De la Rosa la definió como de avanzada, debido a que no hay otro Estado del país que plantee elegir al fiscal por convocatoria pública.
Avalan también la lista de aspirantes que cumplen con requisitos para cubrir la vacante del magistrado numerario Emilio Castellanos.
Mexicali, Baja California.- La Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales (Cglpc), que preside el diputado Andrés de la Rosa Anaya, aprobó por unanimidad el dictamen que contiene diversas reformas a la Constitución local con la finalidad de crear la Fiscalía General del Estado, a la cual se le atribuirán las funciones que actualmente tienen la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública, mismas que desaparecen con la creación de dicha Fiscalía.
Estas modificaciones constitucionales, propuestas por el Poder Ejecutivo, se hicieron para dar cumplimiento al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014, en materia de autonomía del Ministerio Público, donde se define que todos los procesos penales en el país se tramitarán conforme a las mismas reglas, homogéneas y claras tanto para las entidades federativas como para la federación.
De la Rosa Anaya, presidente de la Cglpc, subrayó que el dictamen que da origen a esta Fiscalía fue debidamente socializado, ya que se pidió la opinión al Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado; a diversos organismos académicos, como la Universidad Autónoma de Baja California y la Universidad Xochicalco, así como a la Federación de Barras de Abogados. “Varios de ellos nos dieron su opinión, y precisamente esta Comisión ha hecho suyos esos planteamientos y están en el dictamen”, afirmó.
Por otro lado, el titular de este órgano de trabajo legislativo aseveró que la Fiscalía aprobada es de avanzada, ya que “no hay ningún otro Estado de la República que haya planteado que para elegir al Fiscal General del Estado, tenga que ser por convocatoria pública y abierta, dirigida a todos los abogados que deseen participar”.
Entre otras cosas, dentro de las reformas se establece lo siguiente: “El Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General del Estado, la cual será un órgano constitucional autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía de gestión y presupuestaria, de reglamentación interna y de decisión que tendrá a su cargo las funciones de investigación y persecución de los delitos, así como el ejercicio de la acción penal”.
Asimismo, se inscribe que al frente de la Fiscalía estará un Fiscal General, que durará en su puesto 9 años, quedando su designación “a cargo del Congreso del Estado, el que emitirá convocatoria pública dirigida a los profesionistas en derecho, quienes deberán reunir los requisitos señalados en este artículo y someterse al procedimiento de selección que determine el Pleno del Congreso del Estado, el cual se dará a conocer en la convocatoria pública de referencia”.
Por otro lado, la Comisión de Gobernación avaló de manera unánime el dictamen que contiene la lista de los 18 aspirantes que cumplieron con los requisitos para ser electos al cargo de magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia, mismo que cubrirá la vacante del licenciado Emilio Castellanos Lujan.
La lista es la siguiente: Ana María Elías González Rosas, Ana Carolina Valencia Márquez, Marcelino Zepeda Berrelleza, Cenaida Tafolla González, Karla Patricia Amaya Coronado, María de Lourdes Molina Morales, Carlos Alberto Ferre Espinoza, Gerardo Aceves Salazar, Humberto Tamayo Camacho, Pedro Galaf Hernández García, Álvaro Castilla Gracia y Sandra Sofía Rubio Díaz.
Así como Nelson Alonso Kim Salas, Jesús Antonio Chávez Hoyos, Ruth Esperanza Álvarez Fuentes, Héctor Antonio Cortez Peña, María Dolores Moreno Romero y Jesús Angulo Guzmán.
Esta comisión dictaminadora aprobó, además, la iniciativa presentada por el diputado Alejandro Arregui Ibarra que crea la Ley de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas de Baja California, por la cual se pretende crear un instrumento legal que garantice a los pueblos y comunidades indígenas una participación efectiva en las decisiones públicas que les afectan, propiciando condiciones para la construcción de acuerdos que contribuyan a transformar las condiciones de vida de la población indígena.
En la reunión de la Cglpc, efectuada ayer por la tarde en la sala “Francisco Dueñas Montes” del Poder Legislativo, estuvieron presentes los diputados integrantes: Andrés de la Rosa Anaya, presidente; Edgar Benjamín Gómez Macías, secretario, y los vocales Ignacio García Dworak, Raúl Castañeda Pomposo y Alma Elisa Saldaña Rivera.
