Mes: abril 2018

• El dictamen será turnado ante el pleno del Consejo General para su votación y aprobación, en su caso.

Mexicali, Baja California.- La Comisión del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) declaró procedente la solicitud de acreditación presentada por el Partido Político Nacional “Encuentro Social” ante el Consejo General.

La Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión, Lorenza Gabriela Soberanes Eguía, encabezó los trabajos en cumplimiento de la sentencia RI-03/2018 dictada por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado, en la que se ordena revisar, además de los requisitos del Artículo 19 de la Ley de Partidos Políticos Estatal, aquellos previstos en el Artículo 25 inciso d) de la Ley General de Partidos Políticos.

Tratándose de los requisitos del Artículo 19 de la Ley de Partidos Políticos Estatal, el Tribunal consideró que, no obstante que la ley prevé que estas solicitudes deben presentarse durante el mes de agosto del año de la elección, los partidos políticos tienen derecho permanentemente a participar en la vida democrática del Estado, por lo que no debería de considerarse esta solicitud de acreditación como extemporánea.

Enseguida, se comprobó la vigencia de su registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE), presentando la certificación expedida por el Licenciado Jorge Eduardo Lavoignet Vásquez, Director del Secretariado del INE, de fecha 26 de octubre del 2016, donde hace constar que el Partido Político Nacional Encuentro Social, cuenta con registro vigente como Partido Político Nacional y se encuentra en pleno goce de los derechos y sujeto a las obligaciones que la Ley de la materia señala.

También se comprobó que tuviera un domicilio permanente en el Estado, lo cual quedó satisfecho con la visita de inspección de un Oficial Electoral que constató la existencia de las oficinas en el Municipio de Tecate.

Así también, se revisó la integración de su Comité Directivo o Estructura Equivalente en el Estado, resultando procedente la inscripción de la Comisión Política Estatal y del Comité Directivo Estatal en el libro del registro del INE.

Ahora, tratándose de las reglas del artículo 25 inciso d) de la Ley General de Partidos, estas nos dicen que los partidos políticos deberán mostrarse con el nombre, emblema y colores que tengan registrados, los cuales no podrán ser iguales o semejantes a los utilizados por otros partidos políticos.

En este caso, el Partido Político Nacional “Encuentro Social” si bien tiene emblema y colores distintos, comparte un nombre similar al de un partido político estatal.

Ante esta circunstancia extraordinaria, la Comisión decidió dictaminar como procedente la solicitud de acreditación considerando, por una parte, que el partido solicitante cumplió con los requisitos de la Ley estatal, y por otra, que existen elementos suficientes para diferenciar a ambos partidos.

Adicionalmente, los integrantes de la Comisión acordaron tomar medidas para comunicar a la ciudadanía a través de redes sociales y medios de comunicación tradicionales las consideraciones especiales de esta decisión, así como su incorporación a los programas de educación cívica y participación ciudadana.

En este sentido, también se exhorto al Partido Político Nacional “Encuentro Social” a tomar medidas similares como parte de su trabajo político de contacto con la ciudadanía.

Tras la revisión y discusión de estos y otros factores, el proyecto de dictamen fue votado y aprobado por unanimidad por los vocales de la Comisión. El dictamen será turnado ante el pleno del Consejo General para su votación y aprobación, en su caso.

Propone armonizar ese delito establecido en el Código Penal del Estado, con el inscrito en el Código Penal Federal.

Mexicali, Baja California.- La diputada Victoria Bentley Duarte presentó mediante Oficialía de Partes, una iniciativa que reforma los artículos 292 y 293 del Código Penal del Estado, mismos que contienen lo relativo al delito de abuso de autoridad, con el fin de actualizar la redacción de dicho delito mediante su armonización con las reformas realizadas al Código Penal Federal, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016.

En cuanto a la modificación del artículo 293, la legisladora propone sustituir el término de “autoridad civil” incluido actualmente en su fracción IV, por el de “autoridad competente”, ya que, explicó, la orden de prestar auxilio puede provenir de autoridades de diversa índole, siendo suficiente que se precise la competencia de la autoridad para la obligatoriedad de la orden.

De igual forma planteó que la previsión consagrada en esa fracción IV, debe hacerse extensiva a los peritos, quienes de acuerdo a la naturaleza de su cargo, pueden cometer actos de desobediencia o retraso injustificado al ser requeridos por una autoridad competente para prestar auxilio.

En ese sentido la redacción de dicha fracción IV del artículo 293, que habla sobre las conductas del delito de abuso de autoridad, quedaría de la siguiente manera: “Cuando el encargado de una fuerza pública sea requerido legalmente por una autoridad civil para que le preste auxilio de manera expedita y este se niegue a dárselo o retrase el mismo injustificadamente. La misma previsión se aplicará tratándose de peritos”.

Asimismo, Bentley Duarte sugirió eliminar de la fracción VIII, el término de “Alcaide” al no encontrarse vigente en la estructura organizacional de los establecimientos destinados a la ejecución de las sanciones privativas de libertad; además de inscribir distintos cargos o puestos del sujeto activo del delito, atendiendo a los distintos centros en los que se puede tener a una persona detenida.

Además, refirió que el Código Penal de Baja California contempla para todas las conductas típicas de abuso de autoridad, un solo rango de punibilidad que va de dos a ocho años prisión, mientras que el Código Penal Federal prevé dos rangos de punibilidad, diferenciando esto en atención a su gravedad. Con motivo de lo anterior, dijo que al existir identidad en las conductas típicas de ambos códigos, propone establecer dos rangos de punibilidad, siendo la primera de dos a ocho años de prisión, y la segunda de tres a nueve años de prisión.

Por otro lado, agregó: “A este respecto y como se mencionó al inicio, nuestro Código Penal instituye el tipo de abuso de autoridad en el artículo 293, mientras que su punibilidad se encuentra prevista en el diverso 292 del precitado Código; de tal suerte que la sanción aparece regulada antes que la descripción del tipo penal, lo que resulta inadecuado, pues no se puede hablar de punibilidad sin antes conocer el tipo penal”.

“Por consiguiente, se somete a consideración que tanto el tipo penal como la punibilidad se establezcan en el mismo precepto, con lo cual se podrá aprovechar la utilización del artículo 293, para regular la conducta antijurídica que realizan los particulares frente a conductas desplegadas por servidores públicos a manera de abuso de autoridad”, concluyó.