NECESITAMOS UN JEFE DE ESTADO
Plaza Cívica
Han llegado los populistas al poder, e inevitablemente vienen tiempos de mayor polarización política.
En las democracias resulta natural que la marea de la polarización ascienda y descienda, y en estos tiempos nos encontramos en una etapa de flujo ascendente. Ante esa situación, hay algo que podemos hacer para amainar las
pasiones y navegar de mejor manera las crecientes olas, una reforma que va en contra de nuestra historia pero que resultaría benéfica para la comunidad nacional: separar la jefatura de gobierno de la jefatura de Estado.
Los sistemas presidenciales y aquellos parlamentarios tienen muchas diferencias, pero una fundamental es que mientras que en los primeros las jefaturas de gobierno y de Estado recaen en una misma persona, en el segundo recaen en dos personas distintas. La principal razón para separar ambos cargos es que aquél que conduce las riendas del gobierno se manchará inevitablemente del lodo propio de la política, mientras que aquél que representa al país en su conjunto deberá de estar más allá de esos desaseos naturales.
Aquel que arriba a la jefatura de gobierno tendrá ya una trayectoria de claroscuros, habrá sido elegido únicamente por una parte de la población, invariablemente la otra parte se le opondrá y algunos hasta lo odiarán, tendrá rivales políticos a quienes deberá enfrentar y, finalmente, formará parte de la lucha política nacional. Pero el jefe de Estado es una persona que no forma parte de la clase política, que ha tenido una trayectoria pública básicamente impecable, que goza de la confianza de amplias capas de la población y de la clase política, y sus consejos serán escuchados y tomados en cuenta por la calidad moral de su persona. En las monarquías constitucionales ese jefe de Estado es el rey o la reina, y en las repúblicas tienden a ser individuos mayores de edad y probos en su persona.
En México hemos copiado el sistema presidencial norteamericano, y si en nuestro pasado autoritario resultaba inevitable que ambas figuras cayesen en una misma persona, en nuestro presente democrático separar ambos cargos resultaría lo más conveniente. Con este gobierno, esa realidad parece hacerse más urgente.
Andrés Manuel López Obrador es un activista social, un político nato y finalmente el jefe de gobierno y jefe de Estado mexicano. Ahora que ha llegado a la presidencia de la República se observa como nunca la discordancia entre el político que gusta hacer duros señalamientos a sus rivales y fomenta sin-querer-queriendo la súper- polarización social, y el activista que se rodea de autoridad moral y que intenta elevarse por encima de la lucha política. Ejemplos sobran de lo anterior: crear un partido en el cual se ufana de su “calidad moral” pero que le abrió las puertas a todo
tipo de oscuros personajes para alcanzar el poder; acusar de “derrota moral” a los partidos de oposición cuando en un proceso lleno de cuestionamientos se le otorgó licencia al exgobernador de Chiapas Manuel Velasco y se tejió una alianza parlamentaria con uno de los más corruptos partidos políticos del país; hablar de una “economía moral” mientras se crean enormes programas sociales sin reglas de operación y mucha opacidad. Y no hablemos del fraude procesar ocurrido en torno a la CNDH o de tener al frente de la CFE a una persona que se le han encontrado grandes
sumas de dinero sin explicación alguna, mientras por otra parte se reparte la “Cartilla Moral” de Alfonso Reyes.
Los contrastes entre las decisiones políticas de AMLO y su discurso moral son significativos. Arrogarse superioridad moral mientras se la despoja a sus rivales políticos resulta preocupante. Un político dando sermones de moralidad intranquiliza aún más. Tiempo de separar al jefe de gobierno del jefe de Estado: que el primero haga toda la política que quiera sometido a las leyes y a su propia moral, y que el segundo se convierta en el representante de todo el país, en una figura de unidad nacional, en la consciencia colectiva y el detentador de la moralidad comunitaria.
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