Mes: junio 2017

La dip. Alfa Peñaloza presentó iniciativa a fin de reformar la Ley Para Prevenir y Erradicar la Discriminación.

Mexicali, Baja California.- La diputada Alfa Peñaloza Valdez presentó una iniciativa de reforma a la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Estado, con la finalidad de incluir a toda aquella persona que se encuentre en estado de vulnerabilidad temporal o permanente.

La propuesta fue presentada a través de Oficialía de Partes del Congreso local y se refiere a adicionar el artículo 6 y reformar la fracción VI del artículo 7 de la citada Ley, a fin de que no se considere como conducta discriminatoria el trato diferenciado que en su beneficio reciban mediante una atención preferente y adecuada las personas con cualquier tipo de discapacidad o movilidad limitada.

La diputada Peñaloza Valdez, quien preside la Comisión de Grupos Vulnerables, Familia, Derechos de las Personas de la Tercera Edad, Niñez y Discapacidad, de la XXI Legislatura, argumentó que el derecho a la igualdad y a la no discriminación es una garantía esencial desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Agregó que la mención reiterada a este derecho, se debe a que se percibe como la base de los principios fundamentales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y condición indispensable para el reconocimiento de la dignidad humana y de la plena realización de las personas a través de sus prerrogativas inalienables.

Destacó que en Baja California se ha avanzado al promulgar la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación, cuyo objeto es “Promover y garantizar el derecho a la igualdad y prevenir todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona, agrupaciones o colectivos, en los términos de la legislación federal y la legislación local, así como promover la igualdad con equidad de oportunidades y de trato”.

La diputada de extracción panista dijo que sin embargo, en ese sentido es necesario seguir avanzando con dirección a obtener una integración efectiva de los sectores vulnerables, con la finalidad de que estos reciban un trato adecuado, por lo que su propuesta trata de reforzar, la figura de trato diferenciado dentro de la mencionada Ley para que de esta manera, se otorgue certeza jurídica a los sectores vulnerables, al contemplar la consideración particular que requieren las personas en desventaja para disfrutar en condiciones de igualdad el ejercicio de sus derechos.

Precisó que para dar más claridad a la propuesta transcribo el contenido actual del artículo 6, en la cual se propone sustituir el concepto de “capacidades diferentes” por el de “alguna discapacidad”, además se enuncia el artículo 7, en su redacción actual de la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación.

El artículo seis se refiere a los casos en que se considera que existe discriminación y la propuesta es agregar: “Se considera Trato diferenciado la forma de considerar a las personas con discapacidad o movilidad limitada, adultos mayores, mujeres en periodo de gestación y en general toda persona que se encuentren en un estado de vulnerabilidad temporal o permanente, mediante una atención preferente y adecuada”.

La iniciativa fue turnada para su análisis a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Grupos Vulnerables, Familia, Derechos de las Personas de la Tercera Edad, Niñez y Discapacidad.

De acuerdo con la ONU, este proceso es aquel en que la víctima, delincuente y miembros de la sociedad hacen acuerdos con la ayuda de facilitadores.

Costa Rica ha implementado con gran eficiencia un modelo de justicia basado en la restauración.

Mexicali, Baja California.- La diputada Mónica Hernández “La Chula” Álvarez ponderó las ventajas de implementar la Justicia Restaurativa en Baja California como medida para la solución de conflictos entre delincuentes y víctimas.

Al presentar un posicionamiento durante la sesión ordinaria de la XXII Legislatura celebrada el pasado día jueves, la legisladora de extracción panista dijo en tribuna que este modelo de administrar la justicia constituye una teoría de justicia que busca poner énfasis en la reparación del daño causado por una conducta delictiva.

La legisladora de extracción panista y presidenta de la Comisión de Comunicación Social y Relaciones Públicas de la XXII Legislatura explicó que este sistema “busca superar la lógica del castigo o la justicia basada en el dolor, proponiendo que las partes puedan llegar a una solución, dependiendo de la gravedad del delito”.

Agregó que este modelo representa una visión distinta del delito, al transitar de la justicia retributiva por una justicia restaurativa y añadió que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), un proceso de justicia restaurativa es aquel en que la víctima, delincuente y miembros de la sociedad, afectados por un delito, participan conjuntamente de forma activa en cuestiones derivadas del hecho punitivo, con la ayuda de facilitadores.

Sobre el particular, la diputada Mónica Hernández comentó que en días recientes, junto con su compañera legisladora Iraís Vázquez Aguiar acudió a Costa Rica, país que ha implementado con gran eficiencia este modelo de justicia, según comentó la primera de estas diputadas.

Dijo que “este modelo de corte transversal está transformando su sociedad, a través de procesos socioeducativos, de autocorrección, en el cual se promueve una cultura cívica”,
Mónica Hernández ponderó el éxito del modelo costarricense y dijo que éste se debe a que estas prácticas no son sólo cuestiones legales y orgánicas, sino que en sus centros escolares se educa a los estudiantes en la solución de conflictos a través de círculos de paz y facilitación de pares, a las redes de apoyo por parte de la sociedad y al engranaje armónico de sus instituciones públicas en este propósito.

Mencionó que en Baja California, desde el año 2007 se cuenta con la Ley de Justicia Alternativa, la cual tiene por objeto regular y fomentar el uso de los medios alternativos a la justicia ordinaria para la prevención y solución de controversias.

Aunque destacó que en justicia restaurativa se cuenta con un avance normativo e institucional muy importante, dijo que también es cierto que aún falta mucho por hacer y señaló que una de las primeras acciones sería dejar de ver a la justicia penal “como el castigo por el castigo”, ya que de esta forma los procesos se vuelven estrictamente represivos y la justicia para la víctima, el ofensor y la sociedad se vuelve impersonal.

Finalmente la diputada “La Chula Hernández” subrayó: “Debemos sumar esfuerzos colectivamente, gobierno y sociedad. Estoy convencida de que las prácticas restaurativas constituyen un medio idóneo para fortalecer la justicia en Baja California. Desde este momento y en esta tribuna les digo que cuenten conmigo como una aliada incansable en este fin”.