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Tecate, Baja California.- Con el objetivo de fortalecer la cadena de proveeduría para la industria local, la Comisión de Promoción Económica de Tecate participó en el encuentro industrial líder en Baja California, Baja Mak, así lo dio a conocer Ivan Villanueva Santillán Director del organismo.

La Expo Industrial en su edición número 16 realizada en el Baja California Center, en Playas de Rosarito, contó con la participación de poco más de 130 empresas nacionales, internacionales así como prospectos de inversión, lo que permite la posibilidad de que proveedores locales amplíen su mercado a través de alianzas estratégicas que los posicionen brindando la certeza de servicios de excelencia.

Villanueva Santillán destacó el posible incremento de socios del organismo, ya que durante este evento además de dar seguimiento a prospectos ya establecidos, se le brindó información a empresarios de Mexicali y Tijuana quienes buscan respaldo para ofertar sus servicios a proveedores locales, por lo que mostraron interés por sumarse a la membresía del organismo promotor de inversión.

En la Baja Mak se contó con la participación de reconocidas empresas locales asociadas a Copretec como los son Fusión a cargo de Adalberto Ramírez así como la agencia aduanal Romero Galaviz, liderada por Jacinto Romero.

• Aprueban iniciativa para adicionar la categoría “fortalecimiento a la diversidad sexual y de género” dentro del Premio Estatal de la Juventud

Mexicali, Baja California.- En Sesión Ordinaria, el Pleno del Congreso del Estado de Baja California, aprobó por mayoría de votos, el dictamen número 6 de la Comisión de Igualdad de Género y Juventudes, que preside la diputada Michel Sánchez Allende, correspondiente a la iniciativa de reforma al artículo 100 de la Ley de la Juventud del Estado de Baja California, presentada por el Diputado Julio César Vázquez Castillo, para adicionar la categoría “fortalecimiento a la diversidad sexual y de género” dentro del Premio Estatal de la Juventud.

La iniciativa establece la importancia de visibilizar y reconocer las acciones y trabajos que realizan las y los jóvenes a favor de los derechos humanos de la comunidad LGBTTTIQ+, considerando que el derecho a la igualdad y a la no discriminación son principios básicos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en ordenamientos internacionales como la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y en las leyes para Prevenir y Eliminar la Discriminación, tanto federal como local.

De igual forma, la Constitución Federal obliga a todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos bajo el principio de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, como consecuencia de ello el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.

En el dictamen, la Comisión establece que Conforme a la Encuesta Nacional de Cultura Cívica 2020 (ENCUCI) de INEGI, se muestra la discriminación en un 20.2% por su orientación sexual, entre ellos, el 23%3% manifestaron que se les negó injustificadamente algún derecho, como la atención médica o apoyos sociales.
Así, es claro advertir que la acción legislativa que propone el legislador, es tendiente a disminuir la discriminación en el Estado, promover la inclusión y progresividad de los derechos humanos de la población, en condiciones de igualdad, lo cual resulta plenamente armónico con el contenido del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Hasta el 2028, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial.
• El documento fue presentado por el Diputado Juan Manuel Molina

Mexicali, Baja California.- El Pleno del Congreso de Baja California en sesión ordinaria aprobó con 20 votos a favor 4 en contra y una abstenciones, el dictamen número 39 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, que preside el Diputado Juan Manuel Molina García, el cual modifica el artículo Quinto Transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional.

En el uso de la voz Molina García, presidente de la Comisión Legislativa mencionó que las modificaciones específicas que propone la Minuta, son ampliar a nueve años la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública, conforme a los términos planteados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En el mismo sentido, el dictamen especifica que, en ningún caso, se tendrá por objeto sustituir a las autoridades civiles de otros órdenes de gobierno, en el cumplimiento de sus competencias o eximir a dichas autoridades de sus responsabilidades, precisó.

Con el documento avalado se determina la permanencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, a fin de establecer mecanismos de control Parlamentario, fortalecer la rendición de cuentas y supervisar los temas en esta materia que realicen las fuerzas armadas.

Asimismo, el Titular del Poder Ejecutivo Federal podrá disponer de la Guardia Nacional, en temas de seguridad conforme a los parámetros establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y complementar las tareas de la seguridad pública.
Molina García, expuso que el tema de la participación del ejército en la colaboración con actividades de seguridad ciudadana, no es un tema reciente, señaló que los delincuentes son los que impugnan cuando en sus detenciones participan elementos del ejército, los ciudadanos piden su presencia porque les genera tranquilidad, finalizó.

Durante su discusión, a favor del dictamen se pronunciaron los Diputados Juan Manuel Molina García (MORENA), Sergio Moctezuma Martínez (MORENA), Marco Antonio Blásquez Salinas (PT) y Román Cota Muñoz (PRI).

Y en contra los Legisladores Alejandrina Corral Quintero (PAN), Diego Echevarría Ibarra (PAN) y Daylín García Ruvalcaba (MC).

La Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, aprobó con 7 votos a favor y 1 en contra el proyecto de dictamen

Mexicali, Baja California.- En Sesión Ordinaria de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, presidida por el diputado Juan Manuel Molina García, fue presentado y aprobado el proyecto de dictamen que reforma el artículo Quinto Transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional.

Las modificaciones específicas que propone la Minuta, son para ampliar a nueve años la entrada en vigor del presente Decreto, y en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública, conforme a los términos planteados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En el mismo sentido, el dictamen especifica que, en ningún caso, se tendrá por objeto sustituir a las autoridades civiles de otros órdenes de gobierno, en el cumplimiento de sus competencias o eximir a dichas autoridades de sus responsabilidades. Es decir, se amplía la permanencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, establece mecanismos de control Parlamentario, fortalece la rendición de cuentas, evalúa y supervisa los temas de seguridad pública que realicen las fuerzas armadas, que el Titular del Poder Ejecutivo Federal podrá disponer de la Guardia Nacional, en temas de seguridad conforme a los parámetros establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y complementar las tareas de la seguridad pública.

El diputado morenista, Juan Manuel Molina García, explicó que “el tema de la participación del ejército en la colaboración con actividades de seguridad ciudadana, no es un tema que se esté empezando a revisar, además los delincuentes son los que impugnan cuando en sus detenciones participan elementos del ejército, los ciudadanos piden su presencia porque les genera tranquilidad”.

Por su parte la diputada Rocío Adame Muñoz, indicó que “lo que se pretende es que exista una certeza jurídica y también avanzar en el tema de derechos humanos, para apoyar a los gobiernos en el reforzamiento necesario en la materia, y se dé respuesta a las necesidades actuales de seguridad, lo que permitirá dar tiempo a que cada municipio y cada estado tenga a sus instituciones de seguridad pública, reforzadas y capacitadas, por lo que es nuestra responsabilidad avanzar y trabajar desde la base de éstas, pero sin dejar desprotegidos a los ciudadanos”.

El Lic. Fernando Velardez Nuñez, Director de Procesos Legislativos del Gobierno del Estado, indicó que “desde la perspectiva del Poder Ejecutivo y desde el inicio de la gestión de la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, el Poder Legislativo es partícipe de la estrategia que se ha ejercido en materia de seguridad ciudadana, el primer acto de gobierno de la mandataria fue fortalecer la seguridad en diferentes vertientes, por lo que esta propuesta es para prolongar una herramienta y equilibra a los tres poderes de la federación”.

Durante su discusión, a favor de la minuta se pronunciaron los diputados Sergio Moctezuma Martínez López y Manuel Guerrero Luna, así como la diputada Evelyn Sánchez Sánchez, quienes coincidieron en que la Guardia Nacional viene a reforzar el tema de la seguridad en los municipios y que los ciudadanos han expresado que se sienten más seguros con su llegada a las comunidades. En contra, fijó su posicionamiento la diputada por Movimiento Ciudadano, Daylín García Ruvalcaba.

En la sesión estuvieron presentes las diputadas Alejandra Ang Hernández, Julia Andrea González Quiroz, Michel Sánchez Allende, Evelyn Sánchez Sánchez y Daylín García Ruvalcaba, así como los diputados Juan Manuel Molina García, Sergio Moctezuma Martínez López y Manuel Guerrero Luna, como integrantes de la Comisión. De igual manera se contó con la presencia de la diputada Rocío Adame Muñoz, Presidenta de la Junta de Coordinación Política, y del Lic. Francisco Tenorio Andújar, Director de Consultoría Legislativa, del Congreso del Estado, y por parte del Poder Ejecutivo, el Lic. Fernando Velardez Núñez.

• Plantea establecer un nuevo medio de impugnación que salvaguarde los derechos político electorales de los ciudadanos

Mexicali Baja California.- El Diputado Juan Manuel Molina García, presentó iniciativa de reforma a la Ley Electoral del Estado de Baja California, con la finalidad de establecer un nuevo medio de impugnación en materia electoral por el cual, cualquier ciudadano pueda someter a la decisión del Tribunal de Justicia Electoral, situaciones que le afecten, teniendo así acceso a la justicia electoral.

En su exposición de motivos, el legislador Molina García mencionó que la ciudadanía busca incansablemente alternativas que permitan en cada momento un mejor desarrollo humano, social y político, y a la vez que tengan un sentido de transformación en la vida pública de la Entidad.

Por ello, se busca que se legislen normas que regulen, precisen y determinen los requisitos de procedencia de un medio de impugnación, apto para controvertir los actos o resoluciones de los órganos y autoridades electorales, que violen los derechos políticos electorales del ciudadano, precisó.

Dijo que la propuesta pretende velar que en todo momento el derecho a votar y ser votado, estableciendo un medio de impugnación que salvaguarde los derechos político electorales del ciudadano en el Estado.

Explicó que los Derechos Políticos Electorales del ciudadano son: votar en las elecciones populares; ser votado para todos los cargos de elección popular; casociación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos, afiliación libre e individual a los partidos políticos e integrar autoridades electorales en las entidades federativas.

Expuso que resultará procedente impugnar los actos y resoluciones por quien, teniendo interés jurídico, considere que indebidamente se afecta su derecho por parte de los órganos y autoridades electorales en el Estado.

Molina García detalló que, en materia de juicio, este podrá ser promovido por los ciudadanos cuando habiendo cumplido con los requisitos y trámites correspondientes, no hubiere obtenido oportunamente el documento que exija la ley electoral respectiva para ejercer el voto.

También cuando considere haber sido indebidamente excluido de la lista nominal de electores de la sección correspondiente a su domicilio.

Además, cuando se violente su derecho político-electoral de ser votado, habiendo sido propuesto por un partido político, le sea negado indebidamente su registro como candidato a un cargo de elección popular.

El juicio sólo será procedente cuando el actor haya agotado todas las instancias previas y realizado las gestiones necesarias para estar en condiciones de ejercer el derecho político–electoral presuntamente violado, en la forma y en los plazos que las leyes respectivas establezcan para tal efecto, indicó.

La presente iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales para su respectivo análisis y posterior dictaminación.