Etiqueta: Congreso del Estado

• Son 3 mil 500 millones de pesos los autorizados.
• Por encima de los costos políticos está la atención a la demanda de agua: Rocío Adame.
• Habrá 500 millones para infraestructura educativa, salud y seguridad para atajar la violencia contra las mujeres

Mexicali Baja California.- La contratación de deuda para inversión pública productiva por 3 mil 500 millones de pesos fue aprobada por el Congreso del Estado; recursos que se destinarán principalmente a resolver de largo plazo el problema de abastecimiento de agua potable, en particular en los municipios de Tijuana, Tecate, Rosarito, Ensenada y San Quintín y a construir infraestructura en las áreas de salud, educación, seguridad pública y movilidad urbana para hacer frente y parar la violencia contra las mujeres.

“Contratar deuda conlleva siempre un costo político, el cual asumimos. Por encima de ese costo político son más grandes las necesidades de obra pública en materia de agua potable en los municipios de la costa del estado. La población exige que se garantice el abasto de agua y para ese fin se destinarán 3 mil millones de pesos”, precisó la diputada María del Rocío Adame Muñoz, presidenta del Congreso.

La legisladora destacó que se le da un voto de confianza a la gobernadora Marina del Pilar Ávila para que saque adelante todo un plan de obras, pero sujeto supervisión del Congreso. El dictamen aprobado establece una revisión por parte de los legisladores de por lo menos cada seis meses, del programa en su conjunto y de obra por obra, de acuerdo al distrito electoral que atiende cada diputado.

Se asentó en el dictamen, aprobado con 19 votos favor y seis en contra, que en administraciones anteriores se ignoró el problema de abastecimiento y saneamiento de agua, afectando a la población y aunado lo anterior hay factores como el crecimiento de los habitantes, las condiciones de sequía que atraviesa la región y la mala gestión de las pasadas administraciones en el funcionamiento de los organismos operadores de agua en Baja California lo que ha acrecentado el déficit que se padece en la costa del Estado.

Se precisó que la población en el Estado en 2020 alcanzó la cifra de 3 millones 769 mil 020 habitantes, con una tasa de crecimiento estatal de 1.8% anual, siendo los municipios de la zona costa los que registran las mayores tasas de crecimiento poblacional promedio.

El Consejo Nacional de Población (CONAPO) proyecta que en 2030 llegaremos a 4 millones138 mil 349 personas (con una tasa de crecimiento de 1.08% anual) y en el año 2050 alcanzaremos la cantidad de 4,776,728 habitantes con un ritmo de crecimiento menor (0.38% anual).

De acuerdo a la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua (SEPROA), los Municipios del Estado presentan los siguientes niveles de oferta y demanda de agua:

Ensenada tiene una oferta actual de 30.1 Millones de Metros Cúbicos al año (Mm³/año), y una demanda de 32.7 Mm³/año, presentando un déficit de -2.6 Mm³/año, equivalente a 82.5 Litros por segundo (L/s) promedio anual.

Tecate tiene una oferta actual de 8.9 Mm³/año contra una demanda de 10.6 Mm³/año presentando un déficit de -1.7 Mm³/año, equivalente a 54.0 L/s promedio anual.

San Quintín tiene una oferta actual de 3.0 Mm³/año contra una demanda de 8.4 Mm³/año presentando un déficit de -5.4 Mm³/año, equivalente a 171 L/s promedio anual.

Tijuana y Rosarito tienen una oferta actual de 157.7 Mm³/año contra una demanda de 173.5 Mm³/año presentando un déficit de 15.8 Mm³/año, equivalente a 501 L/s promedio anual.

Mexicali y San Felipe tienen asegurado el abasto de agua hasta el año 2035.

La infraestructura actual de colectores, emisores, cárcamos, plantas de bombeo de aguas residuales se encuentran en condiciones de riesgo con gran porcentaje de vida útil rebasada, proclives al colapso, ocasionando derramas y riesgos a la salud.

La mayoría de las plantas de tratamiento de aguas residuales instaladas en el Estado, tienen capacidades insuficientes y con equipamiento operando con bajas eficiencias. No se cuenta con los recursos presupuestales suficientes para hacer frente a las rehabilitaciones, ampliaciones y construcción de infraestructura para asegurar una correcta operación del sistema de saneamiento.

Para todo eso se destinarán los tres mil millones de la nueva deuda.

INVERSION DE 500 MILLONES A FAVOR DE LAS MUJERES

• Dirigida a los pueblos y comunidades indígenas de la entidad, para dar a conocer la reforma al artículo 7 de la Constitución Política del Estado.

Mexicali, Baja California.- En Sesión Ordinaria de las Comisiones Unidas de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales y de Asuntos Indígenas y Bienestar Social de la XXIV Legislatura, que presiden el diputado Juan Manuel Molina García y la diputada Evelyn Sánchez Sánchez, se presentó y aprobó el

Proyecto de Acuerdo de Consulta Previa Libre e Informada a Pueblos y Comunidades Indígenas.
El Proyecto de Acuerdo es respecto a la iniciativa de reforma al artículo 7 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California en materia de Derechos Indígenas, misma que fue presentada el 20 de septiembre de 2021 por la diputada Evelyn Sánchez, quien expresó en su exposición de motivos mencionó que, “la propuesta retoma la iniciativa comunitaria que presentaron diversas autoridades y representantes indígenas, el 22 de enero de 2020, a fin de reconocer a las comunidades y pueblos indígenas como sujetos de derecho público”.

 

En ese sentido, la presente propuesta tiene como principal objetivo responder a la sentencia del recurso de inconformidad RI-30/2018 INC, a través de una iniciativa que armonice el artículo 7, de la Constitución del Estado de Baja California, con la fracción III, apartado A, del artículo 2, de la Constitución Federal, por lo que la medida legislativa no puede continuar las siguientes etapas (análisis, construcción, discusión y votación) sin antes realizar la Consulta con las personas integrantes de los pueblos y comunidades indígenas, para no invalidar el eventual Decreto a través de la declaración de inconstitucional por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

También los integrantes de estas Comisiones Legislativas avalaron que el desarrollo de dicha consulta, se lleve a cabo con la participación de todas y todos los legisladores, por lo que el diputado Juan Manuel Molina propuso que, a través de la Junta de Coordinación Política, se emita un acuerdo y se haga de conocimiento del Pleno, el requerimiento de coordinación y asistencia en el desarrollo de las consultas, además de que se emita una carta compromiso.

Por su parte la diputada Evelyn Sánchez, indicó que los principios rectores que habrán de seguirse son: libre determinación, participación, buena fe, interculturalidad, igualdad entre mujeres y hombres y accesibilidad, ya que está dirigida a los pueblos y comunidades indígenas de la entidad, para dar a conocer entre sus miembros la iniciativa, propósito, alcance y contenido de la reforma en materia de derechos indígenas.

La Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, será la encargada de convocar a autoridades estatales y municipales para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, se unan y auxilien a la primera para el desarrollo y colaboración de la presente Consulta.

Por su parte, el Pleno de esta Soberanía, faculta a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, como también a la Comisión de Desarrollo Social y Asuntos Indígenas, para llevar a cabo todas las acciones en el debido cumplimiento de lo establecido en el presente Acuerdo, con pleno respeto a los derechos y libertades de los pueblos y comunidades indígenas.

En la Sesión de Comisiones Unidas estuvieron presentes las diputadas Evelyn Sánchez Sánchez, Liliana Michel Sánchez Allende, Alejandra María Ang Hernández, Dunnia Montserrat Murillo López, Julia Andrea González Quiroz, Daylín García Ruvalcaba, así como los diputados Juan Manuel Molina García y Sergio Moctezuma Martínez López.