Autor: Berenice Barreto

• Para que se realicen acciones ecológicas en el cuidado, tratamiento y conservación de espacios públicos con uso de aguas tratadas
•  La proposición fue presentada por el diputado Julio César Vázquez Castillo

Mexicali, Baja California.- En Sesión Ordinaria del Pleno del Congreso estatal de este jueves, fue presentado y aprobado por unanimidad de los presentes, el dictamen número 1 de la Comisión de Energía y Recursos Hidráulicos, respecto a la proposición del diputado Julio César Vázquez Castillo, por la cual se exhorta a a la Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, como también a las personas Titulares de cada uno de los Ayuntamientos de la entidad.

El documento, que fue leído por el diputado César Adrián González García, establece que la propuesta resulta jurídicamente procedente, pues se encamina a instrumentar un derecho humano, debidamente establecido en el marco jurídico constitucional, ya que la política hídrica es considerada de seguridad nacional y de prioridad estratégica para el Estado Mexicano, pues lleva implícita derechos fundamentales reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, resulta dable la propuesta del autor, pues se encamina a tutelar eficazmente derechos en beneficio de la colectividad.

Es por todo lo anterior, la Comisión dictaminadora estableció que la proposición de acuerdo económico formulada por el inicialista, resulta acorde a derecho, no se contrapone con ninguna disposición de orden federal o local y no contraviene el interés público, lo que la hace jurídicamente procedente, por lo que la XXIV Legislatura de Baja California, exhorta respetuosamente a la Gobernadora del Estado de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, para que, en el ámbito de su competencia, instruya al Secretario del Agua y a las personas Titulares de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos, a promover el uso de aguas residuales tratadas, para el riego de áreas verdes públicas, parques, unidades deportivas y áreas verdes.

En el mismo sentido se exhorta respetuosamente a las presidentas y los presidentes municipales de Mexicali, Tijuana, Ensenada, Tecate, Playas de Rosarito, así como a los Titulares de los Concejos Municipal Fundacionales de San Felipe y San Quintín, para que, en el ámbito de sus respectivas competencias promuevan el uso de aguas tratadas para el riego de áreas verdes, camellones, parques y unidades deportivas.

• Prisión a quienes realicen procedimientos de especialidad médica sin contar con certificación.
• Se extingue el Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación de B.C.

Mexicali, Baja California.- El Pleno del Congreso aprobó dos iniciativas presentadas por la Gobernadora de B.C., Marina del Pilar Ávila, una tiene como fin imponer pena de prisión a quienes realicen un procedimiento quirúrgico de especialidad médica sin contar con la debida certificación, y la otra; abrogar la Ley que crea el Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación, por estimarse que ya cumplió con su objeto social.

Con respecto a la primera proposición, se establece en el Código Penal de B.C. en sus artículos 260 y 269, una pena de prisión de seis meses hasta seis años, a los médicos que usurpen funciones, cuando lleven a cabo una cirugía especializada sin contar con cédula expedida por la autoridad educativa competente y certificado vigente otorgado por el Consejo de Especialidad Médica correspondiente.

Dicha certificación deberá estar reconocida conforme a la Ley General de Salud y corresponder a la rama médica de la que derive dicho procedimiento, de no cumplir con estos requisitos, también se inhabilitará a los doctores para ejercer la profesión médica, por el mismo tiempo de la pena de prisión impuesta, así quedó manifestado en el Dictamen No. 58, que dio lectura la diputada Evelyn Sánchez Sánchez.

En ese contexto, se insiste en que las reformas planteadas no persiguen criminalizar el acto médico, sino castigar las malas prácticas médicas y, en consecuencia, proteger la salud de los bajacalifornianos, de los habitantes de otros Estados y de los extranjeros que acuden a nuestro Estado con el propósito de recibir atención médica.

Por otro lado, dentro del mismo proyecto se propuso la adición de 3 numerales al artículo 19 de la Ley de Salud Pública del Estado de Baja California, para la creación de una Comisión de Vigilancia, encargada de solventar las necesidades materiales, humanas y económicas de las Instituciones de Salud, para garantizar que la práctica médica se realice con los insumos y condiciones requeridas para la atención de la población.

El diputado Juan Manuel Molina García, fue el responsable de presentar ante la Asamblea el Dictamen No. 56, el cual contiene la diversa iniciativa, que abroga la Ley que crea el Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación del Estado de Baja California, y de manera colateral dotar de atribuciones en materia ambiental al Instituto de Movilidad Sustentable del Estado, con el fin de prevalecer la tutela a los derechos humanos a la movilidad y al medio ambiente sano.

Lo anterior también se votó a favor por unanimidad de las y los legisladores, ya que, a raíz de los Decretos expedidos por el Gobierno de la República, en materia de la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, es el Ejecutivo Federal el que toma la conducción del registro y regularización de dichos vehículos, con apoyo del Ejecutivo Estatal.