Mes: octubre 2017

• Expone las políticas públicas implementadas en este ejercicio

• Baja California debe tener una política social que combata la desigualdad y los contrastes sociales: diputado Arregui

Mexicali, Baja California.- En el marco de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado, el titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado (Sedesoe), Alfonso Álvarez Juan compareció ante la Comisión de Desarrollo Social, Deporte y Asuntos Indígenas (CDSAI), que preside el diputado Alejandro Arregui Ibarra, para exponer las políticas públicas que implementó en este ejercicio.

Dio a conocer que con acciones como apoyos nutricionales, obra social, proyectos productivos, dignificación de vivienda, servicios de salud, acceso a la educación, impulso al deporte y apoyando a niños, jóvenes, adultos mayores, personas discapacitadas, población indígena y migrantes, es como se ha logrado elevar la calidad de vida de los bajacalifornianos.

El titular de SEDESOE se hizo acompañar por funcionarios de la dependencia, así como por el director del DIF Estatal de Baja California, del Instituto del Deporte del Estado (INDE), del Instituto de la Mujer (Inmujer) y del Instituto de la Juventud.

Resaltó que el Consejo Nacional para la Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social (Coneval), midió la evolución de la pobreza en todo a nivel nacional y por entidad federativa para el periodo comprendido entre los años 2014 al 2016, donde se observó que en Baja California se ha logrado una sensible reducción de las personas en condición de pobreza.

En el 2014 la población en situación de pobreza en Baja California, representaba el 28.6 por ciento del total de la población, lo cual significaba que casi 985 mil personas estaban en esta condición de vida; mientras que para el 2016 disminuyó ese rubro al 22.2 por ciento.

Al hacer uso de la voz, Alejandro Arregui, en su carácter de Presidente de la Comisión de Desarrollo Social, Deporte y Asuntos Indígenas, destacó que: “Baja California es tierra de gente trabajadora, llena de sueños. Que no se detiene ante las circunstancias adversas y que está de pie y firme para resolver los problemas que tiene enfrente”.

Dijo el legislador que está convencido de que el Estado debe ser justo y próspero; un lugar donde todos puedan desarrollar sus proyectos y lograr las metas que se propongan. Una Baja California con un verdadero Estado de Derecho, donde se respeten las leyes; los ciudadanos tengan garantías para hacer valer sus derechos y donde no exista la desigualdad para que todos tengan acceso a las mismas oportunidades.

Finalmente puntualizó que Baja California debe tener una política social que lleve a los bajacalifornianos a tener la posibilidad de salir adelante. Que combata la desigualdad y los contrastes sociales

•La inicialista, diputada Alfa Peñaloza Valdez, propuso aumentar la penalidad hasta en una mitad

Mexicali, Baja California.- Debido al notable incremento de violencia familiar, la diputada Alfa Peñaloza Valdez presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado, a efecto de aumentar hasta en una mitad la penalidad establecida para sancionar a quien ejerza violencia física o moral en contra del menor de dieciocho años de edad, adulto mayor o persona con alguna discapacidad.

La intención de esta iniciativa es que, a través de la posibilidad de una sanción más severa, se erradique este tipo de violencia que tanto afecta a sector de la sociedad, aseveró la diputada, quien preside la Comisión de Grupos Vulnerables de la Vigésima Segunda Legislatura del Estado.

La propuesta, que fue presentada por la legisladora ante la oficialía de partes del Poder Legislativo, comprende la reforma del artículo 242 bis del citado código y además del aumento de penalidad plantea que, de acuerdo a la gravedad de la conducta del enjuiciado, a juicio del juzgador se le condenará a la suspensión o pérdida del ejercicio de la patria potestad, tutela o guarda y cuidado,

En base a un cuadro comparativo realizado por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), la violencia se ha incrementado en forma alarmante de 2013 a la fecha, pues en el caso de niños de 1 a 11 años aumentó de 95 a 321 casos; en adolescentes de 12 a 14 años, de 47 a 110 casos y en adultos mayores de 65 años, de 46 a 178.

Estas cifras –enfatizó la legisladora- indican que no bastan las sanciones establecidas, por lo que se debe actuar con mayor rigor a efecto de frenar esta violencia en contra de las personas que no pueden defenderse por sí mismas.

La diputada de extracción panista expuso que, dde acuerdo al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la violencia familiar nace del ejercicio desigual de las relaciones de poder que surgen en el núcleo familiar, y que se ejecuta cíclica o sistemáticamente por un miembro de la familia, viva o no dentro del mismo domicilio, contra otro que lo agreden física o psicológica, sexual y/o verbalmente, con el fin de controlar, someter o dominar al receptor de la violencia, sin que para su existencia sea prueba la presencia de lesiones.

Por su parte, añadió, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido a la violencia como el “el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas posibilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”, razón por lo cual, desde la 49ª Reunión Mundial de la Salud, celebrada en mayo de 1996, la violencia fue declarada como un asunto de salud pública, mencionó la diputada inicialista.

Añadió que cuando esta violencia se ejerce en contra de personas con discapacidad, “vemos que los factores que le ponen en riesgo son su incapacidad para realizar actividades básicas, como vestirse, comer o caminar, así como presentar deterioro cognitivo, incluso se pueden ver imposibilitados para pedir auxilio por lo que la violencia familiar puede prolongarse por mucho tiempo y, en muchos casos, agudizarse”.

También destacó que a lo anterior se le puede sumar que, en los casos de discapacidad intelectual, ante un nulo o tardío diagnóstico, se maltrata a un menor bajo el argumento de que no obedece o no entiende, por lo que en su iniciativa se busca que, a través de la posibilidad de una sanción más severa, se erradique este tipo de violencia que tanto afecta a niños, adultos mayores o personas con discapacidad.