Mes: noviembre 2019

• El Secretario de Educación en el Estado, Catalino Zavala Márquez realizó la toma de protesta de ley a Pedro Artath Ochoa Palacio.

Mexicali, Baja California.- Con la representación del Gobernador del Estado, Ing. Jaime Bonilla Valdez, el Maestro Catalino Zavala Márquez, Secretario de Educación, realizó la toma de protesta de ley al licenciado Pedro Arath Ochoa Palacio, como Director General del Instituto de Cultura de BC.

Ante los miembros de la Junta de Gobierno del ICBC integrada por representantes de las secretarías de Educación, General de Gobierno, Hacienda, Infraestructura y Desarrollo Urbano, Honestidad y Función Pública, Oficialía Mayor, UABC y Notaría Pública No. 5, Ochoa Palacio asintió cumplir con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular de Baja California y las leyes que de una y otra emanen.

Pedro Arath Ochoa Palacio estudió la licenciatura en Derecho por la UNAM, cuenta con varios diplomados y ha sido maestro en la UNAM y en el Centro Universitario Tijuana. Ha sido ponente en temas de migración, Desarrollo, Arte y Cultura.

También ha sido jefe de Bibliotecas en el municipio de Tijuana y se ha desempeñado como agregado cultural del Consulado Mexicano en San Diego. Ocupó el cargo de Director General del Centro Cultural Tijuana en los periodos 1989-1994 y 2013-2018.

Durante el desarrollo de la Quinta Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del ICBC, el Secretario de Educación manifestó su reconocimiento por la decisión bien reflexionada hecha por el Gobernador del Estado por la designación del nuevo titular del ICBC por la importancia que representa la cultura en el tejido social de los bajacalifornianos.

Por su parte, Pedro Ochoa Palacio agradeció la designación y destacó la importancia que el Gobernador da al tema de la cultura al colocarla dentro de la Agenda de gobierno, lo que compromete a ofrecer una nueva estructura que de gran relieve a la cultura bajacaliforniana.

• También solicita que se considere la asignación de Plazas para quienes desempeñan su labor como voluntarios

• Bomberos realizan un esfuerzo sin límites, para contener incendios provocados por vientos de Santa Ana y aún no terminan

Mexicali, Baja California.- La diputada Julia Andrea González Quiroz, aseguró que, en estos últimos días, hemos sido testigos de un esfuerzo sin límites del trabajo de quienes tratan de contener los embates de los vientos de Santa Ana y que aún no terminan.

Muchos son voluntarios, jubilados, empleados de emergencias, y hasta administrativos, que se han sumado al trabajo heroico que nos ha mantenido seguros y que también ha servido de apoyo para quienes han perdido todo ante el fuego, agregó.

“Esta semana -dijo- nos ha dado también la oportunidad de ser testigos de lo poderosa, solidaria y fuerte que puede ser la comunidad bajacaliforniana, por ello los invito a que hagamos lo propio, y reconozcamos a la población que ha organizado colectas y hasta centros de acopio para ayudar no sólo a los que trabajan, sino a quienes han perdido sus bienes en el incendio”

Subrayó que también se debe reconocer a ese grupo de personas que cada vez que se requiere, demuestran que son un elemento vital para la seguridad de los cinco municipios, como son los bomberos.

Por tales motivos, Julia Andrea González exhortó a los cinco alcaldes de los Ayuntamientos de Baja California para que, en cada uno de sus Presupuestos de Egresos del 2020, se mejoren las condiciones salariales, así como las prestaciones que reciben los miembros adscritos a cada uno de los Cuerpos de Bomberos del Estado.

De igual forma, la legisladora del partido MORENA, les solicitó que se tome en consideración, la asignación de Plazas para aquellos que desempeñan su labor como voluntarios.

• Resaltó la necesidad de la suma de esfuerzos para contrarrestar los problemas ambientales, como la participación de las instituciones de educación superior

Mexicali, Baja California.- El diputado Fausto Gallardo García, del Partido Verde Ecologista de México, presentó ante el Pleno una iniciativa que reforma la Ley de Ejercicio de las Profesiones del Estado, a fin de que se contemple como parte integrante del servicio social profesional, que los estudiantes participen en asociaciones civiles que tengan por objeto el cuidado y protección del medio ambiente, y entre sus actividades estén la protección de la flora y fauna, reforestación y recolección de residuos, entre otros.

El legislador del Partido Verde destacó que debido a los grandes problemas de contaminación tanto en México como en Baja California, es necesaria la suma de esfuerzos para contrarrestarla; entre ellos, la participación de las instituciones de educación superior de la Entidad, lo que representa una medida de gran valía encaminada hacia la prevención y el cuidado del medio ambiente.

En ese sentido, señaló que “los problemas del medio ambiente sólo pueden revertirse con educación. En México hay unas 35 mil organizaciones de la sociedad civil, resaltando que de esas 35 mil organizaciones civiles de México solamente mil son de tipo ambientalista, según cifras del Instituto Nacional de Ecología de la Semarnat”.

Aseveró que el servicio social tiene por objeto realizar actividades en beneficio de la sociedad, lo cual extiende los beneficios de la ciencia, la técnica y la cultura, incluyendo la ambiental.

Gallardo García mencionó que los principales problemas que enfrenta el país y el Estado para proteger el medio ambiente, es la industrialización y los sistemas masivos de producción; el crecimiento exponencial de la población y, por ende, los asentamientos humanos sin planificación adecuada; la explotación desmedida de los recursos naturales; la alteración de los ecosistemas; la contaminación de los cuerpos de agua, de los suelos y del aire; el manejo inadecuado de residuos, y las afectaciones a la biodiversidad, entre otros.

Aunado a lo anterior, dijo que a través de los años la demanda de terrenos para agricultura, ganadería, desarrollos urbanos y turísticos ha destruido totalmente o degradado grandes superficies forestales, hoy convertidas en inmensos problemas ecológicos.

“Cobra relevancia señalar que existen múltiples actores defensores de la conservación del medio ambiente, que exigen la toma de medidas eficaces e inmediatas que garanticen su preservación, entre ellos, destaca la joven sueca Greta Thunberg, quien, semanas atrás, hizo un llamado a todos los políticos del mundo en la cumbre del clima de la ONU en Nueva York, afirmando que todo está mal y que los ecosistemas enteros están colapsando”. De ahí la importancia de la presente iniciativa que coadyuvará a que más personas se involucren en este tema, concluyó el diputado Fausto Gallardo.

• Según lo establecido en el transitorio segundo de la Lfdeapd, publicada el 22 de junio de 2018

Mexicali, Baja California.- El Pleno del Congreso de Baja California aprobó por unanimidad un punto de acuerdo presentado por el diputado Julio César Vázquez Castillo, mediante el cual se exhorta al gobernador Jaime Bonilla Valdez para que, a la brevedad, le dé cabal cumplimiento al transitorio segundo de la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas (Lfdeapd), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio de 2018.

El legislador petista señaló que dicho transitorio establece que “los gobernadores de los Estados, en el ámbito de sus respectivas competencias, contarán con un plazo de seis meses para adecuar los ordenamientos jurídicos y reglamentarios que correspondan, a efecto de cumplir y armonizarlos con las disposiciones contenidas en el presente decreto”.

En ese sentido, Vázquez Castillo indicó que su solicitud tiene la intención de impulsar los instrumentos institucionales de actuación y atención, así como para que se constituya un sistema estatal de búsqueda de víctimas en casos de personas desaparecidas y ausentes.

“La desaparición de un ser querido ocasiona graves daños e implicaciones profundas en casi todos los aspectos de la vida de las personas cercanas a la persona desaparecida; las afectaciones se dan en el ámbito personal, el núcleo familiar y en su entorno social, además de tener que enfrentar las diversas consecuencias económicas, jurídicas y/o laborales, generando un calvario de problemas, que no son atendidos por parte del Estado”, subrayó el presidente de la Comisión de Asistencia Social y Deporte de la XXIII Legislatura local.

Agregó que, en los últimos años, México ha enfrentado un serio fenómeno de desaparición forzada de personas, que según cifras oficiales reportadas por Amnistía Internacional en su informe 2018, seguía sin esclarecerse el paradero de 36 mil 656 personas, lo que aunado al dolor que genera en las familias un evento de esta naturaleza, también les sobrevienen problemas jurídicos, pues quedan muchas veces en estado de vulnerabilidad económica.

Dio a conocer que la referida Lfdeapd dispone quiénes pueden solicitar la emisión de la declaración ante un juez federal, como son los familiares o sus representantes legales, o quienes tengan una relación sentimental afectiva y cotidiana con la persona desaparecida.

Asimismo, que el ministerio público a solicitud de los familiares y el asesor jurídico elaborará un procedimiento que podrá formularse a partir de los tres meses de que se hubiere hecho la denuncia de desaparición. Además, se publicarán edictos en el Diario Oficial de la Federación y avisos en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación, llamando a cualquier persona que tenga interés. Si se presenta algún interesado, se le deberá escuchar o allegarse de las pruebas oportunas para resolver.

Entre otros efectos, esta declaratoria garantizará la conservación de la patria potestad; fijará derechos de guarda y custodia y protegerá los bienes de los menores; cuidará el patrimonio de la persona desaparecida, a través de un representante que lo administre y, de tal manera, pueda proveer a los familiares del sustento necesario para su subsistencia, y fijará la forma y plazo para que los familiares puedan acceder, previo control judicial, al patrimonio de las personas.

Por último, el diputado Julio César Vázquez expresó que la Lfdeapd prevé que la declaración protegerá los derechos laborales de las personas desaparecidas, a quienes se les tendrá en situación de permiso sin goce de sueldo.