- Acusan daño patrimonial por más de 3,600 MDP en Ensenada y 1,500 MDP en Tecate
- Exigen inhabilitación y cárcel para el hoy senador
Mexicali, Baja California.- El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Diego Echevarría Ibarra, acompañado por las diputadas Alejandrina Corral y Mayola Gaona, así como por regidores panistas del Ayuntamiento de Mexicali presentó formalmente la solicitud de juicio político contra los exalcaldes Armando Ayala y Darío Benítez, por los adeudos heredados en los Ayuntamientos de Ensenada y Tecate, que ascienden a más de 3 mil 600 MDP y 1,500 MDP, respectivamente.
“Hoy estamos realizando un acto más por medio de las facultades que tenemos cualquier ciudadano que se sienta afectado y, en este caso, también nosotros los diputados”, expresó Diego Echevarría.
Señaló que el exalcalde de Ensenada, Armando Ayala, dejó un quebranto histórico superior a los 3 mil 600 millones de pesos, derivado de omisiones gravísimas en sus obligaciones patronales. “Este adeudo, sumado a multas y recargos, acredita de manera irrefutable los elementos para solicitar juicio político en su contra”, afirmó. Subrayó que la omisión ha privado a miles de trabajadores de su derecho a la seguridad social, pensiones, jubilaciones dignas y atención médica en ISSSTECALI.
“El exalcalde de Tecate, Darío Benítez, tampoco se queda atrás, con una deuda superior a los 1 mil 500 millones de pesos, lo cual también representa un daño patrimonial severo y sistemático. Ambos, deben responder ante la justicia por su gestión irresponsable y lesiva para los trabajadores y para las finanzas municipales”, indicó.
Mayola Gaona, integrante de la Comisión de Fiscalización, fue enfática al declarar que “no es posible que tanto las dependencias del gobierno del Estado como los ayuntamientos no estén pagando lo que le garantiza al trabajador una seguridad social”. Mencionó que hay trabajadores que acuden al hospital del ISSSTECALI y no encuentran medicamentos ni especialistas, e incluso les cancelan operaciones o las postergan hasta seis meses.
Además, denunció que “se les retiene el impuesto sobre la renta y no se entera al SAT, lo cual ya está generando multas a los trabajadores”.
Por su parte, la diputada Alejandrina Corral afirmó que el senador tiene que ir a la cárcel, pero además se tiene que inhabilitar, y cuestionó que siga haciendo campaña pese a que no se le han aprobado sus cuentas públicas. Recordó también que como diputada presentó dos denuncias, una estatal y otra nacional, por el tema de los medicamentos caducos, las cuales ya fueron resueltas favorablemente y están en espera de ejecución de sanciones.
La solicitud de juicio político presentada tendrá que ser analizada por la Comisión de Reforma de Estado y Jurisdiccional. Los legisladores panistas exigieron que se cite al senador para ejercer su derecho de defensa, pero también para rendir cuentas por un presunto daño millonario al erario y a los derechos laborales de miles de trabajadores.
