Mes: mayo 2015

• En virtud del deslizamiento de tierra del pasado 17 de mayo, donde dueños de viviendas culpan a la CESPT
• Dip. Fausto Gallardo pide atención, seguridad y albergue por parte del gobernador y presidente municipal, hasta en tanto se aclare y resuelva

Mexicali, Baja California.- A petición del diputado Fausto Gallardo García, la XXI Legislatura local exhortará al gobernador Francisco Vega de la Lamadrid y al presidente municipal  de Tijuana Jorge Astiazarán Orcí, con el propósito de que tomen las medidas necesarias para dar atención, seguridad y albergue que requieran las familias desalojadas, en virtud del deslizamiento de tierra ocurrido en la colonia Miramar, de Tijuana, el pasado 17 de mayo de 2015, hasta en tanto se aclare y resuelva lo acontecido.

El legislador del Partido Verde dijo en tribuna que aún no se sabe con certeza las causas que originaron el deslave; sin embargo, refirió que vecinos de la zona aseguran que lo que provocó este suceso, fue una añeja fuga de agua que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana no había atendido.

“Efectivamente, vecinos de la localidad aseguran que el deslizamiento de tierra se debió a la filtración de agua de una tubería de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana; de hecho, señalan que desde hace tres años reportaron el problema a la entidad paraestatal, pero nunca lo solucionaron”.

Gallardo García subrayó que de ser así, esta grave omisión no debe quedar impune; por el contrario, es obligación deslindar y asumir las responsabilidades que conforme a derecho procedan, así como garantizar la reparación de los daños materiales ocasionados.

En ese sentido, mencionó que en caso de evidenciarse alguna responsabilidad por parte de servidores públicos estatales, el Poder Ejecutivo debía iniciar los procedimientos que correspondan, así como para que se tomen las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que se deriven.

Por otro lado, el punto de acuerdo solicita también exhortar al titular del Poder Ejecutivo, así como a cada uno de los presidentes municipales de la entidad, para que instruyan a las áreas competentes a fin de que inmediatamente inicien las acciones necesarias para la integración, o en su caso actualización, de los Atlas de Riesgos correspondientes, de conformidad con la normatividad  aplicable.

Por último, el presidente de la Comisión de Reforma del Estado del Congreso local expresó que “como servidores públicos, debemos estar siempre al pendiente de las necesidades más elementales, así como de los problemas que más aquejan a las personas, y de igual forma conocer y reconocer las deficiencias o irregularidades de nuestro actuar para poder estar en posibilidades de mejorar”.

Ensenada, Baja California.- Nereida Fuentes González, Candidata a Diputada Federal por el 07 distrito, del PRI-PVEM, estuvo presente en la Audiencia Campesina organizada por la CNC, donde recibieron a su dirigente nacional, el Senador, Manuel Cota Jiménez, a la dirigente estatal del PRI, Nancy Sánchez, al Candidato a la legislatura federal por el 03 distrito, Profesor Alfonso Garzón, con la finalidad de exponer los temas para proponer un beneficio al sector campesino de Baja California. 

En el campo mexicano persiste una desigualdad que agravia a la sociedad. Por un lado, existe un campo tecnificado y exportador que es muy competitivo a nivel internacional y, por el otro, existe un campo atrapado en el minifundio y en la baja productividad. El PRI busca un campo que realmente impulse el bienestar de la población rural, con la generación de agroindustrias en las distintas regiones del país, las cuales se caractericen por una mayor productividad y rentabilidad.

La Candidata Nereida Fuentes señaló que se tienen que generar las mejores oportunidades para que el campo vuelva a ser productivo, las políticas públicas deben estar enfocadas para reactivar éste sector de suma importancia para Baja California y que por el descuido del gobierno estatal, ha ido en desventaja. Es momento de exponer estas problemáticas desde la cámara de diputados para que se conozca a detalle porqué estamos rezagados en esa materia. 

Un campo productivo, con legislación moderna que permita alcanzar la seguridad alimentaria, promover la certeza jurídica en la tenencia de la tierra, con una resolución eficiente en los conflictos de posesión, expuso Fuentes González, garantizar la seguridad alimentaria del País mediante el abasto a la población en cantidades suficientes, en condiciones de calidad e inocuidad aceptables y a precios accesibles. Otorgar créditos accesibles a los propietarios de las tierras para que puedan seguir trabajándola. Impulsar la ganadería y la pesca.

Tenemos que ampliar el financiamiento y los apoyos al campo. Consolidar un sistema financiero, incrementar los fondos de contragarantía para el campo y para la contención de riesgos en los precios así como monitorear continuamente la utilización de estos recursos. Además, dijo la Candidata Priistas, que las políticas públicas se orienten, prioritariamente, a los productores pequeños y medianos y a las regiones con mayor rezago.

• “Muchas veces se conocen, de forma posterior a la entrega y en la mayoría de los casos, una vez perfeccionada la compraventa y pagado su precio”, indicó el coordinador del grupo parlamentario del PRI

Mexicali, Baja California.- Con la finalidad de que exista un plazo adecuado para que un comprador detecte vicios ocultos en un bien inmueble, el coordinador del grupo parlamentario del PRI en la 21 legislatura del Congreso del Estado, René Adrián Mendívil Acosta, presentó una iniciativa para reformar el artículo 2024 del código Civil, a fin de ampliar a dos años el plazo donde la ley ampara los reclamos generados por la aparición de imperfecciones, posteriores a la adquisición.

“En primer término, debemos precisar que los defectos o vicios ocultos, en el ámbito del derecho, son aquellos que puede tener una cosa que es objeto de adquisición y que no son reconocibles o apreciables en el examen del bien en el momento de su entrega. Esto tiene como consecuencia que se conozcan de forma posterior a la entrega y en la mayoría de los casos, una vez perfeccionada la compraventa y pagado su precio”, explicó Mendívil.

“De acuerdo al código Civil, el enajenante está obligado al saneamiento por los defectos ocultos de la cosa enajenada, que hagan esta impropia para los usos a que se le destina, o que se disminuyan a grado tal que, de haberlos conocido previamente por el adquirente, no hubiere hecho la adquisición o, en su defecto, habría pagado un precio menos por la cosa”, agregó.

“En ese sentido, el enajenante, en los contratos conmutativos, tiene la obligación de reparar los daños ocultos, o bien el adquirente puede optar por la rescisión del contrato y como consecuencia de ello el pago de los daños y perjuicios ocasionados por parte del enajenante”, añadió.

“En el grupo parlamentario del PRI, consideramos que el plazo de seis meses, contados desde la entrega de la cosa enajenada, en el caso de inmuebles, resulta insuficiente por la naturaleza del objeto en cuestión, máxime que en muchas ocasiones los vicios ocultos terminan por conocerse durante la época de lluvias, o fuertes vientos, mismos que las construcciones en algunas ocasiones no resisten”, estimó.

“Es por ello que, con la finalidad de dotar a nuestro código Civil sustantivo de elementos que resulten más proporcionales, y que brinden seguridad y certeza jurídica a quienes adquieren un inmueble, proponemos reformar el artículo 2024, a efecto de elevar el plazo de seis meses estipulado actualmente a dos años, y que en el caso de muebles continúe el plazo de seis meses, contados a partir de la adquisición del bien”, concluyó.