Ensenada, Baja California.- En el marco de la reunión semanal del Foro Ensenada celebrada este lunes en conocido restaurant de Ensenada, la diputada local del Partido del Trabajo (PT) Claudia Agatón Muñiz habló acerca del conflicto de límites territoriales que en sesión extraordinaria de fecha 28 de Septiembre de 2016, la Comisión de Gobernación, Legislación y Punto Constitucionales del Congreso del Estado presidida por el Diputado Roberto Dávalos del PRD, determinó mediante su dictamen número 137, en este caso entre Ensenada y Playas de Rosarito, resolver a favor de éste último.
Señaló a los presentes que en la XX Legislatura (2010-2013) se había aprobado en la comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, el dictamen número 286, que favorecía a nuestro Municipio, la cual había dado la razón a Ensenada por ser claros los elementos históricos, jurídicos y técnicos, sin embargo dicho dictamen fue resuelto por el Pleno del Congreso en fecha 25 de Septiembre de 2013, con 10 votos en contra, 9 a favor y dos abstenciones.
Agatón Muñiz expresó también que el territorio en conflicto es de 16 mil 800 hectáreas, (168 kilómetros cuadrados), anualmente genera ingresos por 100 millones de pesos a los gobiernos municipales de Ensenada o Playas de Rosarito; de igual forma enunció las zonas del conflicto, siendo Alisitos, La Misión, La Fonda, Santa Anita, fraccionamiento Puente San Miguel, la comunidad indígena San José de la Zorra y La Misión San Miguel, zonas donde viven alrededor de 6 mil personas, incluidos 2 mil 500 estadounidenses pensionados.
De acuerdo a las pruebas históricas, la diputada Claudia Agatón señaló que por parte del Ayuntamiento de Rosarito, afirmaban que el límite con Ensenada se encuentra en el puente La Misión: kilómetro 64 de la carretera libre y que cuando se creó la Ley Orgánica del Estado (1989), el área de Tijuana era de mil 584.4 kilómetros cuadrados. Tijuana otorgó 513 kilómetros cuadrados para la creación del quinto municipio en 1995. No obstante, si se resta el área de Rosarito a la de Tijuana el resultado es 168 kilómetros menos de los que tiene. Esa área es de Ensenada y Rosarito terminaba en el kilómetro 53 de la Carretera Libre.
En cuanto a las acciones posteriores a la emisión del Dictamen 137, están el Informar al Gobernador del Estado con la finalidad de publicar la Resolución del Congreso en el Periódico Oficial del Estado de B.C. o realizar observaciones de ser el caso; así como auxiliar al Congreso y demás autoridades municipales en el deslinde y descripción de los elementos divisorios del territorio en conflicto, también el comunicar al Poder Judicial del Estado de B.C. para los efectos de competencia judicial territorial de los partidos judiciales de ambos municipios, así como a los Institutos Electorales (Nacional Electoral y Estatal de B.C.), para lo relativo la re delimitación de secciones electorales, para ambos municipios, para los posteriores procesos electorales.
De igual forma, Agatón Muñiz enunció que en el artículo 76 de la Constitución Política del Estado establece claramente que en materia de límites territoriales de Municipios las resoluciones del Congreso en la materia serán definitivas e inatacables. No obstante, existe como recurso de defensa por parte del Ayuntamiento de Ensenada, el Juicio de Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por último, la Diputada por el Partido del Trabajo destacó dentro de los alegatos del Ayuntamiento, además de los ya señalados, el conflicto de intereses que existió al momento de la resolución, en particular con la ex diputada por Playas de Rosarito, Laura Torres, pudiendo incluso influir en la decisión de sus compañeros de la XXI Legislatura para votar a favor. Lo anterior, por el terreno de 175 hectáreas propiedad de la ex diputada ubicado precisamente en la zona del conflicto municipal.
Mexicali, Baja California.- “Espero que las mujeres de Baja California puedan valorar la reacción natural de género que tuve al sentirme sola y sin respaldo, enfrentando una batalla asimétrica para vencer los molinos del viento”, indicó la diputada Blanca Patricia Ríos López.
