Autor: Berenice Barreto

• Se busca brindar espacios de diputaciones y regidurías a jóvenes, personas de diversidad sexual y personas con discapacidad.
• Aprueban proyectos legislativos para incorporar el principio de austeridad en las funciones administrativas del Instituto Electoral

Mexicali, Baja California.- Integrantes de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, analizaron y aprobaron en sesión, el proyecto de dictamen respecto a la iniciativa de reforma de varios artículos de la Ley Electoral, Ley de Partidos Políticos y la Ley del Tribunal de Justicia Electoral, todas del Estado de Baja California, cuyo inicialista es el legislador Juan Manuel Molina García.

Cabe señalar que el Dictamen 95 de la Comisión de Gobernación, incluye para su fortalecimiento, las iniciativas en materia electoral presentadas en su momento por las diputadas, Michel Sánchez, Evelyn Sánchez, Monserrat Rodríguez, Amintha Briceño, Alejandrina Corral, Daylín García, el diputado Manuel Guerrero, César González y la iniciativa ciudadana presentada por integrantes de la organización Alianza Inclusiva y Diversa de México representada por Berthila Burgueño.

Por lo que corresponde a la iniciativa ciudadana, el diputado Molina García señaló que por los próximos tiempos electorales no es posible que la misma tomara su proceso como lo señala la ley, sin embargo logró asumir dentro de su proyecto, ciertos aspectos como el contemplar que los institutos políticos deben postular en las candidaturas de diputaciones y regidurías, al menos una formula de cada una de las poblaciones de atención prioritaria (jóvenes de entre 18 a 29 años de edad, personas de la diversidad sexual y de género, y personas con discapacidad).

El inicialista mencionó que esta medida va encaminada a alcanzar las mismas aspiraciones de las candidaturas indígenas y afromexicanas, materia que fue recientemente legislada en el Estado, a raíz de las Consultas a las comunidades.

Este paquete legislativo también persigue establecer el aumento del 3% al 6% del finamiento público que reciben los partidos, para destinarlo a actividades de capacitación promoción y desarrollo en el tema del enfoque interseccional, y un 3% para la capacitación y construcción de nuevas masculinidades.

De igual forma se insertan las limitaciones para acceder al cargo de elección popular por tener sentencia firme en delitos contra la vida, la integridad corporal, libertad y seguridad sexual, violencia familiar y violencia política en contra de las mujeres, y ser deudor alimentario.

Además se incorporan elementos de legalidad y seguridad jurídica en el régimen de sanciones administrativas y jurisdiccionales a cargo de los operadores de las instituciones electorales.

Se instrumenta el principio de austeridad en las funciones administrativas del Instituto Electoral. Por otro lado, se clarifica en la Ley del Tribunal de Justicia Electoral, el procedimiento para cuando surja una vacante de una magistratura.

Por todo lo anterior, el proyecto legislativo materia de estudio derivó en el Dictamen 95 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, el cual contó con los votos a favor del diputado, Juan Manuel Molina García, y las diputadas Alejandra María Ang Hernández, Evelyn Sánchez Sánchez y Liliana Michel Sánchez Allende, una abstención del legislador Juan Diego Echeverria Ibarra y un voto en contra de la diputada Daylín García Ruvalcaba.

• Actualmente los magistrados electorales al terminar su encargo de 7 años, continúan en el cargo mientras el Senado designa a otra persona
• El Congreso Local sí tiene facultades para regular los mecanismos que regirán cuando exista una magistratura vacante

Mexicali, Baja California.- A fin de clarificar que la duración del cargo de magistrado electoral es por un periodo de siete años, y evitar un acto de inconstitucionalidad, la diputada María Monserrat Rodríguez Lorenzo, presentó iniciativa para reformar la Ley del Tribunal de Justicia Electoral del Estado.

De acuerdo al artículo 68 de la Constitución Local, el Tribunal de Justicia Electoral de B. C. (TJEBC) se integra por tres magistrados electos por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, de conformidad también con la Constitución Federal y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).

Monserrat Rodríguez razonó en su diagnóstico legislativo que actualmente el artículo 12 de la ley mencionada, reitera que los magistrados electorales permanecerán en su encargo siete años, con la salvedad de que a la fecha de concluir su nombramiento, el Senado aún no ha realizado la designación de que se trate, continuarán en su encargo hasta en tanto ésta sea efectuada.

Dicha excusa ya fue analizada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; y a pesar de que en Baja California el legislador local así lo haya establecido, dicho Tribunal resolvió que este mecanismo es inconstitucional cuando la permanencia de la magistratura saliente excede los siete años establecidos en la LGIPE.

Además el resolutivo contiene que si bien, las legislaturas locales no tienen facultades para designar a las magistraturas locales, porque se trata de una facultad exclusiva del Senado, sí tiene facultades para regular mecanismos que regirán cuando exista una magistratura vacante, tanto temporal como definitiva.

Esto quiere decir que los congresos locales tienen la plena libertad para determinar el método a seguir ante una vacante de una magistratura.

“En consecuencia, al considerarse inconstitucional el procedimiento de permanencia, es necesario se ajuste la normatividad local, a fin de eliminar el vicio que subsiste”, expuso la legisladora inicialista.

Por lo cual se propone establecer que en caso de presentarse una vacante definitiva, ésta será comunicada a la Cámara de Senadores para el procedimiento de sustitución, y mientras tanto, la vacante sea cubierta con el Secretario General de Acuerdos del Tribunal o el secretario de ponencia de mayor antigüedad.