salud, generando certeza a los personas físicas y morales que la licencia sanitaria será la exigida en el ordenamiento citado, evitando así la posibilidad de una doble tramitación, la federal y la local, con relación a la misma autorización.

Abundó que en términos de artículo 200 Bis de la Ley General de Salud, los establecimientos que no requieren licencia sanitaria, deberán dar aviso de funcionamiento, conforme al acuerdo emitido por la Secretaría de Salud Federal.