Tijuana, Baja California.- Las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso de Baja California con las que se amplió el periodo de la próxima gubernatura de dos a cinco años se convirtió en un fraude constitucional que debe ser revertido para regenerar el estado de derecho, pues se puede sentar un grave precedente en el país que aun está en consolidando su democracia, afirmó el Presidente de la Academia Mexicana de Derecho, Jesús Naveja Macías.
“Es muy delicado claro que sí, en esto hay un remedio constitucional que es a través de los mecanismos de reconstrucción constitucional, donde se vuelve a regenerar el estado de derecho, si es muy claro que en un momento dado que esto puede permear, pero independientemente de que se pudiera manejar como un caso aislado no puede permitirse porque eso constituiría un fraude a la constitución que es algo sumamente delicado, sobre todo cuando se está buscando la consolidación del estado de derecho, es un momento clave en donde los poderes tienen que generar los contrapesos necesarios”, expuso.
El también Fiscal del Centro Latinoamericano de Investigaciones Jurídicas con sede en Colombia consideró que lo ocurrido en Baja California, sucede en un momento donde los ciudadanos deben de estar lo suficientemente formados en el ámbito de la cultura de la legalidad, por lo que es necesario fortalecer a la sociedad civil y las instituciones, mientras que los legisladores deben entender que el poder legislativo debe seguir cauces legales y evitar caer en estos escenarios haciendo valer el principio de razonabilidad, sin embargo se mostro confiado en que el partido en el poder federal hará valer el estado de derecho.
“Yo tengo mucha confianza la gente tuvo plena certeza en que el hoy partido del poder era gente de derecho, que así lo consideró que el presidente López Obrador que ha buscado una autoridad republicana, ha buscado el respeto de las instituciones, el respeto del derecho y creo que en este sentido respetando el tema de la autonomía que no implica soberanía, respetando el tema de que existen los mecanismos de control constitucional para restablecer el orden jurídico se va a llegar a eso”, dijo.
El Doctor en derecho constitucional y amparo mostró confianza en que se tomaran en consideración los cauces constitucionales que establece la norma fundamental porque al ser violadas se atenta contra el principio de supremacía constitucional y en consecuencia impacta en los derechos fundamentales de los ciudadanos, ya que existe el riesgo de crear “hipergobernadores” o “hiperpresidentes”
“Lo más importante es que se respete el principio de seguridad jurídica que es básico en esa relación precisamente con las autoridades, los aspectos estructurales y funcionales de las mismas autoridades y precisamente el principio de prohibición de la arbitrariedad, donde todos los poderes tienen mecanismos de control internos que se llaman intraorgánicos e interorgánicos que se da entre los mismos poderes, debemos recordar que en las democracias los poderes deben de ser limitados y equilibrados, jamás se debe de caer por parte de los congresos en esa crisis de representación, en ningún momento deben de atender a intereses ajenos a la sociedad que los hagan tener el rol de notarios que simplemente hagan validar o validen las inquietudes de ejecutivos, eso es muy importante, que se haga un ejercicio del famoso Mutatis mutandis (cambiando lo que se debía cambiar), donde no existan ejecutivos que tengan funciones fuera del cauce de la ley, que generen un hipergobernador un hiperpresidente, donde el poder judicial sea un poder activo, efectivo e independiente y dónde los congresos no generen crisis de representación y que hagan valer precisamente la democracia representativa, de una manera efectiva”, precisó.
Explicó que las reformas ejecutadas por los legisladores la noche del pasado 8 de julio generan una alteración del orden constitucional, pues en el proceso de consolidación de la democracia se debe partir de que los diputados contaban con legitimación de origen, pero vulneraron la de ejercicio, porque al resultar electo el actual gobernador lo que debió imperar es lo que estaba especificado en la Constitución sobre el período para el cual iba a ser elegido, lo cual es la base del derecho constitucional.
“La esencia del mismo derecho constitucional es la de buscar la limitación y un adecuado ejercicio del poder, que el poder no sea un medio en sí mismo, que no sea un mecanismo para lograr la manipulación o la extensión con ciertos recursos para lograr que sean más largos los períodos o para perpetuarse en el poder o para poder generar más poder o absorber más poder, entonces aquí el punto medular y el referencial es que cuando es electo el gobernador ¿qué es lo que establece la constitución del estado? y si la constitución establece en ese momento en el proceso de elección ¿qué resulta? y si está que son dos años en ese momento o que sean 5, es lo que debería de imperar, lo que se haga después de ese proceso de elección evidentemente en este sentido está generando una alteración del orden constitucional”, añadió.
Agregó que a pesar de que en esta caso hay varios legitimados para promover una acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas aprobadas por el Congreso bajacaliforniano, la sociedad puede recurrir al juicio de amparo para oponerse a la ampliación del periodo de gobierno, tal y como la Coparmex de Baja California pretende hacerlo, pues ya existe un antecedente que así lo permite, basados en la sentencia condenatoria en el caso de Jorge Castañeda Gutman, donde se estableció la estructura y todos los recursos o mecanismos de impugnación en materia electoral (artículo 99)
“Si representaría una muy buena oportunidad con base a esta implementación del derecho internacional de derechos humanos, con base a este tema del neoconstitucionalismo, del nuevo constitucionalismo como se ha venido configurando que se pudieran promover precisamente promover juicios de amparo, es decir el juicio de amparo es un mecanismo que está dado para el ciudadano para hacer respetar sus derechos fundamentales y humanos contra actos de autoridad y con la reforma constitucional y la nueva ley de amparo contra actos de particulares, entonces la posibilidad no es sí está legitimado mediante la acción de inconstitucionalidad, pero sí a través del juicio de amparo”, manifestó.
Finalmente apuntó que lo anterior se debe a que el principio democrático es un derecho fundamental y constituye un derecho humano conforme al artículo 23 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y bajo ese precepto el tema de la división de poderes se convierte en un derecho fundamental y humano y por tanto es posible que en un momento dado pudiese proceder un juicio de amparo pues es el mecanismo mediante el cual se impugnan violaciones a derechos fundamentales.
Fuente: UNIRADIO INFORMA
