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• A fin de potencializar un ejercicio democrático libre de delitos.

Mexicali, Baja California. – El Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) y el Poder Judicial del Estado de Baja California (PJEBC), firmaron un convenio de colaboración a fin de establecer las bases de coordinación entre ambas instituciones en relación a la información que se encuentre dentro de los supuestos establecidos en el artículo 38, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Este artículo establece que los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual, por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual, por violencia política contra las mujeres en razón de género en cualquiera de sus modalidades y tipos, así como por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa.

La información proporcionada deberá versar sobre sentencias firmes, es decir, que se trate de una condena de índole definitiva que no esté pendiente de resolución en ninguna instancia.

Por su parte, el IEEBC se compromete a remitir al PJEBC, el listado de las personas postuladas como personas candidatas a un cargo de elección popular, a efecto de verificar que no se encuentren en los supuestos establecidos.

El documento fue signado por el Consejero Presidente del IEEBC, Luis Alberto Hernández Morales y el Magistrado Presidente del PJEBC, Alejando Isaac Fragozo López.

En el acto estuvieron presentes las consejerías electorales Vera Juárez Figueroa, Abel Alfredo Muñoz Pedraza, Javier Bielma Sánchez y Jorge Alberto Aranda Miranda, así como el Secretario Ejecutivo, Raúl Guzmán Gómez.

Por parte del PJEBC, se contó con la presencia del Magistrado y Consejero Gustavo Medina Contreras, la Magistrada y Consejera, María Dolores Moreno Romero; la Consejera Cecilia Razo Velásquez y el Secretario General, Carlos Flores Domínguez.

• La igualdad entre la mujer y el hombre es un aspecto fundamental para la vida pública en nuestro país y en Baja California
• Además, incorporan el elemento de movilidad a la Comisión de Desarrollo Metropolitano

Mexicali, Baja California.- Con el propósito de aplicar el principio de paridad de género en la designación de las y los titulares de los titulares de los Órganos Técnicos y Unidades Auxiliares del Congreso del Estado, las y los legisladores dieron luz verde al proyecto de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo en sus artículos 40 y 76.

Para motivar su pretensión el diputado inicialista comentó que se han logrado avances significativos en el reconocimiento y protección de los derechos humanos de la mujer en Baja California, sin embargo, es necesario aplicar el principio de participación equitativa de mujeres y hombres en la designación de titulares de Direcciones y Unidades Auxiliares de la Cámara de Diputados.

Con este tipo de acciones esta legislatura reitera una vez más su compromiso inquebrantable con las mujeres, de legislar sin discriminación generando las condiciones necesarias para que todas encuentren en la ley, las garantías para su pleno desarrollo en todos los aspectos de sus vidas.

Modifican denominación de la Comisión de Desarrollo Metropolitano
Durante la misma sesión validaron la propuesta de reforma a los artículos 56 y 60 de la ley citada anteriormente, para incorporar la palabra movilidad a una comisión dictaminadora para quedar: Comisión de Desarrollo Metropolitano, Conurbación, infraestructura, Movilidad, Comunicaciones y Transportes.

En el año 2020, se dio vida en Baja California a la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado, que, entre otras cosas, garantiza el derecho humano de todas las personas a desplazarse de forma segura e igualitaria, por toda la entidad.

Por su parte el Congreso de la Unión, publicó el 17 de mayo de 2022, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, la cual es reglamentaria del artículo 4 y 73 de la Constitución Federal.
Desde esa perspectiva la diputada inicialista estimó que la presencia de una comisión legislativa autorizada se vuelve fundamental para abordar de manera efectiva los asuntos críticos relacionados con la movilidad y la seguridad vial.

• Solicita que realicen las gestiones necesarias y se instruya a las dependencias para dar cumplimiento a la norma constitucional

Mexicali, Baja California.- Con el objetivo de que se homologuen las percepciones de los defensores públicos con las que corresponden a los agentes del ministerio público, se presentó ante el Pleno del Congreso un punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo del estado de Baja California.

En el exhorto a dicha instancia se solicita que se realicen las gestiones necesarias y se instruya a las dependencias a su cargo, para dar cumplimiento a la norma constitucional, y se homologuen los sueldos de los Defensores Públicos con los del Ministerio Público tal y como se prevé en la constitución.

Este punto de acuerdo aprobado por mayoría del Pleno derivó de una propuesta en la que coincidieron las diputadas y diputados que se está violando la norma suprema al no garantizar, como entidad federativa, una percepción de los Defensores Públicos homologada a la del Agente del Ministerio Público.

Cabe resaltar que, desde el 18 de junio de 2008 se estableció mediante reforma al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que “La Federación y las entidades federativas garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a un Agente Titular del Ministerio Público”, sin embargo, en la actualidad reciben sueldos inferiores a los que debieran estar percibiendo.

• Su objeto es fortalecer el marco jurídico de Baja California, a fin de que tengan acceso a la justicia en términos de la Carta Magna, Constitución Local, y gozar de mecanismos diferenciados para su atención