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• Plantea establecer un nuevo medio de impugnación que salvaguarde los derechos político electorales de los ciudadanos

Mexicali Baja California.- El Diputado Juan Manuel Molina García, presentó iniciativa de reforma a la Ley Electoral del Estado de Baja California, con la finalidad de establecer un nuevo medio de impugnación en materia electoral por el cual, cualquier ciudadano pueda someter a la decisión del Tribunal de Justicia Electoral, situaciones que le afecten, teniendo así acceso a la justicia electoral.

En su exposición de motivos, el legislador Molina García mencionó que la ciudadanía busca incansablemente alternativas que permitan en cada momento un mejor desarrollo humano, social y político, y a la vez que tengan un sentido de transformación en la vida pública de la Entidad.

Por ello, se busca que se legislen normas que regulen, precisen y determinen los requisitos de procedencia de un medio de impugnación, apto para controvertir los actos o resoluciones de los órganos y autoridades electorales, que violen los derechos políticos electorales del ciudadano, precisó.

Dijo que la propuesta pretende velar que en todo momento el derecho a votar y ser votado, estableciendo un medio de impugnación que salvaguarde los derechos político electorales del ciudadano en el Estado.

Explicó que los Derechos Políticos Electorales del ciudadano son: votar en las elecciones populares; ser votado para todos los cargos de elección popular; casociación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos, afiliación libre e individual a los partidos políticos e integrar autoridades electorales en las entidades federativas.

Expuso que resultará procedente impugnar los actos y resoluciones por quien, teniendo interés jurídico, considere que indebidamente se afecta su derecho por parte de los órganos y autoridades electorales en el Estado.

Molina García detalló que, en materia de juicio, este podrá ser promovido por los ciudadanos cuando habiendo cumplido con los requisitos y trámites correspondientes, no hubiere obtenido oportunamente el documento que exija la ley electoral respectiva para ejercer el voto.

También cuando considere haber sido indebidamente excluido de la lista nominal de electores de la sección correspondiente a su domicilio.

Además, cuando se violente su derecho político-electoral de ser votado, habiendo sido propuesto por un partido político, le sea negado indebidamente su registro como candidato a un cargo de elección popular.

El juicio sólo será procedente cuando el actor haya agotado todas las instancias previas y realizado las gestiones necesarias para estar en condiciones de ejercer el derecho político–electoral presuntamente violado, en la forma y en los plazos que las leyes respectivas establezcan para tal efecto, indicó.

La presente iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales para su respectivo análisis y posterior dictaminación.

• Dictaminan como no aprobatorias las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2020 a COTUCO, Ayuntamiento de Tijuana, ISESALUD, INDE y CESPT

Mexicali, Baja California.- La Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Poder Legislativo del Estado de Baja California, realizó su Décima Tercera Sesión Ordinaria, donde se realizó el análisis del informe individual de la Auditoría Superior del Estado, para su discusión y en su caso aprobación, de los proyectos de dictamen de las cuentas públicas de once entes fiscalizados, correspondientes al ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.

En la sesión ordinaria, se pusieron a consideración de los integrantes de la citada comisión fiscalizadora, el análisis de los informes individuales realizados por la Auditoría Superior del Estado, a las cuentas públicas del Comité de Turismo y Convenciones de Mexicali (COTUCO), el H. Ayuntamiento de Tijuana, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California (SESEA), el Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California (ISESALUD), Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California (INDE), la Universidad Politécnica de Baja California, el Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Baja California (FOFAEBC), el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEE), del Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado de Baja California, el Instituto Municipal de Planeación para el Municipio de Playas de Rosarito (IMPLAN) y la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate.

Las cuentas públicas que se dictaminaron como no aprobatorias, corresponden al Comité de Turismo y Convenciones de Mexicali (COTUCO), el H. Ayuntamiento de Tijuana, el Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California (ISESALUD), Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California (INDE) y la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate.

Asimismo, se dictaminaron como aprobatorias las cuentas públicas de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California (SESEA), la Universidad Politécnica de Baja California, el Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Baja California (FOFAEBC), el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEE), del Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado de Baja California y el Instituto Municipal de Planeación para el Municipio de Playas de Rosarito (IMPLAN)

En el turno de asuntos generales, la diputada Michel Sánchez Allende, planteó una propuesta para que se realice una mesa de trabajo y se solicite a la Secretaría de Hacienda, realice una presentación de las consideraciones federales para la incorporación de la perspectiva de género en los programas presupuestarios del Poder Ejecutivo, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial en el mes de julio del presente año, sin embargo, explicó que aún se deben construir y armonizar los criterios para su evaluación. Por su parte, la diputada presidenta de la comisión fiscalizadora, Alejandra Ang Hernández, respaldó la propuesta y fue sometida a votación de las y los diputados integrantes, misma que fue aprobada por unanimidad, quedando pendiente informar la fecha en la que se llevará a cabo dicha reunión.

Participaron en esta sesión las diputadas Alejandra María Ang Hernández, María del Rocío Adame Muñoz, Liliana Michel Sánchez Allende y Julia Andrea González Quiroz, así como el diputado Julio César Vázquez, integrantes de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público.

• Baja California ocupa el primer lugar en obesidad infantil
• Necesario promover estrategias con los tres órdenes de gobierno, el sector social y privado, para incentivar la activación física para mejorar la salud pública

Mexicali, Baja California.- El diputado Miguel Peña Chávez, hizo entrega de iniciativa de reforma a la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Baja California, ante Oficialía de Partes del Congreso, la cual tiene como propósito el promover y fomentar la activación física y deportiva de las niñas, niños y adolescentes, así como generar estrategias conjuntas entre los tres órdenes de gobierno, el sector social y privado, para la disminución y prevención de la obesidad y enfermedades que de esta se deriven.

En su exposición de motivos el legislador comentó que de acuerdo a datos presentados por la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (2018), cuantificando el porcentaje de la población de 12 a19 años con obesidad, por entidad federativa, el fenómeno se ha comportado de la siguiente manera:
1.- La media nacional de población de 12 a10 años de edad con obesidad, de los Estados Unidos Mexicanos es de 14.60%
2.- Baja California tiene un 18.30%, que es mayor a la media nacional de la población de 12 a 19 años de edad con obesidad.

La obesidad y el sobrepeso, al ser un problema público que responde a múltiples factores, implica ser tratado con un enfoque integral, lo que significa sumar esfuerzos de los tres órdenes de gobierno, así como del sector social y privado, que tienen la responsabilidad e interés de velar por el bienestar de nuestros niños y jóvenes en el estado, es necesario que otros actores gubernamentales colaboren ante esta problemática, en aras de unir esfuerzos para incrementar de manera contundente las acciones encaminadas a promover y fomentar la activación física, para así poder contrarrestar la epidemia del sobrepeso y obesidad en la población infantil y adolescente de Baja California.

“Samy” Peña también señaló que esta situación, aparte de reducir drásticamente la esperanza de vida, entre quienes desarrollan a raíz de la obesidad un padecimiento crónico-degenerativo, merma la calidad de vida del ciudadano, e incrementa sustancialmente los costos de salud pública del Estado.

• Especialmente cuando se trate de personas menores de edad.
• La proposición fue avalada por la mayoría de los legisladores en Sesión Ordinaria

Mexicali Baja California.- El Congreso del Estado aprobó un exhorto dirigido al Titular de la Fiscalía General del Estado, Ricardo Iván Carpio Sánchez, a efecto de que los agentes del Ministerio Público, cuando tengan conocimiento de una persona desaparecida, determinen el emprendimiento de la búsqueda especializada de manera inmediata y diferenciada, tal y como lo establece la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

La propuesta fue presentada por el legislador Marco Antonio Blásquez Salinas, en donde refirió en su exposición que la alerta Amber es un recurso que nació en Estados Unidos tras la desaparición forzada de una niña del mismo nombre, y tiene como propósito que todas las corporaciones, grupos de rescate, de búsqueda, participen de manera integral en el hallazgo de la víctima, implicando alcances internacionales como el cierre de fronteras. Añadiendo que en Baja California hay un desconocimiento y falta de implementación de este mecanismo, en la protección de la infancia.

El diputado ponente dijo que ha escuchado a las principales autoridades del estatales responsabilizar al protocolo federal por la falta de agilidad en la implementación de la alerta, cuando todos sabemos que esta alerta tiene un reglamento, una preceptiva, incluso ha sido materia de recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por ello referir a estos protocolos como los culpables de la dilación para la implementación de este mecanismo, es a su juicio; evadir la responsabilidad.

Lamentó el caso reciente en la ciudad de Tijuana, en donde un menor de edad de nombre Kevin, fue víctima de una desaparición forzada, al tener conocimiento los padres reportaron este acontecimiento a la Fiscalía, solicitando la activación de la alerta, recibiendo como respuesta que necesitaban 72 horas para poder activarla.

Así mismo, hizo alusión a otro caso en donde una niña 3 años desapareció de su casa, en Maneadero y al momento en que la familia denunció los hechos ente la misma autoridad, estos recibieron la misma respuesta de las 72 horas.

En este tipo de casos, y más cuando se trata de miembros de grupos vulnerables como niñas, niños y adolescentes o personas adultas mayores o bien con alguna discapacidad, la tardanza en la convocatoria a la búsqueda con las características que establece la ley general, puede significar la diferencia entra la vida o la muerte de la víctima.

Por ello es que, en el marco jurídico con que se cuenta actualmente en la entidad, se elabora esta proposición parlamentaria con la finalidad de garantizar el derecho de las personas que resulten desaparecidas a que en cuanto la autoridad ministerial tenga reporte, noticia o denuncia de su desaparición, se desencadene una búsqueda intensa, especializada y diferenciada con el propósito inmediato de encontrarlos con vida, concluyó el diputado Blásquez, siendo respaldado por los diputados presentes.