Mes: septiembre 2016

Ensenada Baja California.-El día de ayer se consumó por parte de la mayoría de diputados de la actual Legislatura un acto de villanía y de injusticia en contra de Ensenada y de sus habitantes, al decidir entregar parte de nuestro territorio al Municipio de Playas de Rosarito.

Al considerar lo anterior, Claudia Agatón Muñiz, diputada electa de la XXII Legislatura de Baja California, dijo que esto no debe ser un motivo de encono entre las personas de ambos municipios porque todos somos bajacalifornianos y mexicanos, pero si debe quedar claro que no vamos a permitir que se consume este robo territorial, porque se violentó el proceso y se torció la decisión cuando la actual Legislatura está ya en el ocaso de su periodo.

“Y digo que se violentó el proceso, porque no podemos olvidar que ambas partes aportaron elementos para sustentar su dicho en cuanto a la pertenencia de dicha porción del territorio, pero al final prevalecióla imposición de la mayoría a la verdad histórica y recordemos que la justicia no se vota, la justicia corresponde a la razón”, recalcó Agatón Muñiz.

Además –agregó- de que todos sabemos que esa porción del territorio tiene un gran potencial turístico y por tal razón intereses particulares empujaron esta decisión porque las raíces de dichas inversiones están íntimamente ligadas a las ambiciones de un grupo encabezado por Hugo Torres Chabert. Y que en su momento el desarrollo inmobiliario de esa región implicará que se eleve el valor de los predios y por tanto la recaudación municipal por concepto de pagos de impuestos derechos y servicios.

En este tenor, destacó Claudia Agatón, bucare a la brevedad una reunión con el Presidente Municipal Gilberto Hirata y con el diputado electo Alejandro Arregui, ya que considero urgente que unamos esfuerzos para actuar como un bloque en defensa de Ensenada, de su territorio y de su potencial desarrollo.

“Y para ello es necesario que unamos a nuestros equipos jurídicos en compañía del Comité Interdisciplinario para la Defensa del Territorio de Ensenada, para acudir ante el Gobierno del Estado e impedir que sea publicada en el Periódico Oficial, esta decisión del Congreso y solicitar que se regrese al Poder Legislativo para que sea retomado por la próxima legislatura”, expresó con firmeza.

Como ensenadense y como diputada, “reitero mi compromiso por defender el territorio y los interese de Ensenada y de su gente, además de tengo muy claro que como representante popular debemos impedir que los intereses y ambiciones particulares se impongan a los poderes públicos, al estado de derecho y a la razón histórica.

Por tal razón, estoy convencida de que saldremos adelante e impediremos este robo de nuestro territorio municipal”, dijo para concluir.

• Intereses económicos no pueden estar por encima de los intereses de la sociedad de Ensenada el municipio más grande de México; vamos por un amparo ciudadano: Eloísa Talavera Hernández

Ciudad de México.- Con 20 votos a favor y 3 en contra, el día de ayer, el Congreso del Estado de Baja California aprobó el dictamen 137, que le otorga al municipio de Playas de Rosarito la posesión de más de 168 kilómetros cuadrados, que representan más de 16 mil hectáreas que históricamente habían sido del municipio de Ensenada, en un acto irresponsable en donde se vislumbran altos niveles de corrupción, señaló la vicecoordinadora de proceso legislativo del PAN en San Lázaro, Eloísa Talavera Hernández.

Recordó que con la constitución de Playas de Rosarito como municipio en 1995, deliberadamente y atendiendo intereses económicos particulares, se delimitó incorrectamente los límites con Ensenada, iniciando así una batalla jurídica que ha durado más de 20 años y 7 legislaturas locales.

Talavera Hernández explicó que en esos años, la extensión territorial del municipio de Tijuana, de donde se desprendió el territorio de Playas de Rosarito, era de 1584.479 kilómetros cuadrados, en donde se definieron para el nuevo municipio, una extensión de 513.32 metros cuadrados, lo que debería de concluir aritméticamente en que el polígono territorial de Tijuana debió de haber quedado en 1071.159 kilómetros cuadrados.

Sin embargo refirió, como la delimitación se hizo hacia el sur, en colindancia con el municipio de Ensenada, en el decreto territorial de esos años se estableció para el municipio de Tijuana una extensión de 1239.49 kilómetros cuadrados, despojando a Ensenada de cerca de 17 mil hectáreas o 168 kilómetros cuadrados de territorio.

La legisladora acusó a la actual legislatura de prestarse a un juego -altamente corrupto- en donde hace unos meses, del mismo Congreso Estatal, específicamente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales que preside el perredista Roberto Dávalos Flores, se extraviaron 8 cajas con documentales históricas y técnicas presentadas por el Grupo Interdisciplinario para la defensa de Ensenada.

“No es posible que del Congreso del Estado se extravíen cajas con documentales, que finalmente no son utilizados para que los legisladores valoren todas las probanzas técnicas e históricas y se confabulen para atender intereses económicos multimillonarios en detrimento del pueblo ensenadense” enfatizó.

Como Ensenadense, dijo, y como legisladora federal, no puedo ser cómplice por omisión, así que todo un equipo jurídico está preparando ya un amparo que buscaremos sea ciudadano y lo llevaremos hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación para defender a ultranza lo que nos corresponde.

La vicecoordinadora de su fracción, le exigió al gobierno municipal a iniciar una Controversia Constitucional para enfrentar lo que calificó como un artero despojo al pueblo ensenadense.

Puntualizó que lo que buscan es capitalizar esa extensión territorial por parte de los intereses de Hugo Torres para incluirla dentro de la metropolización de Tijuana e incrementar de manera exponencial el valor inmobiliario de la tierra, al estar en un terreno de frente de mar que podría ser capitalizado enormemente por intereses ajenos al bien común.