Mes: marzo 2018

Al delincuente se le impondrá prisión de 3 a 9 años y hasta mil días de salario multa.

El Pleno del Congreso avaló esta iniciativa de la diputada Victoria Bentley.

Mexicali, Baja California.- La Asamblea Legislativa de Baja California aprobó por mayoría el dictamen 32 proveniente de la Comisión de Justicia, mismo que contiene una iniciativa propuesta por la diputada Victoria Bentley Duarte (PAN), la cual inscribe un nuevo supuesto mediante la adición de una fracción cuarta al artículo 228 TER del Código Penal del Estado, con el propósito de establecer que destruir o dañar edificios públicos es una agravante del delito de daño en propiedad ajena.

Con esa modificación al referido Código, se impone prisión de 3 a 9 años y hasta mil días de salario multa, a quienes cometan dicho delito. La inicialista, legisladora Bentley Duarte, argumentó que los edificios públicos son inmuebles que representan el lugar de trabajo de los distintos órganos de gobierno y su perjuicio lesiona la prestación de servicios a los ciudadanos, además de que se afecta el patrimonio de la colectividad.

Cabe mencionar que, actualmente, el artículo 228 TER dispone que se castigará con la penalidad antes mencionada, a quienes afecten inmuebles de instituciones educativas y culturales tanto públicas como privadas, parques y jardines públicos, así como bienes del patrimonio cultural. Con esta iniciativa aprobada hoy por el Pleno del Congreso, se le agrega el supuesto de “Edificios públicos”.

Asimismo, queda dispuesto en el artículo transitorio único que la presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.

En su exposición de motivos, la inicialista explicó que hoy en día el dañar a edificios públicos está contemplado como delito de querella, lo cual deja al arbitrio discrecional de quien legalmente representa al ente gubernamental la presentación de la misma para que se pueda investigar y castigar el daño, lo que provoca que en muchas ocasiones que al no haber querella quedan en total impunidad estas conductas.

Plantea que la SSE en coordinación con la SEBS den forma a este proyecto.

Es prioritario legislar en materia de salud mental, para el sano y pleno desarrollo de todos los individuos en la sociedad, precisó.

Mexicali, Baja California.-El diputado José Félix Arango Pérez (PAN), presentó iniciativa de reforma por el que se adiciona el artículo 33 TER a la Ley de Salud Pública para el Estado, a fin de facultar a la Secretaría de Salud (SSE) a trabajar en coordinación con la Secretaría de Educación y Bienestar Social (SEBS), para que exista en Baja California un programa anual que contemple la detección y atención temprana de posibles trastornos mentales en el personal y estudiantes de los centros escolares de educación básica y media superior, a efecto de salvaguardar sus vidas.

El diputado de extracción panista, durante su exposición de motivos mencionó que los trastornos por depresión y por ansiedad son problemas habituales de salud mental que afectan la capacidad de trabajo y la productividad. Añadió que más de 300 millones de personas en el mundo sufren este padecimiento, Arango Pérez puntualizó: “Es prioritario legislar en materia de salud mental, para el sano y pleno desarrollo de todos los individuos en la sociedad”.

La depresión en adolescentes es un problema de salud mental grave que provoca un sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés en realizar diferentes actividades. Afecta la manera en que los adolescentes piensan, siente y se comporta.

Por lo anterior, señaló que uno de los objetivos primordiales de esta proposición es detectar, atender, dar seguimiento y acompañamiento al personal, estudiantes y familiares de quienes presenten estas afecciones.
El legislador precisó que para dar cumplimiento y tener los resultados esperados la SSE deberá acudir por lo menos, cada seis meses, con personal especializado en psicología a los centros escolares de educación básica y media superior de SEBS, para elaborar estudios y análisis al personal y alumnos de cada Institución educativa.

Asimismo, planteó que la presente propuesta determina que en los supuestos casos donde alumnos o personal sea diagnosticado con trastornos mentales, la SSE deberá notificar de manera inmediata a la SEBS, para la atención pronta y continúa.

La presente iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Salud y Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para su análisis jurídico a fin de revisar su viabilidad y dictaminar en consecuencia.

Esta Comisión será la encargada de nombrar a los 15 ciudadanos que conformarán el Comité de Participación Ciudadana.

Mexicali, Baja California.- En sesión ordinaria, el pleno del Congreso de Baja California tomó la protesta de ley a los ciudadanos Daniel Valdez Delgadillo, Yolanda Sosa y Silva, María Luisa Walther Cuevas, Enrique Gómez Llanos León y Jesús Esteban Castro Rojas, como integrantes de la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).

Estos ciudadanos fueron propuestos, respectivamente, por la Federación de Barras y Asociaciones de Abogados, la Universidad Politécnica de Baja California, la Universidad Autónoma de Baja California, el Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt y el Observatorio Ciudadano de Baja California.

Los cinco fueron electos de una lista de 12 candidatos que demostraron su conocimiento, especialización, habilidad y experiencia en las materias relacionadas con la fiscalización, el combate a la corrupción y la rendición de cuentas.

Ellos tendrán, a su vez, la encomienda de nombrar a los 15 integrantes del Comité de Participación Ciudadana del SEA, el cual será la instancia de vinculación con las organizaciones sociales y académicas relacionadas con las materias del Sistema Estatal Anticorrupción, y donde diez serán de carácter técnico y 5 honoríficos.

MODIFICAN INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES DE LA XXII LEGISLATURA

En otro punto, el pleno del Congreso modificó las comisiones legislativas a fin de integrar al diputado Juan Eugenio Carpio Ascencio, quien substituye al diputado con licencia temporal, Alejandro Arregui Ibarra, en la Presidencia de la Comisión de Desarrollo Social, Deporte y Asuntos Indígenas.

En este sentido se decidió que el diputado Bernardo Padilla Muñoz (PRI), se integre como secretario, en la comisión de justicia.

Asimismo, el diputado Edgar Benjamín Gómez Macías, ocupará el carácter de vocal en la comisión de administración y finanzas; la diputada Blanca Patricia Ríos López, substituye al diputado Edgar Benjamín Gómez Macías, en el cargo de secretario en la Comisión de Fiscalización del Gasto Público.

El diputado Marco Antonio Corona Bolaños Cacho, substituye al diputado Edgar Benjamín Gómez Macías, en el carácter de vocal en la Comisión de Hacienda y Presupuesto.

El diputado Juan Eugenio Carpio Ascencio, substituye al diputado Alejandro Arregui Ibarra, en el carácter de vocal, en las siguientes comisiones:

1. Agricultura, Ganadería, Asuntos Portuarios y Pesca.
2. Desarrollo Metropolitano, Conurbación, Infraestructura, Comunicaciones y
Transportes.
3. Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial.
4. Energía y Recursos Hidráulicos.
5. Participación Ciudadana y Modernización Del Congreso.
6. Salud.

Propone designar en el Presupuesto de Egresos del Ejecutivo, el recurso económico que garantice la erogación
“La titulación es trascendental para iniciar con solidez un ejercicio profesional con bases sólidas que permitan tener mayor oportunidad de empleabilidad”.

Mexicali, Baja California.- El diputado Bernardo Padilla Muñoz (PRI), presentó este día ante la máxima tribuna del Poder Legislativo, iniciativa de reforma a los artículos 7 y 15 de la Ley de Educación del Estado, mediante la cual se propone garantizar que todos aquellos egresados de instituciones públicas de educación superior, puedan obtener su título académico del nivel licenciatura.

En su exposición de motivos, Padilla Muñoz argumentó, que la educación es el pilar de la sociedad, y la preparación profesional es la meta y el anhelo de los jóvenes, por lo cual obtener el título de una licenciatura, es un logro que conlleva grandes satisfacciones personales y familiares. Añadió: “Además del sentir subjetivo, la titulación es trascendental para iniciar con solidez un ejercicio profesional con bases sólidas y permite tener mayor oportunidad de empleabilidad”.

No obstante después de haber cumplido con todos los requisitos académicos, miles de egresados de la carrera profesional no obtienen su título por motivos de índole económico, circunstancia que afecta la motivación personal y desincentiva la incorporación profesional y económica de la juventud que no perciben los frutos y beneficios por su esfuerzo y preparación académica de tantos años, explicó.

El legislador señaló que esta propuesta es motivada por los jóvenes bajacalifornianos quienes requieren un último aliciente para iniciar una vida productiva, económica y próspera. El inicialista detalló que esta representa una erogación aproximada para el Poder Ejecutivo de 50 millones de pesos, es decir el 0.001 por ciento del presupuesto de egresos, lo que permitiría la titulación de más de 15 mil alumnos.

Por lo anterior, la proposición presentada plantea designar por parte del Poder Ejecutivo del Estado, en el Presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal, el recurso económico suficiente para garantizar la erogación, que permita cubrir el costo total de titulación a nivel licenciatura de todas las instituciones públicas de educación superior de la Entidad.

La presente iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y Hacienda y Presupuesto para su análisis jurídico a fin de revisar su viabilidad y dictaminar en consecuencia