Mes: abril 2018

Se aprobó el punto de acuerdo del GPPES que exhorta a las autoridades a privilegiar contratos sólo con empresas que no participen en dicha obra

No podemos admitir que mexicanos participen en esta obra que violenta derechos humanos fundamentales: Dip. Edith Martínez

Ciudad de México.- Ya que la sociedad mexicana se manifiesta en contra de la construcción del muro, decreto del presidente Donald Trump, no se puede entender que haya empresas mexicanas participando en dicha construcción. Por ello, la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social (GPPES), propuso a la Cámara de Diputados exhortar a las autoridades federales y estatales para que en lo posible celebren contratos con empresas que no participen en dicha construcción.

“No podemos admitir que los mexicanos participemos en esta obra de profunda injusticia y que violenta derechos humanos fundamentales”, instó la diputada Martínez Guzmán al presentar el punto de acuerdo de urgente resolución, aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados.

La diputada propuso que la Cámara de Diputados en su conjunto exhorte a los poderes públicos y demás autoridades de los tres ámbitos de gobierno privilegien en la celebración de contratos públicos sólo con aquellas empresas que no participen en dicha construcción.

“En un orden democrático el interés general debe siempre prevalecer por encima de los intereses económicos de los particulares”, explicó.

La diputada por Jalisco enumeró las varias afectaciones que implica la construcción del muro fronterizo, entre las cuales destacó la situación vulnerable de los migrantes que intentan cruzar para llegar a los Estados Unidos. “Ahora tendrán que buscar pasos más remotos y así arriesgar todavía más su vida”, dijo.

Además recordó que hasta agosto del 2017, suman 231 migrantes muertos o desaparecidos en la frontera con Estados Unidos, lo cual representa un aumento de 38% con respecto al mismo periodo del 2016, de acuerdo con datos de la Organización Internacional para Migrantes (OIM).

“Nos indigna que miles de familias anualmente sean separadas de la manera más injusta, violentando todos los tratados internacionales que México ha firmado”. De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO), en el 2015 había ya 36.9 millones de personas de origen mexicano viviendo en los Estados Unidos, explicó la diputada Edith Martínez.

Asimismo, la diputada señaló las negativas implicaciones económicas y medioambientales de la construcción del muro fronterizo.

Los diputados del GPPES consideran que debe de ser inaceptable que algunas empresas con capital mexicano muestren interés por participar en las licitaciones para dicha construcción, sobre todo cuando el país en su conjunto se ha pronunciado en contra, dejó en claro la diputada.

“Estoy segura que juntos podemos hacer la justicia sea una realidad en nuestro país para los mexicanos y para nuestros hermanos que hoy radican en los Estados Unidos”, puntualizó la diputada.

Será un catálogo de valores y principios que rijan su actuar.

Mexicali, Baja California.- Con el objetivo de constituir un catálogo de valores y principios que deberán ser aplicados por funcionarios y empleados que participan o coadyuvan en las funciones del ejercicio público en el ámbito legislativo, la diputada Victoria Bentley Duarte presentó una iniciativa mediante la cual se crea el “Código de ética del Poder Legislativo del Estado de Baja California”.

“Estamos convencidos de que el Poder Legislativo debe ser un promotor de valores y principios en la sociedad, que ayuden a mejorar los estándares de su desempeño profesional, basado en una cultura de transparencia, honestidad y objetividad en el desarrollo de actitudes y compromiso consigo mismo, con la sociedad y con las instituciones a las que representa”, destacó la representante popular en su argumentación.

Bentley Duarte explicó que dicho Código será un instrumento declarativo, ya que las probables conductas ilegales de los servidores públicos se sancionan actualmente por medio de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y demás normatividades aplicables.

Especificó que el mismo tendrá, entre otros, los siguientes fines: exaltar y dignificar la prestación del servicio público, independientemente de ideologías, preferencias políticas y creencias religiosas; y fomentar las relaciones laborales justas y equitativas entre mujeres y hombres, dando impulso a la perspectiva de género como generadora de un clima laboral en el que las creencias y los valores institucionales impidan cualquier tipo de discriminación, desigualdad o violencia laboral.

Asimismo, fomentar en el servidor público un trato de dignidad y respeto hacia sus compañeros, compañeras y la sociedad, sin importar género, capacidades especiales, edad, religión, lugar de nacimiento, nivel jerárquico o preferencia alguna; y establecer los criterios y valores que debe contener la conducta ética del funcionario, independientemente del cumplimiento de las disposiciones legales que regulan el desempeño de sus funciones.
Por otro lado, el citado Código especifica que los servidores públicos se abstendrán de solicitar o recibir beneficios de cualquier naturaleza, que fomenten o contribuyan al menoscabo de la administración pública, o que por cualquier motivo resulten injustificados; además de que todas sus decisiones y acciones deberán estar dirigidas a la satisfacción de las necesidades e intereses de la sociedad, por encima de intereses particulares ajenos al bienestar de la colectividad.

En el único transitorio de la iniciativa, se establece que por ser una adición a la estructura orgánica del Poder Legislativo, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de Baja California.
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