Mes: septiembre 2019

Convoca a las autoridades responsables a salir a las Comunidades del Estado a brindar información

Mexicali, Baja California.- Hacemos un llamado a todas las Instituciones que intervienen en el tema del suicidio, para que salgan de sus oficinas he involucren a la sociedad, para concientizar y tratar de mitigar esta ola de hechos que afectan a los bajacalifornianos, manifestó ante la máxima tribuna del Poder Legislativo la diputada Araceli Geraldo Núñez.

Dijo que uno de los actos de la humanidad que causan mayor conmoción entre la ciudadanía es, sin lugar a dudas, el suicidio. “Estas acciones individuales, pero con efecto colectivo, que atentan contra la propia existencia humana, y a su vez generan una serie de preguntas complejas para tratar de encontrar una explicación del por qué ocurren tantos suicidios en los últimos meses en Baja California, generan una crisis de salud que tenemos que atender”, enfatizó.

Los recientes acontecimientos ocurridos en la ciudad de Tijuana, donde, dos mujeres decidieron quitarse la vida, una arrojándose desde el piso 20 de un complejo de departamentos y la otra utilizando un arma de fuego para dispararse en la cabeza mientras se encontraba en un panteón, deja de manifiesto el grave problema que atraviesa no solo la ciudad si no también la Entidad, subrayó.

El hecho de que hayan sido mujeres las principales víctimas de suicidio, deja una incertidumbre generalizada y a su vez nos obliga a revisar las acciones que se realizan como gobierno, recalcó.

Los suicidios son prevenibles, una de las medidas que tenemos que adoptar es: dejar las oficinas y salir a las Comunidades del Estado a dar información responsable por parte de las autoridades competentes como son Desarrollo integral de la Familia (DIF), Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, Secretaria de Seguridad Pública del Estado, Secretaria de Seguridad Pública de cada Municipio, aseveró.

Destacó que se requiere plantear políticas orientadas a reducir el consumo nocivo de alcohol, atención de personas con problemas de salud mental y abuso de sustancias entre otros. Tenemos recursos y personal para llevar a cabo esta concientización, solo falta voluntad política para tomar las medidas adecuadas y abatir esta situación.

Las medidas de prevención reclaman la coordinación y colaboración de múltiples sectores de la sociedad en un círculo virtuoso que incluya el sector de educación, salud, derecho, medios de comunicación y política, expresó.

Asimismo, expuso que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera el suicidio como un problema grave de salud, según cifras del organismo más de 800 mil personas se suicidan cada año, lo que representa una muerte cada 40 segundos. El suicidio fue la segunda causa de muerte entre las niñas y la tercera causa de muerte en los niños, apuntó.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el porcentaje de suicidas incrementó de 4.5 a 5.2 casos por cada 100 mil habitantes. En ese sentido, Baja California pasó al lugar 18 del 21 en el que se encontraba en el 2018, concluyó.

Propone la intervención de las Barras y Colegios de Abogados y ONGs que tengan por objeto la salvaguarda de los derechos humanos

Los procesos lentos impiden que se otorguen beneficios de manera rápida a las Víctimas.

Mexicali, Baja California.- En el marco de la necesidad de accionar de manera eficaz la Ley de Atención de Víctimas en el Estado, el diputado del partido MORENA, Víctor Manuel Morán Hernández presentó ante el Pleno, una iniciativa para reformarla.

Plantea hacer más extensiva la intención de la fracción XIV del artículo 6 de esta Ley, relativo a las medidas de ayuda, atención, asistencia y reparación, integrando el principio de “participación conjunta”, ya que se hace evidente aún más, la participación de la sociedad civil y el sector privado, para superar la vulnerabilidad de las víctimas.

Lo anterior mediante la participación de Barras y Colegios de Abogados del Estado, así como de organizaciones no gubernamentales que tengan por objeto la salvaguarda de los derechos humanos, y que se encuentren debidamente registradas ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Argumentó que, de acuerdo con las organizaciones civiles, colectivos y expertos que forman parte del Observatorio Ciudadano sobre Derechos de las Víctimas, aún persisten procesos complicados, lentos y discrecionales que impiden que los beneficios se otorguen de manera rápida y efectiva a las víctimas.

Luego expuso que, por experiencias vividas en otras Entidades Federativas, al burocratizarse la figura del asesor jurídico, se ha perdido la efectividad del litigio del asesor.

De acuerdo al análisis de expertos, se ha detectado en organigramas de la Ley en la materia de otros Estados, una excesiva burocracia que impide el desarrollo efectivo de los beneficios que otorga.
Finalmente puntualizó que el auxilio a las víctimas, no debe contemplarse solo en lo económico, sino que también debe de ser: en lo anímico, en su salud, en lo social, y en lo educativo.

Durante esta Administración estatal se han beneficiado a más de 16 mil personas a través de 98 mil 539 sesiones de terapia psicológica.

Mexicali, Baja Califonia.- Contribuir al fortalecimiento de la estabilidad psicológica y emocional de las familias bajacalifornianas, es una tarea que el Gobierno del Estado encabezado por el Mandatario Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid, a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Baja California que preside la señora Brenda Ruacho de Vega, ha realizado por medio de los servicios que se ofrecen en el Centro Psicológico de Atención a la Familia en el Estado.

La Presidenta de DIF Estatal, resaltó que la atención psicológica de cada uno de los integrantes de la familia, es de gran importancia para poder desarrollarse plenamente en la sociedad, por tal motivo, el personal capacitado del Centro Psicológico ofrece los servicios de terapia individual, de pareja o familiar, enfocadas a los problemas de violencia, duelo y agresividad.

Fue en septiembre de 2014, cuando la presente Administración estatal puso en funciones el Centro Psicológico recordó la señora Brenda Ruacho de Vega, para posteriormente ampliar la cobertura en los Municipios de Tijuana, Playas de Rosarito, Ensenada y San Quintín.

“Para esta Administración estatal es muy importante brindar servicios que ayuden a la salud emocional de nuestras niñas, niños, adolescentes, padres de familia así como adultos mayores, y en los casos que se requiera terapia contamos con un equipo especializado de psicólogos para que lleven una vida plena”, manifestó la Presidenta de DIF Estatal.

A lo largo de casi 6 años se han beneficiado a más de 16 mil 031 mil personas a través de 98 mil 539 sesiones de terapia psicológica ofrecidas en el Centro Psicológico de Atención a la Familia, en los Centros de Desarrollo Familiar, Centros de Desarrollo Comunitarios, Módulos del Adulto Mayor y el Centro de Protección y Atención a la Familia.

La señora Brenda Ruacho de Vega, mencionó que en cada caso se realiza un estudio socioeconómico así como una entrevista inicial para conocer el motivo de la consulta; una vez obtenidos los resultados del estudio, se determina si queda exento de pago o se aplica una cuota de recuperación por sesión.

En Mexicali el horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 A.M. a 8:00 P.M., y en Tijuana, Playas de Rosarito, Ensenada y San Quintín, el horario es de 8:00 A.M. a 5:00 P.M.

Finalmente la Presidenta de DIF Baja California, invitó a la población a acercarse al Centro Psicológico de Atención a la Familia y aprovechar los servicios que ahí se ofrecen, que forma parte de los 43 programas y 24 temas adicionales con los que cuenta la Institución.

Dip. Loreto Quintero plantea reformas a las leyes de Fomento a la Competitividad y de Hacienda.

Mexicali, Baja California.- Con el propósito de establecer que las empresas que contraten a personas liberadas del Centro Penitenciario estatal, queden exentas del pago del impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal que les corresponda cubrir por estos empleados, la diputada Loreto Quintero Quintero, en conjunto con el legislador Luis Moreno Hernández, presentó ante el Pleno una iniciativa de reforma a las leyes de Fomento a la Competitividad y Desarrollo Económico y de Hacienda, ambas del Estado.

La legisladora dio a conocer que la Entidad ocupa, según la Conapo 2019, el primer lugar nacional con la tasa más alta de personas en situación de reclusión, ya que 333 personas se encuentran privadas de su libertad por cada 100 mil habitantes, mientras que la tasa media nacional es de 158 internos. Igualmente, expresó que es el tercer Estado con mayor porcentaje (11.69 por ciento) de personas que ingresan a los centros penitenciarios por reincidencia delictiva, según el Inegi 2019.

“Es por ello que favorecer que hombres y mujeres que obtienen su libertad y salen de un centro penitenciario encuentren un empleo digno, se traduce en mejores oportunidades de reinserción social para dichas personas, a fin de que en lugar de volver a delinquir causando daños personales y materiales a otros, se dediquen a trabajar y contribuir a una vida productiva”, subrayó Quintero Quintero.

Agregó que una menor reincidencia delictiva contribuye a una sociedad más segura, al disminuir los delitos y el número de víctimas, sin olvidar los costos que representa para las finanzas públicas la manutención de los centros penitenciarios.

La presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la XXIII Legislatura afirmó que las personas que han sido privadas de su libertad por la comisión de un delito y han compurgado su pena u obtenido anticipadamente su libertad vía algún beneficio penitenciario, son marginadas y estigmatizadas de diversas maneras en los procesos de búsqueda de empleo, sufriendo con ello una doble sanción por los hechos pasados en que se vieron involucrados.

Primero, por la negativa de los empleadores a contratarlos para ejercer diversas actividades, prohibiciones que en algunas casos provienen de la propia regulación de la actividad a desarrollar; en segundo lugar, por la actitud o prejuicios de los reclutadores o personal de recursos humanos de las empresas, que provocan el rechazo a solicitantes de empleo con este estigma, y finalmente, por la autoexclusión de las propias personas que han pasado por el sistema penitenciario, anticipándose a una negativa a acceder a un empleo.

Por lo anterior, argumentó la necesidad de crear condiciones desde el ámbito legislativo para vencer dicho estigma, e impulsar la participación del sector privado para que cada día más empresas sean laboralmente incluyentes con este sector vulnerable, incentivándolas fiscalmente para dar empleo formal a personas que han sido liberadas de un centro penitenciario, con la finalidad de facilitar su reinserción social, procurar su vida digna y prevenir la reincidencia de los externados.

“La idea central de esta propuesta es, en términos sencillos, que cuando una persona obtenga su libertad encuentre condiciones y opciones para ganarse la vida honestamente, dentro de la legalidad”, concluyó.