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● Contempla insertar la modalidad de Violencia Vicaria

Mexicali, Baja California.- El legislador local Miguel Peña Chávez, entregó iniciativa de reforma que tiene como objeto el aumentar la pena para quienes cometan el delito de violencia familiar, proponiendo una pena mínima de tres años, mientras que como máxima quedaría en siete años, estableciéndose en el artículo 242 BIS del Código Penal del Estado.

La violencia familiar es una realidad en nuestro país, la cual desafortunadamente; empeoró aún más por la pandemia del virus Covid-19, el encierro, incertidumbre, el estrés y la presión por la situación económica, la educación a distancia de manera improvisada, entre otros factores, ocasionaron situaciones difíciles en los miembros de la familia en distintos contextos.

Derivado de lo anterior, “es necesario revisar el marco legal que protege a los integrantes de las familias de la violencia que se desata por otro miembro del núcleo familiar, por ejemplo; la restricción total o parcial de la libertad, y variadas consecuencias en la salud física y psicológica de mujeres, adultos, niñas, niños, jóvenes, adultos mayores o personas con discapacidad”, mencionó Miguel Peña.

El diputado también agregó que el propósito de esta iniciativa es no dejar lagunas jurídicas que beneficien a los delincuentes, y que dificulten sancionar este delito, incrementar las sanciones correspondientes y establecer que el delito se persiga de oficio, igual que su equiparable, y con ello, que la violencia familiar no escale a la violencia extrema o por razones de género, que pudiera constituir un feminicidio.

En comparación con otros estados, Baja California se encuentra por debajo de la media nacional en cuanto al mínimo de años de prisión ya que la mayoría de los estados parte de un año, así mismo con lo que respecta a la pena máxima, cabe resaltar que en otras entidades federativas la modificación a la pena surgió como una media de control ante el aumento de casos de violencia familiar.

Dicha iniciativa de reforma también contempla adicionar dentro del mismo artículo, la modalidad de “Violencia Vicaria” la cual se traduce como aquella manifestación de violencia por parte de quien mantiene o mantuvo una relación afectiva de pareja con la víctima, que por sí o por otra persona, utiliza a los seres queridos de la víctima, especialmente a las hijas y los hijos como instrumento para causarle daño.

Asimismo, Miguel Peña expuso que la pena debe ser un factor de inhibición psicológica para que los ciudadanos no se decidan a cometer un hecho delictivo, por ello en el caso que nos ocupa, la única manera de dar cierta fuerza intimidatoria a la pena sería hacerla legislativamente sólida para que se logre un efecto positivo.

Con base al razonamiento anterior, “el agresor deberá tener en cuenta que la pena que castiga el delito de violencia familiar se encontraría fuera de los alcances de una suspensión condicional del proceso, causando un efecto preventivo en este tipo de delito, lo que estadísticamente sería benéfico para el estado”, concluyó.

Mismo que corresponde al periodo del 1 de enero del 2020 al 31 de diciembre del 2019.

Mexicali, Baja California.- En Sesión de Clausura del Pleno del Congreso, las y los diputados integrantes de la XXIV Legislatura Constitucional de Baja California, analizaron y discutieron para su votación, el dictamen número 6 de la Comisión del Gasto Público, relacionado al informe de la cuenta pública de anual de la Universidad Autónoma del Estado de Baja California (UABC), correspondiente al período del 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019.
El dictamen fue aprobado con 19 votos a favor, 0 votos en contra y 1 abstención, en los mismos términos resueltos por los integrantes de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, órgano que preside la diputada Alejandra María Ang Hernández; resolución que fue dictaminada en sentido no viable en septiembre de 2021.

Como antecedente, se informa que, con fecha 05 de mayo de 2020 el Congreso del Estado recibió formalmente la Cuenta Pública Anual de la Universidad Autónoma del Estado de Baja California, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 19 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios.

La Entidad presenta, al cierre del ejercicio 2019, ingresos por Subsidios y Subvenciones por la cantidad total de $ 2,457,411,452, observándose diversas situaciones, incumplimientos y recomendaciones pendientes de solventar. Posteriormente, en el seno de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Congreso del Estado, en fecha 14 de septiembre de 2021, se realizó un análisis pormenorizado, así como las discusiones técnicas del contenido del Informe Individual emitido por la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Baja California, documento base para la elaboración del presente dictamen de cuenta pública.

Lo anterior de conformidad al artículo 56 Fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, la Comisión de Fiscalización del Gasto Público es una Comisión de Dictamen Legislativo del Congreso del Estado y le corresponde, entre otros asuntos, el conocimiento, estudio y dictamen de los Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública Anual, determinados en los Informes Individuales de cada una de las auditorías practicadas a las Entidades Fiscalizadas por la Auditoría Superior.

• El Acuerdo No 2 de la CHyP se refiere al desahogo de las Iniciativas de Leyes de Ingresos y a la presentación de proyectos de Presupuestos de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023

Mexicali, Baja California.- Presentó la Diputada Julia Andrea González Quiroz ante el Pleno, un punto de acuerdo mediante el cual se modifica el Acuerdo N. 2, de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo al Calendario de Comparecencias para presentar las Leyes de Ingresos y Presupuestos de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023, aprobado en el Pleno el 10 de noviembre del año en curso.

El acuerdo presentado este miércoles por la legisladora que preside la citada Comisión Legislativa, fue aprobado por mayoría con dispensa de trámite, en la sesión de clausura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo año de ejercicio Constitucional.

Señaló en su exposición de motivos que, conforme al artículo 34 y 12 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público, se recibieron en tiempo y forma las Leyes de Ingresos Municipales, así como las Tablas de Valores Catastrales, mismas que se encuentran en periodo de análisis, pues la mayoría de los municipios del Estado están haciendo llegar diversas Adendas al contenido de sus proyectos de Ley, en base a las peticiones hechas por las y los Diputados y/o por observaciones hechas por la Auditoría Superior.

Así mismo, dijo que se espera recibir, por conducto de la Secretaría de Hacienda, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado para su revisión y aprobación, en su caso, y los Presupuestos de Egresos aprobados por el Ejecutivo del Estado a las Entidades Paraestatales, así como los proyectos de Presupuesto de Egresos del Poder Judicial y los Organismos Autónomos, a más tardar el 01 de diciembre del presente año.

Por ello, y con la intención de asegurar el debido análisis del contenido de los proyectos, de Ley de Ingresos o Egresos en su caso, indicó la legisladora que se proponen ajustes en las fechas de comparecencias de los Organismos Autónomos y el Gobierno del Estado, tomando en consideración que están en espera de los proyectos materia del presente calendario que se propone modificar.

En razón de lo anterior, solicitó a esta Asamblea, con dispensa de trámite el presente acuerdo, para que cite a comparecer a las y los Titulares de la Secretaría de Hacienda, Comisiones Estatales de Servicios Públicos del Estado, Tribunal Superior de Justicia del Estado, Tribunal de Justicia Electoral, Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Instituto Estatal Electoral, Universidad Autónoma de Baja California y de la Fiscalía General del Estado, a fin de desahogar el análisis de la Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado y los Proyectos de Egresos para el Ejercicio fiscal 2023, en sesiones de trabajo ampliadas que serán conducidas por la CHyP, conforme al siguiente calendario:

• Coordinado y gestionado por el Poder Ejecutivo Federal, Guardia Nacional, Gobernadora del Estado y la Secretaría de Seguridad Ciudadana

Mexicali, Baja California.- En Sesión del Pleno del Congreso del Estado, la diputada Santa Alejandrina Corral Quintero, presentó en tribuna un punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, de la Guardia Nacional, a la Gobernadora del Estado y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a coordinarse y gestionar el restablecimiento del destacamento en el poblado de la Rumorosa del municipio de Tecate.

Cabe destacar que la proposición de la diputada Alejandrina Corral, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, fue aprobada por unanimidad de las y los legisladores presentes, para implementar con urgencia, medidas en las que las fuerzas de seguridad pública federales se coordinen con las locales, para fortalecer la seguridad.

En su exposición de motivos, la diputada inicialista externó que, Fernando Rodríguez Ocampo, de 28 años de edad, fue encontrado sin vida luego de ser atacado a balazos y posteriormente secuestrado por un comando armado mientras se tomaba fotos junto con sus amigos en la recién inaugurada calle Jaime Maussan Flota, en el Poblado de la Rumorosa, luego de que fuera declarada capital mundial del fenómeno ovni, mientras que otro de sus compañeros (que por cierto es colaborador mío) fue herido de bala y dejado a su suerte junto con su acompañante.

Indicó también que otro siniestro, de similares consecuencias, fue registrado por el semanario Zeta, en el que informa que 10 personas fueron privadas de su vida, 5 de ellas en menos de 24 horas, en el poblado de San Pablo, nuevamente en el municipio de Tecate. “El pasado 6 de noviembre, el alcalde Darío Benítez, culpó a las autoridades federales y estatales de no apoyar al municipio en tareas de seguridad, mientras que el General de División Diplomado Estado Mayor Gilberto Landeros Briseño, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado, le replica “que haga su trabajo y nos deje hacer el nuestro” lo cual puede verse la descoordinación que existe entre las fuerzas públicas”

La legisladora resaltó que, no se puede eludir el hecho de que, tanto las autoridades federales, Guardia Nacional y Poder Ejecutivo del Estado, deben sumar esfuerzos y coordinarse, en acciones y planes de gobierno para disminuir los índices delictivos en todos los municipios del Estado, “proteger la integridad física de la ciudadanía, que tengamos tranquilidad en las calles al salir a trabajar, a la escuela o por diversión y que todos regresemos salvo y seguros con nuestros seres queridos y no se vuelvan a repetir nunca hechos como el de Fernando Rodríguez Ocampo”.

“Ante ello, y el particular caso del Municipio de Tecate, donde el incremento de hechos delictivos de alto impacto (asesinatos, privaciones de la libertad, tráfico de drogas, etc.) están a la orden del día, y las fuerzas de seguridad municipales están rebasadas ante la casi nula infraestructura y los pocos elementos con lo que cuenta el Ayuntamiento, donde se dice que a la fecha sólo existen 8 patrullas en buen estado”, enfatizó.

A la proposición se sumaron las diputadas Rocío Adame Muñoz, Julia Andrea González Quiroz, Araceli Geraldo Núñez, Amintha Briceño Cinco, Claudia Agatón Muñiz, Monserrat Rodríguez Lorenzo, Dunnia Montserrat Murillo López, así como los diputados Juan Manuel Molina García, Miguel Peña Chávez, Manuel Guerrero Luna, Ramón Vázquez Valadez y Víctor Navarro Gutiérrez, al coincidir en que se debe ponderar la seguridad de la ciudadanía sobre las diferentes Fracciones Parlamentarias, además de que es prioritario exhortar a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que exista una mayor coordinación, más equipamiento,con cero tolerancia a la violencia y velar por la seguridad en la entidad.