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• Hasta el 2028, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial.
• El documento fue presentado por el Diputado Juan Manuel Molina

Mexicali, Baja California.- El Pleno del Congreso de Baja California en sesión ordinaria aprobó con 20 votos a favor 4 en contra y una abstenciones, el dictamen número 39 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, que preside el Diputado Juan Manuel Molina García, el cual modifica el artículo Quinto Transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional.

En el uso de la voz Molina García, presidente de la Comisión Legislativa mencionó que las modificaciones específicas que propone la Minuta, son ampliar a nueve años la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública, conforme a los términos planteados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En el mismo sentido, el dictamen especifica que, en ningún caso, se tendrá por objeto sustituir a las autoridades civiles de otros órdenes de gobierno, en el cumplimiento de sus competencias o eximir a dichas autoridades de sus responsabilidades, precisó.

Con el documento avalado se determina la permanencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, a fin de establecer mecanismos de control Parlamentario, fortalecer la rendición de cuentas y supervisar los temas en esta materia que realicen las fuerzas armadas.

Asimismo, el Titular del Poder Ejecutivo Federal podrá disponer de la Guardia Nacional, en temas de seguridad conforme a los parámetros establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y complementar las tareas de la seguridad pública.
Molina García, expuso que el tema de la participación del ejército en la colaboración con actividades de seguridad ciudadana, no es un tema reciente, señaló que los delincuentes son los que impugnan cuando en sus detenciones participan elementos del ejército, los ciudadanos piden su presencia porque les genera tranquilidad, finalizó.

Durante su discusión, a favor del dictamen se pronunciaron los Diputados Juan Manuel Molina García (MORENA), Sergio Moctezuma Martínez (MORENA), Marco Antonio Blásquez Salinas (PT) y Román Cota Muñoz (PRI).

Y en contra los Legisladores Alejandrina Corral Quintero (PAN), Diego Echevarría Ibarra (PAN) y Daylín García Ruvalcaba (MC).

La Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, aprobó con 7 votos a favor y 1 en contra el proyecto de dictamen

Mexicali, Baja California.- En Sesión Ordinaria de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, presidida por el diputado Juan Manuel Molina García, fue presentado y aprobado el proyecto de dictamen que reforma el artículo Quinto Transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional.

Las modificaciones específicas que propone la Minuta, son para ampliar a nueve años la entrada en vigor del presente Decreto, y en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública, conforme a los términos planteados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En el mismo sentido, el dictamen especifica que, en ningún caso, se tendrá por objeto sustituir a las autoridades civiles de otros órdenes de gobierno, en el cumplimiento de sus competencias o eximir a dichas autoridades de sus responsabilidades. Es decir, se amplía la permanencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, establece mecanismos de control Parlamentario, fortalece la rendición de cuentas, evalúa y supervisa los temas de seguridad pública que realicen las fuerzas armadas, que el Titular del Poder Ejecutivo Federal podrá disponer de la Guardia Nacional, en temas de seguridad conforme a los parámetros establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y complementar las tareas de la seguridad pública.

El diputado morenista, Juan Manuel Molina García, explicó que “el tema de la participación del ejército en la colaboración con actividades de seguridad ciudadana, no es un tema que se esté empezando a revisar, además los delincuentes son los que impugnan cuando en sus detenciones participan elementos del ejército, los ciudadanos piden su presencia porque les genera tranquilidad”.

Por su parte la diputada Rocío Adame Muñoz, indicó que “lo que se pretende es que exista una certeza jurídica y también avanzar en el tema de derechos humanos, para apoyar a los gobiernos en el reforzamiento necesario en la materia, y se dé respuesta a las necesidades actuales de seguridad, lo que permitirá dar tiempo a que cada municipio y cada estado tenga a sus instituciones de seguridad pública, reforzadas y capacitadas, por lo que es nuestra responsabilidad avanzar y trabajar desde la base de éstas, pero sin dejar desprotegidos a los ciudadanos”.

El Lic. Fernando Velardez Nuñez, Director de Procesos Legislativos del Gobierno del Estado, indicó que “desde la perspectiva del Poder Ejecutivo y desde el inicio de la gestión de la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, el Poder Legislativo es partícipe de la estrategia que se ha ejercido en materia de seguridad ciudadana, el primer acto de gobierno de la mandataria fue fortalecer la seguridad en diferentes vertientes, por lo que esta propuesta es para prolongar una herramienta y equilibra a los tres poderes de la federación”.

Durante su discusión, a favor de la minuta se pronunciaron los diputados Sergio Moctezuma Martínez López y Manuel Guerrero Luna, así como la diputada Evelyn Sánchez Sánchez, quienes coincidieron en que la Guardia Nacional viene a reforzar el tema de la seguridad en los municipios y que los ciudadanos han expresado que se sienten más seguros con su llegada a las comunidades. En contra, fijó su posicionamiento la diputada por Movimiento Ciudadano, Daylín García Ruvalcaba.

En la sesión estuvieron presentes las diputadas Alejandra Ang Hernández, Julia Andrea González Quiroz, Michel Sánchez Allende, Evelyn Sánchez Sánchez y Daylín García Ruvalcaba, así como los diputados Juan Manuel Molina García, Sergio Moctezuma Martínez López y Manuel Guerrero Luna, como integrantes de la Comisión. De igual manera se contó con la presencia de la diputada Rocío Adame Muñoz, Presidenta de la Junta de Coordinación Política, y del Lic. Francisco Tenorio Andújar, Director de Consultoría Legislativa, del Congreso del Estado, y por parte del Poder Ejecutivo, el Lic. Fernando Velardez Núñez.

• Plantea establecer un nuevo medio de impugnación que salvaguarde los derechos político electorales de los ciudadanos

Mexicali Baja California.- El Diputado Juan Manuel Molina García, presentó iniciativa de reforma a la Ley Electoral del Estado de Baja California, con la finalidad de establecer un nuevo medio de impugnación en materia electoral por el cual, cualquier ciudadano pueda someter a la decisión del Tribunal de Justicia Electoral, situaciones que le afecten, teniendo así acceso a la justicia electoral.

En su exposición de motivos, el legislador Molina García mencionó que la ciudadanía busca incansablemente alternativas que permitan en cada momento un mejor desarrollo humano, social y político, y a la vez que tengan un sentido de transformación en la vida pública de la Entidad.

Por ello, se busca que se legislen normas que regulen, precisen y determinen los requisitos de procedencia de un medio de impugnación, apto para controvertir los actos o resoluciones de los órganos y autoridades electorales, que violen los derechos políticos electorales del ciudadano, precisó.

Dijo que la propuesta pretende velar que en todo momento el derecho a votar y ser votado, estableciendo un medio de impugnación que salvaguarde los derechos político electorales del ciudadano en el Estado.

Explicó que los Derechos Políticos Electorales del ciudadano son: votar en las elecciones populares; ser votado para todos los cargos de elección popular; casociación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos, afiliación libre e individual a los partidos políticos e integrar autoridades electorales en las entidades federativas.

Expuso que resultará procedente impugnar los actos y resoluciones por quien, teniendo interés jurídico, considere que indebidamente se afecta su derecho por parte de los órganos y autoridades electorales en el Estado.

Molina García detalló que, en materia de juicio, este podrá ser promovido por los ciudadanos cuando habiendo cumplido con los requisitos y trámites correspondientes, no hubiere obtenido oportunamente el documento que exija la ley electoral respectiva para ejercer el voto.

También cuando considere haber sido indebidamente excluido de la lista nominal de electores de la sección correspondiente a su domicilio.

Además, cuando se violente su derecho político-electoral de ser votado, habiendo sido propuesto por un partido político, le sea negado indebidamente su registro como candidato a un cargo de elección popular.

El juicio sólo será procedente cuando el actor haya agotado todas las instancias previas y realizado las gestiones necesarias para estar en condiciones de ejercer el derecho político–electoral presuntamente violado, en la forma y en los plazos que las leyes respectivas establezcan para tal efecto, indicó.

La presente iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales para su respectivo análisis y posterior dictaminación.

• Dictaminan como no aprobatorias las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2020 a COTUCO, Ayuntamiento de Tijuana, ISESALUD, INDE y CESPT

Mexicali, Baja California.- La Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Poder Legislativo del Estado de Baja California, realizó su Décima Tercera Sesión Ordinaria, donde se realizó el análisis del informe individual de la Auditoría Superior del Estado, para su discusión y en su caso aprobación, de los proyectos de dictamen de las cuentas públicas de once entes fiscalizados, correspondientes al ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.

En la sesión ordinaria, se pusieron a consideración de los integrantes de la citada comisión fiscalizadora, el análisis de los informes individuales realizados por la Auditoría Superior del Estado, a las cuentas públicas del Comité de Turismo y Convenciones de Mexicali (COTUCO), el H. Ayuntamiento de Tijuana, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California (SESEA), el Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California (ISESALUD), Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California (INDE), la Universidad Politécnica de Baja California, el Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Baja California (FOFAEBC), el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEE), del Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado de Baja California, el Instituto Municipal de Planeación para el Municipio de Playas de Rosarito (IMPLAN) y la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate.

Las cuentas públicas que se dictaminaron como no aprobatorias, corresponden al Comité de Turismo y Convenciones de Mexicali (COTUCO), el H. Ayuntamiento de Tijuana, el Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California (ISESALUD), Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California (INDE) y la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate.

Asimismo, se dictaminaron como aprobatorias las cuentas públicas de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California (SESEA), la Universidad Politécnica de Baja California, el Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Baja California (FOFAEBC), el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEE), del Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado de Baja California y el Instituto Municipal de Planeación para el Municipio de Playas de Rosarito (IMPLAN)

En el turno de asuntos generales, la diputada Michel Sánchez Allende, planteó una propuesta para que se realice una mesa de trabajo y se solicite a la Secretaría de Hacienda, realice una presentación de las consideraciones federales para la incorporación de la perspectiva de género en los programas presupuestarios del Poder Ejecutivo, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial en el mes de julio del presente año, sin embargo, explicó que aún se deben construir y armonizar los criterios para su evaluación. Por su parte, la diputada presidenta de la comisión fiscalizadora, Alejandra Ang Hernández, respaldó la propuesta y fue sometida a votación de las y los diputados integrantes, misma que fue aprobada por unanimidad, quedando pendiente informar la fecha en la que se llevará a cabo dicha reunión.

Participaron en esta sesión las diputadas Alejandra María Ang Hernández, María del Rocío Adame Muñoz, Liliana Michel Sánchez Allende y Julia Andrea González Quiroz, así como el diputado Julio César Vázquez, integrantes de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público.

• Baja California ocupa el primer lugar en obesidad infantil
• Necesario promover estrategias con los tres órdenes de gobierno, el sector social y privado, para incentivar la activación física para mejorar la salud pública

Mexicali, Baja California.- El diputado Miguel Peña Chávez, hizo entrega de iniciativa de reforma a la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Baja California, ante Oficialía de Partes del Congreso, la cual tiene como propósito el promover y fomentar la activación física y deportiva de las niñas, niños y adolescentes, así como generar estrategias conjuntas entre los tres órdenes de gobierno, el sector social y privado, para la disminución y prevención de la obesidad y enfermedades que de esta se deriven.

En su exposición de motivos el legislador comentó que de acuerdo a datos presentados por la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (2018), cuantificando el porcentaje de la población de 12 a19 años con obesidad, por entidad federativa, el fenómeno se ha comportado de la siguiente manera:
1.- La media nacional de población de 12 a10 años de edad con obesidad, de los Estados Unidos Mexicanos es de 14.60%
2.- Baja California tiene un 18.30%, que es mayor a la media nacional de la población de 12 a 19 años de edad con obesidad.

La obesidad y el sobrepeso, al ser un problema público que responde a múltiples factores, implica ser tratado con un enfoque integral, lo que significa sumar esfuerzos de los tres órdenes de gobierno, así como del sector social y privado, que tienen la responsabilidad e interés de velar por el bienestar de nuestros niños y jóvenes en el estado, es necesario que otros actores gubernamentales colaboren ante esta problemática, en aras de unir esfuerzos para incrementar de manera contundente las acciones encaminadas a promover y fomentar la activación física, para así poder contrarrestar la epidemia del sobrepeso y obesidad en la población infantil y adolescente de Baja California.

“Samy” Peña también señaló que esta situación, aparte de reducir drásticamente la esperanza de vida, entre quienes desarrollan a raíz de la obesidad un padecimiento crónico-degenerativo, merma la calidad de vida del ciudadano, e incrementa sustancialmente los costos de salud pública del Estado.