Etiqueta: Política

• Van por predios en que se cometan actividades ilícitas o actos delictivos

Mexicali, Baja California.- El diputado Juan Diego Echavarría Ibarra integrante de la Fracción Parlamentaria del PAN presentó iniciativa de modificación al artículo 6 de la Ley de Expropiación del Estado, en la que propone como causa de utilidad pública para que sean expropiados los bienes cuando sean centro actividades ilícitas o actos delictivos.

En general la intención de la iniciativa es responder a la necesidad de actualizar y precisar a mayor detalle las causas que dicten no solamente una utilidad pública, sino un verdadero interés social para que el Estado imponga limitaciones a la propiedad privada en casos en que el beneficio colectivo sea superior al del particular.

En lo particular, se propone que la ley contemple el aseguramiento mediando indemnización a su propietario, de bienes inmuebles en los que se realizan actividades ilícitas o actos delictivos que pongan en riesgo la seguridad del Estado y de las personas, permitiendo que estos se destinen en beneficio de la colectividad y del interés público.

La medida propuesta, abundó Echavarría Ibarra, pretende coadyuvar a la recuperación de espacios cuyo destino es la comisión de delitos y la realización de otras actividades contrarias a derecho, considerando el alza a las tasas de incidencia delictiva en la entidad, que nos colocan con un promedio de ciento diez mil delitos denunciados durante el 2022. Se tuvo un incremento de veinte mil delitos denunciados en relación con el año inmediato anterior, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica.

La propuesta concreta es como sigue: Articulo 6.- Se consideran causas de utilidad pública: IV.- La restauración o demolición total o parcial de bienes inmuebles en situación de abandono cuando estos generen un riesgo para la seguridad pública, así como el aseguramiento de inmuebles en los que se realicen actividades ilícitas o actos delictivos que pongan en riesgo la seguridad del Estado y de las personas, bienes que serán utilizados en beneficio de la colectividad o interés público.

El legislador hizo mención que la expropiación por causa de utilidad pública, es una de las figuras más antiguas del derecho positivo mexicano y ha permanecido casi inalterable en sus características fundamentales.

Es el medio con que cuenta el Estado para, de manera unilateral, adquirir la propiedad de bienes particulares siempre que exista una causa de utilidad pública, señalada en la Ley y se cumplan una serie de requisitos y procedimientos específicos.

Agregó que las causas de utilidad pública pueden cambiar con el transcurso del tiempo, de acuerdo con el desarrollo social, económico y político de la entidad de que se trate, a efecto de atender de manera eficaz las necesidades o intereses de la colectividad.

La propuesta se turnó a comisiones para su análisis y dictaminación como parte del proceso legislativo.

• Su objeto es adecuar los requisitos que deben acompañarse a la solicitud de matrimonio ante las oficialías de Registro Civil del Estado.
• El contenido normativo vigente, no cumple con los parámetros de derechos humanos y respeto a la privacidad de las personas.

Mexicali, Baja California.- Con el fin de adecuar los requisitos que deben acompañarse a la solicitud de matrimonio ante las Oficialías de Registro Civil del Estado de Baja California, la Diputada Claudia Josefina Agatón Muñiz, presentó una reforma al Código Civil local, con perspectiva de derechos humanos.

La reforma al artículo 94 de dicho Código refiere los requisitos y se encuentra, jurídicamente concatenado con el diverso artículo 95 del mismo cuerpo legal; el cual, es precisamente el que interesa en la presente Iniciativa.

Consideró la Legisladora del PT en su exposición de motivos que, el contenido normativo vigente, no cumple con los parámetros de derechos humanos y respeto a la privacidad de las personas.

Por ello, propuso en su iniciativa que, la fracción primera del artículo 95, quede como sigue: El acta de nacimiento e identificación oficial con fotografía, de las personas pretendientes.

Así mismo, plantea que la fracción III del mismo artículo, quede de la siguiente manera: La declaración de dos personas testigos mayores de edad que conozcan a las personas pretendientes y les conste que no tienen impedimento legal para casarse. Si no hubiere dos testigos que conozcan a ambos pretendientes, deberán presentarse dos testigos por cada una de las personas pretendientes.

Otra de las fracciones que busca enmendar del artículo 95 es la IV en su párrafo tercero: Para las personas en situación de calle tienen obligación de expedir gratuitamente este certificado los médicos encargados de los servicios de sanidad de carácter oficial.

Y en un cuarto párrafo de la misma fracción, plantea que: En caso de que, las personas contrayentes, expresen que no desean conocer el estado de salud de la otra persona, o bien que ya lo conocen y que desean continuar con el trámite de su matrimonio, deberán de comparecer ante la Oficialía de Registro Civil en la que desea celebrar su matrimonio, y una vez presentados los requisitos -con excepción del certificado médico- a efecto de hacer saber su voluntad, y que, por lo tanto, no desean presentar el certificado médico a que se refiere esta fracción.

De igual forma, propone en su iniciativa que, en los capítulos en los que se encuentran estos artículos del Código Civil, se reforme el término “Los Oficiales del Registro Civil” por “la persona Oficial del Registro Civil”, esto con el fin de aplicar el lenguaje correcto.