Autor: Berenice Barreto

• Está basada en una reforma a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Federal, relacionada a la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.
• Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante 2021 se registró un aumento del 31.7 por ciento de deudores alimentarios

Mexicali, Baja California.- La pensión alimenticia es el conjunto de elementos esenciales que se tiene que dar a una persona necesitada de parte de algún padre o tutor, el cual está relacionado con los derechos humanos, por lo que no se puede evadir la responsabilidad de entregar esta prestación parental, indicó el Diputado Manuel Guerrero Luna.

Esto fue argumentado por el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, en la exposición de motivos de su Iniciativa con proyecto de reforma a la Ley para la Protección y Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Baja California, para armonizarla con la Ley homónima Federal en materia de pensiones alimenticias.

Así mismo, resaltó que, en la actualidad hay varios padres que se niegan a pagar la respectiva pensión alimenticia a sus hijos, con tal de no ver reducido sus ingresos, por lo que hacen acciones que cumplen con este propósito, como usar prestanombres, ingresar a trabajos informales, salir del país y demás cosas que evitan el debido cumplimiento de la obligación.

De acuerdo a INEGI tan solo en México el 67.5 por ciento de las madres no reciben una pensión alimenticia; y tres de cada cuatro hijos separados, tampoco reciben pensión alimenticia, mientras que los deudores alimentarios aumentaron entre 2020 y 2022.

Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica, durante 2021 se registró un aumento del 31.7 por ciento de deudores alimentarios, al pasar de 17 mil 678 carpetas de investigación del año 2020 a un número de 23 mil 285 carpetas. La tendencia parece repetirse, pues también ocurrió un alza de incumplimientos.

Por tales motivos, esta iniciativa está basada en una reforma a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes aprobada por el Poder Legislativo Federal a través del Senado de la República, el día 23 de marzo del 2023, relacionada a la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.

Sin embargo, hasta la fecha de la presentación de la presente iniciativa, aún no se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación, puntualizó el Diputado Manuel Guerrero.

• Gobernadora Marina del Pilar Ávila y Diputada Monserrat Rodríguez, las inicialistas.
• Los usuarios de servicios de salud podrán conocer la experiencia profesional de los médicos.
• Se reforman varias leyes, para brindar mayor certeza a quienes requieran atención médica

Mexicali, Baja California.- En Sesión de Pleno, las y los diputados aprobaron diversas reformas para garantizar que los usuarios de servicios de salud puedan conocer la experiencia profesional, así como establecer nuevas obligaciones y requisitos para los prestadores de dichos servicios en materia de ejercicio profesional, educación y servicios turísticos de salud.

En sesión de la Comisión de Salud, el día 19 de abril del presente año, se analizaron de manera conjunta las iniciativas presentadas por la Gobernadora del Estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y la diputada María Monserrat Rodríguez Lorenzo, originando el Dictamen No. 10, para modificar la Ley de Salud Pública, Ley de Educación, Ley de Ejercicio de las Profesiones y la Ley de Turismo, todas de Baja California.

Ávila Olmeda en su exposición, enfatizó la necesidad de garantizar que los usuarios de los servicios de salud puedan conocer la formación profesional y laboral del médico prestador de servicios, estableciendo la obligación de proporcionar dicha información a las instituciones públicas y privadas donde estos laboren.

Por otro lado, precisó la obligación a los médicos especialistas, de acreditar dicha especialidad cuando publiquen sus servicios en medios de comunicación. Además, observa que las instituciones particulares que imparten educación médica tengan las competencias suficientes para ejercer su función.

La Gobernadora del Estado, en su exposición de motivos resaltó el reclamo de diversos colegios médicos, respecto de los médicos que se ostentan y ejercen como especialistas sin tener dicho grado. Y la existencia de instituciones educativas que, ofertan diplomados y cursos que no cuentan con programas adecuados y completos, generando egresados que no tienen los conocimientos necesarios para su ejercicio.

A su vez, la legisladora Monserrat Rodríguez, en su pretensión prevé el requisito para los profesionistas de la salud que provienen de otras entidades federativas del país, y que pretenden ejercer profesionalmente en el Estado, tendrán que presentarse en el Departamento de Profesiones, dependiente de la Secretaría de Educación y Bienestar Social, para inscribirse en el Registro Estatal de Profesiones, con el cual se acredita para poder ejercer en B.C.

Al respecto la diputada inicialista comento: “con esta reforma, de manera tajante se establecerá la obligación para los profesionistas foráneos, que ocasional o permanentemente ejercen en la entidad de obtener su cédula estatal, evitando así interpretaciones sobre la necesidad de su obtención o no para ejercer”.