Autor: Berenice Barreto

• La capacitación de los defensores es un elemento central de una defensoría pública de calidad

Mexicali, Baja Califonria.- “Si no existe una defensoría pública de calidad, autónoma y transparente, la dignidad y la calidad de vida y los derechos humanos de los ciudadanos que se enfrentan a un procedimiento judicial, están en riesgo, por lo que deben ser protegidos y garantizados”, indicó la Diputada Dunnia Montserrat Murillo López.

De esta forma lo expresó, al presentar una Iniciativa de reforma en donde se adiciona el capítulo noveno de la capacitación, artículo 40, y artículo 41 así como sus fracciones l, ll y lll, de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública de Baja California.

Resaltó que la misión de la Defensoría Pública, debe garantizar el derecho humano de acceso a la justicia a los sectores sociales que así lo requieran; priorizando la atención a las personas de escasos recursos, y en situación de vulnerabilidad, a través de los servicios jurídicos de asesorías y defensa adecuada, realizando sus funciones con sensibilidad humana, ética y compromiso con la sociedad.

Lo anterior, a fin de consolidar el sistema de justicia, la democracia, y el ejercicio pleno de la libertad, en un ambiente de equidad y respeto absoluto a los derechos humanos, añadió.

Así mismo, mencionó que uno de los elementos fundamentales para la eficiente prestación de los servicios que otorga una Defensoría Pública, está representado por cursos de capacitación constante al personal, fortaleciendo así sus aptitudes a través de programas, periódicamente permanentes que deben incluir una variedad de temas selectos en las materias de relevancia jurídica.

Esto con el objetivo de que el personal de la defensoría pública, conserve y adquiera los conocimientos y habilidades necesarias, para llevar a cabo una adecuada función añadió la legisladora Montse Murillo.

Tales cursos de capacitación -subrayó- se deberán establecer bajo directrices claras y homogéneas, en la inducción y formación en defensa y asesoría jurídica; así como en otros ámbitos de la administración pública, que fortalezcan las competencias del personal en la prestación de sus servicios.

Puntualizó que la capacitación de los defensores es un elemento central de una defensoría pública de calidad, en razón del cambio dinámico al que están sometidos de manera permanente, el ordenamiento jurídico y las instituciones de la justicia; y solamente así, puede mantenerse el nivel que requiere una defensa profesional adecuada.

• Que los prestadores de servicios turísticos cuenten con un protocolo que proteja a las y los menores de la trata de personas y tráfico sexual.

Mexicali, Baja California.- Con el objetivo de que la industria hotelera y el de las aplicaciones que ofrecen habitaciones en viviendas para uso vacacional, se sumen a lucha contra el tráfico de personas y que no se conviertan en focos de riesgo para niñas, niños y adolescentes, relacionado al tráfico sexual infantil, la diputada Araceli Geraldo Núñez, presentó iniciativa mediante la cual se adicionan diversos capítulos al Código Penal para el estado de Baja California.

En la propuesta, que fue turnada a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, la legisladora considera que es necesario que en el Código Penal estén ampliamente tipificados los delitos que impactan los derechos de niñas, niños y adolescentes para protegerlos de los delitos sexuales, mejorando los mecanismos de prevención, pero también de investigación y sanción a las personas que los cometan.

Externó que México es uno de los países que encabezan las modalidades asociadas a la trata de personas, principalmente la explotación sexual infantil y corrupción de menores, cabe recordar que en 2018, ocupó el primer lugar a nivel mundial en consumo de pornografía infantil, así como el segundo lugar en producción y distribución mundial en América Latina de este material, por su parte la CNDH estima que el número de personas víctimas puede alcanzar entre 50 mil y 500 mil, datos que son sumamente alarmantes.

Otro punto importante -dijo-, es reconocer que en el negocio del turismo se ha detectado que en ocasiones se propician estos delitos, máxime en hoteles, moteles, establecimientos de renta por plataformas de internet como Airbnb, que si bien es cierto las personas prestadoras de estos servicios turísticos no son responsables de las conductas de los clientes, sí pueden incidir para evitar dichos ilícitos, por lo que la diputada Araceli Geraldo subrayó la importancia de insistir en el tema de la protección de los menores para reducir de manera integral y eventualmente eliminar la trata infantil, sobre todo en zonas turísticas, como son las ciudades de Tijuana, Rosarito y Ensenada en el estado.

“Debe de actuarse de manera rápida y sólida a través de los tres órdenes de gobierno, entre las acciones que pueden realizarse son la coordinación interinstitucional, a través de la Secretaría de Turismo del Estado, con las cadenas hoteleras y empresas de hospedaje, para buscar un código de conducta, acciones, intervenciones, entre otros, a efecto de aminorar la incidencia delictiva de esta índole, por lo que consideramos que los prestadores de servicios turísticos, deben de estar obligados a poner en marcha un protocolo de acción que proteja a las y los menores”, finalizó.