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• Con el objetivo de que la mujer pueda trasladarse de manera libre y segura, así como obtener la protección por parte de las instituciones públicas

Mexicali, Baja California.- La diputada morenista Araceli Geraldo Núñez, continúa impulsando reformas en favor de las mujeres, para que tengan acceso a una vida libre de violencia, sin discriminación, en igualdad de derechos y condiciones en todos los ámbitos, incluyendo la movilidad, el transporte y la seguridad vial, por lo que presentó una iniciativa para reformar diversos artículos de la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte, y del Código Penal para el Estado de Baja California.

Así mismo, en la propuesta se considera que es necesario crear un Registro Estatal de Personas Conductoras y Choferes del Transporte público, administrado por el Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS), en el que conforme un Padrón estatal, tengan que cumplir con ciertos lineamientos, así como procesos de capacitación sobre detección de factores de riesgo de violencia de género, y contar con un 40 por ciento de asientos y espacios exclusivos para mujeres, por unidad de transporte de pasajeros.

En el documento expresa que “es importante involucrar a las instituciones que regulan y vigilan el transporte, como el IMOS, para que socialicen los protocolos especializados, así como implementar rutas de actuación dirigidas a las personas que ofrecen los servicios de transportación, por lo que resulta una responsabilidad legislativa, en conjunto con las instituciones y el Estado, para ofrecer las garantías que protejan a las mujeres en sus traslados, así como crear estrategias y programas para prevenir y alertar, buscando evitar cualquier tipo de acción criminal”.

La iniciativa presentada, mediante la cual se reforma la fracción V y se adiciona la fracción XXVIII, recorriéndose dicha fracción a la XXIX del artículo 153, así como se reforma el artículo 178, fracción I, ambos de la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado de Baja California, y se adiciona la fracción V al artículo 180 TER y se reforma el artículo 181, ambos del Código Penal para el Estado de Baja California, es con el objetivo de que la mujer pueda trasladarse de manera libre y segura, así como obtener la protección por parte de las instituciones públicas, a la integridad física, sexual y psicológica, para las usuarias.

• Cientos de migrantes huyeron de la violencia en su Estado y llegaron a Tijuana en los últimos meses.
• El fenómeno migratorio será de los temas principales para la agenda de todos los Estados a nivel global y México y Baja California no deben quedarse rezagados.

Mexicali, Baja California.- El Diputado Román Cota Muñoz emitió ante el Pleno, un posicionamiento referente a la situación de los connacionales provenientes de Michoacán, desplazados forzadamente hacia nuestro Estado.

Señaló que, en los últimos meses cientos de migrantes huyeron de la violencia en su Estado y llegaron a la ciudad de Tijuana, mencionando varias personas que abandonaron sus comunidades, por razones de amenazas o persecución del crimen organizado, por lo que muchos de ellos buscan el asilo humanitario de Estados Unidos.

Destacó que, una de las regiones con más alto índice de violencia en el país es Michoacán, y se encuentra entre los primeros tres estados con un flujo de inmigrantes cuantificado. Y que, según datos del INEGI, entre los años 2015 y 2020 110 mil 781 personas se fueron a radicar a otra Entidad.

Luego expuso que, para el año 2020 salieron 50 mil 770 personas a vivir en otro país, y 94 de cada 100 se fueron a Estados Unidos de América. Contrastando esto con el flujo a nivel nacional, el cual registró a 802 mil 807 personas, y de ellos 77 de cada 100 se fueron a Estados Unidos de América.

Hizo hincapié en la necesidad de establecer una oficina que atienda a estos ciudadanos que han sido presos de la violencia, huyen de su Estado y buscan asilo humanitario en los Estados Unidos, debido a que muchos no cumplen con los requisitos, la documentación necesaria o una asesoría legal para estos temas.

Además de poder tramitar entre otra documentación personal, denunciar penalmente los crímenes que sufrieron, así como obtener las actas de defunción de sus seres queridos.

El Legislador aseguró que, la falta de módulos de atención, es un grave problema, y no contar con una infraestructura mínima necesaria para abordar y atender a la población proveniente de esta problemática, es algo indispensable en una Entidad como Baja California, la cual está yuxtapuesta al fenómeno de la migración y de manera endémica, no podemos permitir que transcurra más tiempo.

Finalmente puntualizó que, estamos adentrándonos a una etapa de la historia, donde el fenómeno migratorio será uno de los temas principales para la agenda de todos los Estados a nivel global y México y Baja California no se deben quedar rezagados, pues podríamos caer en un escenario desfavorable de crisis migratoria que afectaría otros ámbitos como el social y económico, sin descartar también el político.

• Importante salvaguardar los derechos fundamentales de todas las partes involucradas en los procesos: diputada Araceli Geraldo

Mexicali, Baja California.- El Pleno del Congreso aprobó por unanimidad el dictamen número 41 presentado por la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, respecto a la iniciativa de la diputada morenista Araceli Geraldo Núñez, la cual corresponde a la adición del artículo 126 BIS al Código de Procedimientos Penales, para establecer con claridad las condiciones en que se puede solicitar lo que se conoce como “auxilio judicial”.

La propuesta de reforma fue presentada el 20 de septiembre de 2021, con el propósito de que se establezcan las condiciones por las que un defensor o acusado, puedan acudir ante el Órgano de Control a fin de solicitar lo que se conoce como “auxilio judicial”, ya que en varios artículos se menciona dicha figura, pero no existe un mandato especial para ello.

La legisladora inicialista explicó que, con la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, quedó a cargo del Ministerio Público la carga de la prueba de quien acusa, para acreditar la responsabilidad penal del acusado cuando se comete un delito, todo ello bajo los principios de lealtad, debido proceso, objetividad, entre otros, a fin de que la defensa tenga oportunidad de representar los intereses de su representado, sin embargo sólo se puede solicitar el auxilio del órgano judicial en algunos casos, por lo que no es precisa su aplicación.

Cabe destacar que en la actualidad existen Ministerios Públicos que se niegan a prestar este apoyo y es cuando acuden a la autoridad judicial, generando con ello que se realice una labor compleja en casos que, desde el punto de vista de la diputada Araceli Geraldo, deberían ser más prácticos y de esta manera también se descongestionen los tribunales, que incluso fue uno de los motivos para la implementación de la reforma al sistema penal.

Por lo anterior se plantea que el auxilio judicial se presente a todas las partes de un proceso, a fin de garantizar los derechos fundamentales, por lo que cuando el defensor o imputado requieran alguna información, peritaje, diligencia, entrevista con testigos y todo lo que le sirva para la acreditación de su teoría del caso, deberán acudir ante el Ministerio Público correspondiente, en caso de negativa el Juez de Control deberá resolver las peticiones.

De igual manera se solicitó que una vez aprobado el dictamen por el Pleno de esta H. Legislatura, sea remitido formalmente al Congreso de la Unión, para su análisis, discusión y aprobación en su caso.