Mes: octubre 2017

• Se sustituye el término de hospitales para enfermos mentales por el de estancia prolongada

Mexicali, Baja California.- El pleno del Congreso local aprobó de manera unánime una iniciativa del diputado Miguel Antonio Osuna Millán, cuyo propósito es eliminar de la Ley de Salud del Estado conceptos que afecten a enfermos mentales.

La reforma se refiere al artículo 34 de la Ley de Salud Pública del Estado y fue propuesta a nombre de la fracción parlamentaria del PAN y aprobada por los integrantes de la Vigésima Segunda Legislatura, durante la sesión extraordinaria que condujo el diputado Benjamín Gómez Macías, en su calidad de presidente de la Mesa Directiva,

El diputado Osuna Millán, quien preside la Comisión de Salud, expuso que a fin de evitar la estigmatización de quienes padecen este mal, se debe sustituir la denominación de “hospitales para recluir enfermos mentales,” por la de “centros de estancia prolongada en los que se pueda ingresar para su protección y rehabilitación a pacientes con enfermedad mental”, por tiempo definido o indefinido.

Además a quienes deambulan por las calles y padecen trastornos mentales se les denominará: “Personas con enfermedad mental que se encuentran en situación de calle por abandono social”.

En la fracción segunda de la mencionada ley se refiere a este sector de la población como: “Personas con enfermedad mental que sean internados a petición de la autoridad o sus familiares, para participar en un programa específico de rehabilitación y habiéndose justificado la necesidad del mismo”.

Para finalizar, la fracción tercera del artículo 34 se reformó para quedar como sigue: “Personas con enfermedad mental que requieran de custodia para protección de ellos mismos y de terceros”.

• Son dos iniciativas presentadas, por separado, por la diputada Victoria Bentley.

Mexicali, Baja California.- La Cámara de Diputados local aprobó por unanimidad los dictámenes 15 y 17 de la Comisión de Justicia, los cuales contienen iniciativas presentadas en su momento por la diputada Victoria Bentley Duarte. Con el primero de ellos se reforman los artículos 203 y 204  del Código Penal del Estado, a fin de aumentar la penalidad mínima de uno a tres años, cuando el robo se ejecute con violencia, además de equiparar a la violencia moral, la utilización de juguetes u otros objetos que tengan apariencia de armas de fuego.

En ese sentido, con la aprobación del dictamen 15 el artículo 203 del referido Código queda de la siguiente manera: “Si el robo se ejecutare con violencia, a la pena que corresponda por el robo simple, se agregarán de tres a seis años de prisión. Si la violencia constituyere otro delito, se aplicarán las reglas de la acumulación”.

Asimismo, con la modificación del artículo 204 se amplía el concepto de violencia moral para volverlo más acorde a las circunstancias actuales y poder sancionar con mayor rigor a quienes, utilizando armas de utilería o de juguete, intenten o consuman el delito de robo; esto con el objetivo de Ilenar ese vacío legal, ya que actualmente este delito no está contemplado.

Para ello, se añade que “se equipará a la violencia moral, la utilización de juguetes u otros objetos que tengan apariencia, forma o configuración de armas de fuego, o de pistolas de municiones o aquellas que arrojen proyectiles a través de aire o gas comprimido”.

Con la aprobación del dictamen 17 por el Pleno, Bentley Duarte, presidente de la Comisión de Justicia de la XXII Legislatura local, logra reformar los artículos 176, 178, 179 y 180 bis del Código Penal para sancionar más severamente los delitos de violación y violación impropia, además de que se amplían los supuestos de agravación de la pena y se aumenta para el delito de abuso sexual.

Mediante la modificación al artículo 176 se cambia de 6 a 10 años la pena mínima de prisión para al que por medio de violencia física o moral tenga cópula con una persona sin la voluntad de ésta, sea cual fuere su sexo. Con la reforma al 178 sube de 6 a 8 años la pena mínima para el delito de violación impropia, delito que consiste cuando sin el consentimiento de una persona o con el consentimiento de un o una menor de 14 años, alguien introduce uno o más dedos o un objeto de cualquier naturaleza en la región anal o vaginal.

Por otro lado, mediante una adición al artículo 179 del Código Penal, permanece la misma pena privativa y sanción pecuniaria, pero se amplía el supuesto de agravación de la pena, incorporándose “por persona que tenga relación de parentesco por consanguinidad o civil, con el ofendido”.

Por último, se avaló la modificación al 180 bis con el fin de aumentar de 4 a 8 años, la pena mínima para “al que con o sin el consentimiento de una persona menor de catorce años, o que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho, o que por cualquier causa no tenga la capacidad de resistirlo, ejecute en ella o lo haga ejecutar un acto sexual, sin el propósito de llegar a la cópula”.

• Mediante una reforma a la Ley de Educación, planteada por la diputada Victoria Bentley
• Además pide cambios a la Ley de Ciencia, para impulsar la incorporación de la investigación científica a la reducción de riesgos en caso de desastres

Mexicali, Baja California.- La diputada Victoria Bentley Duarte, en conjunto con los legisladores Raúl Castañeda Pomposo, Andrés de la Rosa Anaya y Alfa Peñaloza Valdez, presentó en la reciente sesión extraordinaria dos iniciativas: una para reformar la Ley de Educación y otra para modificar la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, ambas del Estado.

La primera de ellas reforma la fracción XIV del artículo 14 de la citada ley, a fin de que la educación que impartan el Estado, los municipios, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial en cualquiera de sus tipos, niveles o modalidades, se fomente la cultura de la transparencia y rendición de cuentas, así como el conocimiento en los educandos de su derecho al acceso a la información pública gubernamental y de las mejores prácticas para ejercerlo.

En su exposición de motivos, Bentley Duarte subrayó que dada la relevancia de las reformas tanto a nivel federal como estatal en materia de anticorrupción, resulta pertinente seguir una de las rutas que ayude, en gran medida, a combatir este cáncer que genera gran descomposición del tejido social, como es que en base a la disponibilidad presupuestal, se diseñen estrategias e implementen programas educativos en todos los niveles tendientes a crear y fortalecer una cultura de combate a la corrupción.

“Consideramos que se necesita mejorar y ampliar la educación de nuestros estudiantes en el combate a la corrupción, ya que es una camino que sin duda contribuye a fortalecer los valores morales y cívicos de todas las personas, base fundamental para lograr las aspiraciones de un mundo más humano en donde se imponga la cultura de la transparencia y la honestidad”, indicó la presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso local.

Mediante su segunda iniciativa presentada, la representante popular del tercer distrito de Mexicali planteó reformar el artículo 3 de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, para establecer que otra de las políticas del Estado será la de “impulsar la incorporación de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, con el objetivo de fortalecer el conocimiento y la investigación de la resiliencia y reducción de riesgos para el caso de desastres naturales y antropogénicos”.

Al respecto, la diputada Victoria Bentley explicó que la resiliencia es la capacidad de los asentamientos humanos para resistir y recuperarse rápidamente de cualquier peligro plausible y de volver rápidamente a la situación estable anterior.

“Consideramos que para tener esta capacidad es necesaria la interacción entre los diferentes actores institucionales junto con la comunidad científica, la cual puede aportar desde la investigación una contextualización de la realidad y líneas de acción, como el desarrollo tecnológico, la publicación y la divulgación de artículos y el fomento de un intercambio de experiencias entre los entes de gobierno, educativos y la sociedad, que permita el desarrollo de planes de reducción de las consecuencias de los desastres de origen natural o humano”, argumentó.

Por último, consideró indispensable adoptar medidas específicas en todos los sectores, en los planos local, nacional, regional y mundial, con respecto a las siguientes cuatro esferas prioritarias: comprensión del riesgo, fortalecimiento de la gobernanza, inversión en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia y aumentar la preparación para casos de desastres.